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La Gürtel salpica a una diputada de Cifuentes

El juez De la Mata propone investigar a la diputada María Josefa Aguado por indicios de malversación y de fraude

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. EFE

El caso Gürtel salpica a una diputada de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. En concreto, a María Josefa Aguado. El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha enviado una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), en la que propone investigar a la parlamentaria por pagar “múltiples facturas” a favor de la trama durante la organización de las X Olimpiadas Escolares en la localidad de Arganda del Rey

El evento fue contratado en 2007 a las empresas de Gürtel por 89.000 euros. Pero la diputada del PP de Madrid autorizó el pago con dinero público de un conjunto de “extras” por valor de 83.000 euros en su condición de jefa de Deportes de la Sociedad Fomento de Arganda del Rey (Madrid). Reparto de 5.000 globos, una piscina de bolas, un dragón caminante, pasacalles Mariposas y flores, paneles informativos, cartelería extra, 15 globos Jumbo, asesoramiento indeterminado… De esta manera la trama Gürtel facturó estos “extras” a la citada sociedad municipal.

En un auto remitido al TSJ de Madrid, el juez propone investigar (imputar) a la diputada de Cifuentes por los supuestos delitos de prevaricación, fraude a la administración pública y malversación de caudales públicos. “Su arbitrariedad fue patente y grosera”, y se desbordaron “la legalidad de un modo evidente, flagrante y clamoroso”, explica en un momento del auto De la Mata para reforzar que en el comportamiento de María Josefa Aguado se cumplen los requisitos de la jurisprudencia del delito de prevaricación continuada, castigado en el Código Penal con una inhabilitación de hasta 15 años.

Siguió “los designios de la banda”

Vicepresidenta de la comisión de endeudamiento y administración pública de la Asamblea de Madrid, María Josefa Aguado es señalada por el juez De la Mata como la persona que se valió de su posición privilegiada para pagar con dinero público “múltiples facturas” siguiendo “los designios de la banda” de Gürtel, según el auto del juez de la Audiencia Nacional.

El juez central de instrucción 5 investiga la pieza separada de los negocios de Gürtel en Arganda del Rey (Madrid) y considera que la hoy diputada adjudicó el contrato para la organización de las X Olimpiadas Escolares a empresas del Grupo Correa a sabiendas de su “flagrante vulneración de los principios rectores de la normativa en materia de contratación pública, participando de forma decisiva en que se efectuara el pago de múltiples facturas en perjuicio de la Sociedad de Fomento".

Las X Olimpiadas Escolares fueron adjudicadas a por valor de 89.000 euros. Sin embargo, la organización emitió además siete facturas –de 12.000 euros cada una- que María Josefa Aguado firmó cuando era jefa de Deportes de la sociedad de fomento de Arganda del Rey. Pese a la "obviedad de la argucia", la aforada informó a favor de la aprobación de las siete facturas que sustituían a la factura única de Easy Concept. Los pagos fueron aprobados en siete informes distintos emitidos y firmados el mismo día.

La diputada del PP María Josefa Aguado.

Aguado expresa en estos expedientes que "realizadas las comprobaciones oportunas se concluye que el concepto de la factura corresponde con la realización del objeto a plena satisfacción para la Administración" como que "en la tramitación del gasto [...] no es necesario la tramitación de ningún expediente de contratación", según cita textualmente el juez. Esta persona aforada admitió esta vía fraudulenta para pagar las siete facturas a Easy Concept, S.L. –sociedad de la trama de Francisco Correa- y admitió también “que se duplicara el pago de conceptos que venían descritos en el pliego de prescripciones técnicas y que habían sido abonados ya con la primera factura”. Actos que trascienden “las meras ilegalidades administrativas”.

El juez envía su escrito a la Sala Civil y Penal del TSJ de Madrid, encargada de juzgar a los parlamentarios autonómicos de dicha comunidad. Será esta sala la que determine si reclama esta pieza separada de Gürtel y que afecta a los líderes de la trama Francisco Correa, Pablo Crespo e Isabel Jordán, así como a Ginéz López Rodríguez, Juan Fernández Caballero, César Tomas Martín Morales e Isaac García Requena.

Toda la actuación desarrollada por la diputada de Cifuentes fue "injusta" y se llevó a cabo para evitar la transparencia, publicidad y libre concurrencia de otras empresas y que los servicios pudieran adjudicarse a las empresas que realmente hubieran podido realizar la oferta más beneficiosa para los intereses municipales y, por tanto, para los intereses generales. En esta parte de la investigación del caso Gürtel se investiga el cobro desde el año 1999 de comisiones por parte de distintos cargos públicos de Arganda del Rey por la adjudicación de contratos tanto a sociedades vinculadas al investigado Francisco Correa, como responsable del Grupo Correa, como a empresas constructoras "desde el Ayuntamiento y desde la Sociedad de Fomento de esa localidad".

La manera presuntamente delictiva de actuar era la de fraccionar de forma sistemática los expedientes para que fueran contratos menores, con adjudicación directa eludiendo el procedimiento de contratación aplicable al sector público. Uno de esos expedientes fraccionados investigados por el juez es el de la supuesta prestación de servicios para la puesta en marcha de las X Olimpiadas Escolares por parte del Grupo Correa, única empresa que presentó una propuesta económica, por importe de 89.000 euros.

Según el juez, la diputada como jefa de Deportes de la Sociedad de Fomento dio su conformidad a aquel pago que se fraccionó en siete facturas tramitándose como contratos menores, independientes y "eludiendo el correspondiente procedimiento impuesto legalmente".  El titular del Juzgado Central de Instrucción 5 concluye que, “en definitiva, aparentemente se dispuso ilícitamente de fondos públicos en beneficio de terceros, conscientes de que les proporcionaban un enriquecimiento, provecho o ventaja ilícitos, en perjuicio del patrimonio público, interés que tendría en todo caso una incuestionable dimensión económica de signo negativo para los fondos públicos”.