El fiscal general del Estado ha impuesto su criterio de agravar, desde el punto de vista de la calificación penal, el caso del chivatazo a ETA registrado en el 'bar Faisán' de Irún en 2006. Un asunto que el Partido Popular, cuyo Gobierno propuso el nombramiento de Eduardo Torres-Dulce, usó para atacar sin miramientos la pasada legislatura a Alfredo Pérez Rubalcaba, ministro del Interior cuando ocurrieron los hechos.

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, ha ordenado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional incluir el delito de colaboración con organización terrorista en el escrito de acusación contra los dos mandos policiales imputados por el chivatazo al aparato de extorsión de la banda terrorista ETA que se produjo en el bar 'Faisán' de Irún (Guipúzcoa) el 4 de mayo de 2006.

En un escrito registrado este viernes, el fiscal pide dos años de cárcel para el exjefe superior de Policía del País Vasco Enrique Pamies y uno y medio para el entonces inspector José María Ballesteros por un delito de revelación de secretos, aunque incluye como alternativa una petición de cinco años de cárcel por colaboración con organización terrorista.

El escrito de la Fiscalía, que está firmado por el fiscal del caso Carlos Bautista, señala que la calificación jurídica alternativa se hace en virtud del inciso primero del párrafo primero del artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que recoge que el 'fiscal general del Estado podrá impartir a sus subordinados las órdenes convenientes al servicio y ejercicio de sus funciones, tanto de carácter general como referidas a asuntos específicos'.

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, defendió en vista pública en su momento que consideraba los hechos como revelación de secretos y no colaboración  con banda armada, pero ha tenido que acatar el criterio de su superior Torres-Dulce. De hecho, desde septiembre de 2011, cuando se celebró la vista en la que se estudió revocar el primer procesamiento de los imputados, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha mantenido que la causa debía ser investigada en un juzgado de Irún porque los hechos investigados eran constitutivos únicamente de un delito de revelación de secretos.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional, dirigida por Javier Zaragoza, advirtió este jueves al fiscal general, Eduardo Torres-Dulce, de que el escrito de acusación pondría en evidencia su orden de acusar alternativamente por un delito de colaboración, puesto que este departamento discrepa de dicho criterio.

Es el segundo golpe de autoridad de Torres-Dulce en los últimos dos meses, tras el proceso que inició para destituir a Martín Rodríguez-Sol como fiscal jefe de Catalunya por unas declaraciones sobre el proceso soberanista catalán. 

En el 'caso Faisán' estuvo imputado el director general de la Policía en el momento de los hechos Víctor García Hidalgo, y se investigaron unas llamadas realizadas el día del 'chivatazo' por Antonio Camacho, entonces secretario de Estado de Seguridad. El PP, a través fundamentalmente de los diputados Ignacio Gil Lázaro e Ignacio Cosidó --ahora sustituto de García Hidalgo en la Policía--, formularon decenas de preguntas orales a Pérez Rubalcaba en el Congreso, y presentaron cientos de ellas por escrito, exigiéndole responsabilidades políticas por el caso.

El relato de hechos realizado este viernes por el fiscal refleja que Pamies tuvo conocimiento de la operación desarrollada contra el aparato de extorsión de ETA durante la tarde anterior al dispositivo y 'decidió obstaculizarlo' para, al menos, 'impedir la detención' del dirigente del PNV Gorka Aguirre, sin prejuicio de otros fines no debidamente acreditados hasta la fecha'.

Aguirre, según consta en la investigación, se había reunido el 3 de mayo de 2006 en una sidrería de Oiartzun (Guipúzcoa) con el dueño del 'Faisán', Joseba Elosua, y el presunto miembro de la red Ramón Sagarzazu para mediar en un supuesto pago de nueve millones de pesetas (54.000 euros), que identificaron durante su encuentro como 'nueve botellas de vino'.

