Publicado: 13.11.2014 08:32 |Actualizado: 13.11.2014 08:32

Tres constructores pagaron 3,5 millones a Pujol Ferrusola por labores de asesoría sin contrato

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Tres empresarios de la construcción imputados en la causa en la que se investiga al hijo mayor del expresidente de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol Ferrusola, han admitido ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que pagaron a este un total de 3,5 millones de euros por labores de asesoría y consultoría que se cerraron de forma verbal y sin contrato, según informaron fuentes de la acusación presentes en su declaración.

Así lo han indicado los presidentes de Isolux-Corsán, Luis Delso; Life Mataró, Alejandro Guerrero Kandler; y GBI Serveis, Gustavo Buesa; que han declarado durante más de tres horas en la causa en la que se investiga a Pujol Ferrusola y su esposa, Mercè Gironés, por cobrar presuntamente comisiones ilegales a cambio de su mediación en la adjudicación de contratos públicos.

Delso, que ha criticado durante su comparecencia las "afirmaciones malévolas" que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional vierte en los informes que sustentan la causa, ha reconocido que pagó 1,2 millones de euros a empresas del matrimonio por su participación en un negocio en México y otros 600.000 por otro en Gabón. Sin embargo, nunca le pidió cuentas de sus actuaciones ni detalle de las gestiones que realizaba.

En la primera operación, según ha explicado, el hijo del expresident medió para hacer desaparecer las trabas que las autoridades mexicanas ponían a la compañía para acceder a la construcción y explotación de varias autopistas. Sin embargo, Delso no ha podido ofrecer correos electrónicos o datos sobre las reuniones que mantuvo para conseguir la adjudicación, según las citadas fuentes.

En relación con el segundo negocio, el responsable de Isolux Corsán ha dicho que Pujol Ferrusola actuó como "agente comercial" para la implantación del tendido eléctrico en Gabón. Delso ha defendido la labor de su intermediario ya que, aunque sólo se desplazó una vez al país africano, su labor salió "mucho más barata", según ha dicho, que la implantación de una oficina comercial.

El constructor también se ha referido a un proyecto de urbanización en la Alta Baja California mexicana denominado Azul de Costas en el que Pujol Ferrusola invirtió 1,2 millones de euros en calidad de fideicomisario. A este respecto, ha defendido la legalidad de todas las transacciones que se hicieron desde sus cuentas en el BBVA.

Guerrero Kandler, por su parte, ha señalado que el primogénito de los Pujol Ferrusola se llevó 1,5 millones de euros por actuar como "agente comercial" en la búsqueda de inversores y la construcción de unos apartamentos en la plaza de Europa de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

También ha admitido su participación en la construcción y explotación de un apartahotel en Ibiza, en la que Pujol Ferrusola perdió 200.000 euros, ya que optó a la adquisición de uno de los apartamentos, valorados en un millón de euros, y renunció a su compra en 2012, poco antes de que comenzara a ser investigado por el juez Ruz.

En una tercera operación, consistente en la recalificación de unos terrenos en Vic (Barcelona), Pujol Ferrusola perdió los 405.000 euros que había invertido porque, según ha declarado el empresario, al final no se pudo construir.

El responsable de GBI Serveis, Gustavo Buesa, también ha reconocido que realizó un pago a Pujol Ferrusola, que la UDEF cuantificó en 243.360 euros, por las labores de asesoría que realizó en 2006 para la implantación de su negocio de recogida de residuos en México. Según fuentes presentes en el interrogatorio, el empresario ha aportado correos electrónicos sobre estas labores y ha dado fechas y nombres de los hoteles en los que los emisarios se hospedaron para realizar estas gestiones.

Además, el empresario ha reconocido que el hijo del 'expresident' entró en otra de sus empresas (Gestió i Recuperació de Terrenys) invirtiendo 700.000 euros para la puesta en funcionamiento de un centro de tratamiento de residuos en Tivissa (Tarragona). En 2004, diez días antes de que la empresa se vendiera a una compañía participada mayoritariamente por FCC, Pujol Ferrusola traspasó su participación en la empresa, por la que se llevó cinco millones de euros.

Su otro socio en este negocio, Josep Mayola, ha asegurado que no conocía al hijo del exjefe del Gobierno catalán aunque, visiblemente nervioso, según fuentes presentes en el interrogatorio, ha admitido que le hizo un pago de 73.000 euros por la venta de su participación en el vertedero.

En un auto notificado el pasado 22 de octubre, Ruz atribuía indiciariamente a estos empresarios y otros siete presuntos colaboradores del matrimonio delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y falsedad en documento mercantil por su "presunta participación y cooperación" con el primogénito del exjefe del Gobierno catalán en "determinadas operaciones mercantiles que han venido siendo investigadas".

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 también interrogará mañana, jueves, y este viernes a otras 27 personas relacionadas con Pujol Ferrusola y su esposa, Mercè Gironés, imputados en la causa por un delito de fraude fiscal y otro de blanqueo de capitales. Entre ellos se encuentran los representantes de las empresas que habrían hecho pagos al matrimonio y Jordi Puig i Godés, hermano del 'conseller' de Empresa y Ocupación, Felip Puig.

Ruz investiga, en concreto, las transacciones de hasta 8,5 millones de euros que 17 empresas del ámbito de la construcción y los servicios que "directa o indirectamente" declararon "ingresos procedentes de distintos organismos públicos de Catalunya" realizaron a cinco sociedades propiedad de Pujol Ferrusola y su esposa (Iniciatives, Marketing i Inversions, Project Marketing Cat, Inter Rosario Port Services, Active Translation e Iberoamericana de Business and Marketing).

Según un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que obra en el procedimiento, Pujol Ferrusola y su esposa habrían recibido estas "millonarias comisiones no justificadas" por intermediar supuestamente en operaciones urbanísticas e inmobiliarias, participar en la compra y venta de participaciones mercantiles y ofrecer asesoramiento sobre distintos negocios.