Un mes después de su constitución, la comisión sobre la trama del espionaje de la Asamblea de Madrid echó a andar este miércoles.  Los primeros en declarar fueron tres ex consejeros de la Comunidad de Madrid con competencias en Interior y Seguridad, el socialista Virgilo Cano, de la época de Leguina (1983-1995) y los populares Carlos Mayor Oreja y Pedro Calvo, actual concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid. 

Los tres negaron que en sus respectivas épocas el Gobierno regional ejerciera nunca con sus funcionarios labores de contravigilancia. Este asunto centró el interés de los parlamentarios y las intervenciones de los ex consejeros.

El más duro de todos ha sido Calvo, quien tildó de 'despropósito' llamar a los tres ex consejeros.  'Someter a investigación a los gobiernos de Leguina y Alberto Ruiz-Gallardón es ridículo, ya que el problema no es la estructura -del departamento de Seguridad- sino cuando se les encarga lo que no deben hacer y es ilegal. No tiene nada que ver con la historia de este departamento, el problema es si hicieron lo que no debían'.

Afirmó que hacerlo así es como si en la etapa de Juan Roldán al frente de la Dirección General de la Guardia Civil, que fue condenado por corrupción, se hiciera una comisión de investigación y se convocara al duque de Ahumada y a todos los directores generales, hasta la fecha'.

El socialista Virgilio Cano aseguróo que durante su etapa de gobierno (1983-1995) no se hacían esas tareas, 'ni seguimiento de personas, ni ningún tipo de espionaje', y ha añadido que el 'único cargo que tenía servicio de seguridad y escolta' era el entonces presidente regional Joaquín Leguina.

Virgilio Cano, que compareció a petición del PP, explicó que las competencias en seguridad que tenía entonces la Administración regional son las mismas que ahora y las ha calificado de 'prevencionistas'.

Cano ha subrayado que en su época como consejero de Gobernación 'no había medios materiales ni humanos' dedicados a laborales de contravigilancia, seguimiento o espionaje, y que 'jamás se realizó un informe ni una nota que no tuviera que ver con las competencias de la Comunidad'.

Después compareció el ex consejero del PP Carlos Mayor Oreja, quien dirigió las competencias de seguridad de la Comunidad durante diez meses entre 1999 y 2000, y quien ha asegurado que los funcionarios de su departamento se limitaban 'exclusivamente' a vigilar edificios', mientras que las labores de contravigilancia 'las realizaba la Policía Nacional, que para eso estaba'.

Mayor Oreja ha destacado que la principal novedad en seguridad que se produjo en la época de gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón (1995-2003) respecto a la de Leguina fue que no sólo el presidente de la Comunidad tenía protección, sino que también empezaron a tenerla los consejeros autonómicos, con policías nacionales que eran los que 'hacían contravigilancia'.

Al término de las comparecencias el portavoz del PP en la comisión, David Pérez, ha repartido a la prensa documentos que indican que el personal del área de seguridad de la Comunidad de Madrid está autorizado a realizar tareas de 'vigilancia de personas' desde 1988.

Pérez ha mostrado un informe de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior que recopila los convenios colectivos del personal de la Comunidad y refleja que el área de servicios generales, de la que depende el área de seguridad, comprende tareas de 'vigilancia de personas' desde el convenio de 1988-1991 y en todos los posteriores.

Los diputados de la oposición -PSOE e IU- han aprovechado sus intervenciones para criticar el funcionamiento de la comisión de investigación y la tardanza a la hora de recibir la documentación solicitada, y han subrayado que acuden 'con las manos atadas' a este órgano de control.