Para llevar a cabo el soplo, que se produjo en pleno proceso de negociación entre el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y ETA, Pamies, según el fiscal, 'buscó a una persona que no perteneciera a la plantilla de San Sebastián y no pudiera ser reconocida por los integrantes de ésta o de la Sección de Economía de la Unidad Central de Inteligencia'.

Con el objetivo de 'avisar' a Elosua y evitar que el enlace del aparato de extorsión de ETA en Francia, José Antonio Cau Aldanur, cruzara la frontera y recogiera la entrega, el entonces inspector Ballesteros, hoy comisario, aceptó desplazarse hasta el establecimiento 'a sabiendas de su carácter ilícito', según el relato del fiscal.

Tras intentar localizarlo sin éxito en su casa y preguntar a la mujer de Elosúa por una dirección, el fiscal cree que Ballesteros realizó una primera llamada a Pamies, que le ordenó entró en el 'Faisán' por la puerta trasera, sabedor de que desde hacía un año se había eliminado la vigilancia personal y electrónica. A las 11.17 horas la cámara de videovigilancia del equipo que dirigía la operación policial contra el aparato de extorsión de ETA registró a Ballesteros, tal y como reconoció él mismo durante la instrucción.

La llamada del chivatazo, según el escrito de acusación, se produjo a las 11.23.31 y duró 8 minutos y 11 segundos. En ella, Pamies habría advertido a Elosua que 'tuviera conciencia de la situación política'. También le dijo, según el fiscal, que 'le venían controlando desde hacía tiempo, que iban a detener a Cau Aldanur al cruzar la frontera, que sabía lo de las botellas de vino, que sabía que había tenido una comida con Sagarzazu y Gorka Aguirre y que no dijera a nadie que le había llamado'. 'Finalmente, le advirtió de que no hablase por los teléfonos ni en el coche', añade el escrito.

Una vez recibido el aviso, Elosúa se dirigió a una lonja de su propiedad para destruir las cartas de extorsión y esconder el dinero y los sellos de ETA, según la conclusión del equipo investigador dirigido por el comisario Carlos Germán. Después, intentó llamar a Cau Aldanur desde las cabinas situadas frente al establecimiento y, al no localizarle, cruzó la frontera junto a su yerno, Carmelo Luquín.

En el curso del viaje en coche, al que se había instalado una baliza policial, Elosua comentó con su yerno el aviso que había recibido. 'O son maricones o son maderos', señaló tras revelarle que el agente que le visitó habló de la persona que le había dado el soplo como 'mi compañero'.

La operación contra el aparato de extorsión de ETA finalmente se llevó a cabo el 22 de junio de 2006. El fiscal destaca que todos los presuntos integrantes de la red fueron detenidos pero no se encontró 'ni una sola carta de extorsión', ni los 54.000 euros del supuesto pago, ni los sellos de la organización terrorista.

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal dictó el pasado 11 de abril la apertura de juicio oral y confirmó el auto de conclusión del sumario que había decretado por el juez instructor, Pablo Ruz, que apuntó que los delitos podían ser constitutivos de colaboración con banda armada y revelación de secretos. El tribunal que juzgará estos hechos estará integrado por los jueces Alfonso Guevara, Ángeles Barreiro y Clara Bayarri.

Tras conocer el escrito del fiscal, la defensa del exjefe superior de Policía en el País Vasco Enrique Pamies ha considerado que la orden del fiscal general del Estado de acusarle a él y al inspector José María Ballesteros de un delito de colaboración con organización terrorista refleja los 'criterios políticos que se están manejando' en este caso.

'Esperábamos esa calificación. No son culpables y se demostrará su inocencia', ha explicado la letrada María Ponte, para agradecer la 'honestidad' que ha demostrado la Fiscalía de la Audiencia Nacional al incluir en su escrito que la calificación alternativa de colaboración con organización terrorista se hace a instancias de Torres-Dulce. 'Honra al Ministerio Fiscal hacer esa excepción y le honra esa honestidad porque está diciendo que no está de acuerdo', destacó.