VITORIA.- El Tribunal de Cuentas del Estado celebrará, a partir del 15 de octubre, en una fecha aún por determinar, una audiencia previa por el caso San Antonio, en el que se investiga al ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, y al vicesecretario de Acción Sectorial del PP, Javier Maroto, por el "perjuicio" causado a las arcas públicas al firmar, en la etapa de ambos en el Gobierno municipal de Vitoria, un contrato a precio muy superior al de mercado.

El Tribunal de Cuentas ya ha impuesto una fianza conjunta de medio millón de euros a Alonso, Maroto y al resto de concejales del Partido Popular en el Ayuntamiento de Vitoria que en 2007 firmaron un contrato municipal de alquiler con el empresario Gonzalo Antón.

Según ha informado fuentes del Tribunal de Cuentas, los demandados tienen de plazo hasta la semana del 15 de octubre para expresar su "opinión" respecto a la cuantía de la fianza que se les ha fijado en concepto de "responsabilidad contable".

"Perjuicio" para las arcas municipales

Esta "responsabilidad contable" se derivaría de un contrato suscrito cuando Alonso era alcalde de Vitoria y Maroto, concejal de Hacienda, que obligaba al Ayuntamiento de la capital alavesa a pagar 7,6 millones de euros al empresario Gonzalo Antón.

A cambio de esta suma, el Consistorio alquilaba por un periodo de veinte años un local que Antón había comprado un año antes por 2,7 millones de euros. El órgano fiscalizador considera que esta decisión ha podido causar un "perjuicio" a las arcas municipales.

El Tribunal de Cuentas debe decidir si abre o no juicio contable en torno a este caso. Antes, celebrará una audiencia previa en la que estarán todas las partes implicadas

Tanto la Fiscalía como el Ayuntamiento de Vitoria, actualmente presidido por el PNV, se han personado en el caso abierto en el Tribunal de Cuentas, que se encuentra a la espera de decidir si abre o no juicio contable en torno a este asunto. Como paso previo a esa decisión, y según se ha informado desde el Tribunal de Cuentas, se celebrará una audiencia previa a la que se convocará a las partes implicadas en esta causa. Esta audiencia se celebrará a partir del 15 de octubre, aunque aún no se ha fijado la fecha exacta.

En esa audiencia previa, las defensas de cada parte analizarán los "asuntos procesales" de la investigación y, en caso de considerarlo oportuno, plantearán preguntas o solicitarán que se revise la documentación del proceso.