La defensa del presidente catalán, Quim Torra, ha pedido su absolución por "falta de imparcialidad" del Tribunal Supremo en la revisión de su condena a 15 meses de inhabilitación por desobedecer a la Junta Electoral Central, que en 2019 le ordenó retirar pancartas con "símbolos partidistas" durante la campaña electoral del mes de abril.

"La Junta Electoral Central no era la autoridad competente para emitir órdenes contra el president de la Generalitat, Quim Torra. No lo era según una sentencia del Tribunal Supremo del 2013". El abogado del dirigente político, Gonzalo Boye, ha arrancado con energía sus argumentos ante el Supremo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJCat).

Boye ha esgrimido que Torra fue condenado por un "acto político", así como las sentencias europeas sobre Arnaldo Otegi, dirigente de Batasuna, respecto al derecho al juez imparcial y los derechos políticos y derechos fundamentales "que están en juego".

"Se trata de privar a mi defendido del derecho pasivo" para inhabilitarlo por un delito de desobediencia, ha destacado Boye. Torra no se presentaba a las elecciones generales y el mensaje que aparecía en la pancarta es algo que el president de la Generalitat ha reivindicado en muchos de sus discursos. "Es un acto político" que estaría enmarcado en la libertad de expresión, ha destacado Boye.

"Crucemos ya la frontera del derecho estatal y entremos en el europeo" ha destacado Boye al alertar de una posible nulidad de la condena de Torra ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

Con el objetivo puesto en este tribunal europeo, Boye ha asegurado incluso de que Torra ha recibido un desproporcionado respecto a otros actos de desbobediencia por ser "minoría nacional". Respecto a la causa, al defensor del president "solo se nos ha ocurrido una en base al artículo 2 del tratado de la Unión Europea, que se trate de una minoría nacional, de otro modo no tiene ninguna explicación en derecho este trato distinto que ha tenido mi defendido".

Una sentencia buena resiste, en opinión de Boye, "el paso del tiempo y el peso de los recursos", lo que no ocurre a su juicio la condena del TSJ de Catalunya que ha pedido su revocación.

La vista de casación ha durado una hora aproximadamente ante un tribunal de cinco magistrados presidido por Andrés Martínez Arrieta. Tras Boye, ha intervenido la letrada de la acusación popular que ejerce Vox y, por último, la Fiscalía.

Condenado por un acto administrativo, no político

La fiscal de Sala Pilar Fernández Valcarce ha resaltado que Torra ha sido condenado por el TSJ de Catalunya por un acto administrativo, no político, en contra de la versión aportada por la defensa del presidente catalán.

Las decisiones sobre Torra de la Junta Electoral Central lo fueron "no por unas manifestaciones politicas sino en el marco de un proceso electoral". "Esto se hace en un proceso electoral" de ámbito nacional que se rige por la Ley Orgánica de Régimen Electoral y que atribuye a esta JEC la competencia para resolver las reclamaciones contrarias a esta norma, como fueron las actuaciones de Quim Torra.

La fiscal ha calificado de "inasumibles" las reiteradas acusaciones de parcialidad realizadas por la defensa de Torra contra los miembros de la JEC, al instructor de la causa y a los magistrados del TSJC. Acusaciones que, para Fernández Valcarce, son "un ejemplo de la adaptación que la parte hace del derecho" que "la estira y la adaptar a su conveniencia, algo legitimo pero inasumible".

Cruzar la línea

La acusación popular de Vox ha descartado que Torra esté siendo discriminado. Marta Castro, la letrada del partido ultra, ha resaltado que "no se está juzgando un acto político, sino la obligación que tenía el señor Torra de mantener su neutralidad" durante la campaña electoral. Castro ha tildado de "aberración" que la defensa del presidente catalán esgrima que se trata de una persecución política: la sanción penal que recibió del TSJ de Catalunya fue por "alterar el principio de neutralidad" que debió de respetar el presidente catalán durante la campaña electoral, el respeto a las leyes y a la Constitución.

No convocará elecciones y acusa al Estado

Al término de la vista, Quim Torra ha realizado unas declaraciones donde ha descartado convocar elecciones anticipadas antes de que el Supremo decida si le inhabilita, y ha advertido de que si esto pasa el único "culpable" de "paralizar" la administración catalana en plena pandemia será el Estado.

"Si el Estado español llega al punto de la irresponsabilidad más absoluta inhabilitándome, solo habrá un culpable: él. No seré yo quien en este momento tan crítico para el país lo aboque a una carrera electoral irresponsable que paralizaría la administración en Catalunya", ha dicho en una declaración institucional en el Centre Cultural Blanquerna, en Madrid.

"Estamos ante una actuación judicial absolutamente desproporcionada y carente de cualquier sentido de justicia", ha deplorado Torra, que ha precisado que el Supremo aún está a tiempo de "corregir" un proceso judicial "aberrante y esperpéntico".

Para Torra, su eventual inhabilitación constituiría "un castigo a todo un país en medio de una pandemia" porque se provocaría la caída del Govern. "¿Sabe alguien si ha pasado algo parecido en una democracia europea? Si esto pasa, la responsabilidad será única y exclusivamente del Estado español, obcecado con su particular venganza contra el anhelo democrático de Catalunya", ha advertido, informa Efe.

"Tengo la impresión -ha añadido- de que una pancarta pidiendo la libertad de los presos políticos y el retorno de los exiliados es mucho más importante para el Estado español que la lucha de un president y su gobierno contra la pandemia y la crisis económica más grande de los últimos años. Ciertamente, cada cual tiene su orden de prioridades. Así es como quieren a una Catalunya que pretenden esclava".

Horas antes, Torra reivindicaba por Twitter la polémica pancarta a favor de los encausados por el "procés" que le puede costar la inhabilitación ya que la mantuvo en edificios oficiales durante las elecciones de abril de 2019 en contra de la orden de retirada dada por la Junta Electoral Central.

"Pues sí, libertad presos políticos y exiliados", decía Torra en un mensaje colgado desde su perfil de Twitter. 

Torra fue condenado a 15 meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos por desobedecer a la Junta Electoral Central en 2019, cuando le conminó a retirar esta pancarta y otros "símbolos partidistas" de los edificios oficiales de la Generalitat durante el periodo electoral.

El presidente de la Generalitat ha acudido al Tribunal Supremo sobre las 11:30 de este jueves, acompañado del vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, y la consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, entre otros.

Quim Torra ha asistido a la vista del Supremo sentado en el primer banco de la Sala, ya que acudía como presidente de la Generalitat de Catalunya y no por su condición de acusado.