La corrupción actúa como el crimen organizado, por lo que el Estado debe perseguirla con armas proporcionales.  Es la tesis recogida en la Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2013, presentada este lunes, donde se reclama una reforma procesal urgente para permitir la infiltración de agentes encubiertos (conocidos en el argot policial como 'topos') para destapar las redes corruptas, y que se potencie la protección a los arrepentidos (exmiembros de las organizaciones) que denuncian los actos de corrupción.

La Fiscalía General, cuyo titular es Eduardo Torres-Dulce, dedica en la edición de este año de su Memoria un capítulo específico de 18 folios al problema de la corrupción en España, ante el 'incremento cuantitativo y cualitativo' de este fenómeno registrado en los últimos años, que pone en evidencia a la Justicia 'en tanto que no es capaz de dar una respuesta adecuada en el tiempo y en el resultado final del propio procedimiento'. La consecuencia es que en los ciudadanos ha calado la idea de que 'la Justicia no trata igual al poderoso que al resto'.

En relación a la corrupción que actúa como delincuencia organizada --aunque 'aparentemente' no use la violencia o la intimidación--, Torres-Dulce reclama 'una respuesta institucional suficiente, contra una lacra que atenta contra la esencia del sistema democrático, hipoteca el futuro de nuestra sociedad, y rompe estrepitosamente la confianza de la ciudadania en el Estado de Derecho'.

Por ello, cree que debe articularse la posibilidad legal del 'uso de agentes encubiertos o de personas arrepentidas que son propias de la lucha contra el crimen organizado, y que debieran ser incluidas sin demora en nuestra arcaica legislación procesal para combatir los supuestos más graves de corrupcion en cualquiera de sus manifestaciones y con una mayor eficacia'.

En ese sentido, la Memoria señala que el Grupo de Trabajo sobre Soborno de la OCDE, de 8 de enero de este año, mostró su preocupación por la falta de protección que la legislación española concede a los 'whistleblowers', o personas que denuncian actos de corrupción. El mismo dictamen destacaba que en España ninguna persona había sido perseguida o sancionada por delito de cohecho (soborno) internacional, pese a que se había instaurado 13 años antes.

Otras medidas legales contra la corrupción que reclama la Fiscalía son la incautación de bienes, medidas cautelares personales o económicas, formas de publicidad o secreto de la instrucción, al estilo también de como se actúa contra el crimen organizado. La Memoria diferencia las formas graves de corrupción de aquellas conductas delictivas vinculadas con la función pública en sus diversas manifestaciones.

Entre los datos que refleja la Memoria figura que la Fiscalía Anticorrupción investigaba en 2012 un 50% más de asuntos que antes de la crisis, en el año 2007. En concreto ha pasado de 194 procedimientos en trámite a 290.

El fiscal general destaca que, si no se ataja, el fenómeno de la corrupción, que ha pasado a ser la segunda preocupación de los españoles, puede acabar generalizándose y convirtiéndose en un factor desestabilizador de primer orden, perjudicando incluso las inversiones internacionales y los intercambios comerciales de España.

La Memoria incide en que la crisis económica ha generado un mayor rechazo, si cabe, del ciudadano hacia la corrupción, y que muchos de los casos que hoy se dilucidan en los tribunales fueron cometidos en una época pasada, la de la burbuja inmobiliaria.

El fiscal insiste en pedir más medios materiales y personales, así como asignación de funcionarios de Policía, Hacienda y la Intervención del Estado a las oficinas fiscales, y además permitir el acceso telemático a las bases de datos de la Administración, con el fin de agilizar los tiempos de investigación de la corrupción

El objetivo es atajar la sensación de impunidad que puede provocar que estos comportamientos irregulares o corruptos se extiendan, así como que se generalicen lo que llama 'críticas infundas o sectarias' a todos los políticos, pese a que afirma que la inmensa mayoría son honestos.

La Memoria dedica una mención especial, dentro del capítulo de la corrupción, a las participaciones preferentes que emitieron cajas y bancos, y que perjudicaron a miles de inversores minoristas. El documento señala que la Fiscalía, desde el punto de vista penal, investiga si, por un lado, el producto fue 'estructuralmente engañoso', es decir, que asoció su rentabilidad a los beneficios de la entidad a sabiendas de que la misma estaba en pérdidas. En segundo término, si hubo delito de maquinación para alterar el precio de las cosas, al crearse un mercado interno ficticio del producto para venderlo por encima de su valor.

Cuando descarta uno de esos delitos, también analiza si hubo un fraude en la comercialización al aprovecharse la entidad de la 'vulnerabilidad del sujeto', o cases fraudulentos de operaciones de compra y venta al beneficiar a un cliente en perjuicio de otro. Si se descarta la vía penal, estudia la vía civil en protección de consumidores y usuarios.