Público
Público

El Tribunal de Cuentas investiga el desbarajuste económico de la era Rudi

Chequea el gasto de varios cientos de millones de euros sin consignación presupuestaria y la escasez de los controles en una sociedad pública con pérdidas millonarias

Publicidad
Media: 5
Votos: 6
Comentarios:

Luisa Fernanda Rudi, con el último de sus tres consejeros de Hacienda, Javier Campoy, y el de Economía, Francisco Bono.

@e_bayona

ZARAGOZA .- El Tribunal de Cuentas revisará la gestión económica, y las eventuales responsabilidades que puedan derivarse de ella para sus exaltos cargos, que desarrollo el Gobierno de Aragón PP-Par que entre 2011 y 2015 presidió la conservadora Luisa Fernanda Rudi: duplicó la deuda de la comunidad, que pasó de 3.403 a 6.626 millones de euros en cuatro años (en consonancia con el resto de autonomías conservadoras), mientras compaginaba una gestión que varios tribunales y órganos de fiscalización han puesto en entredicho con una política de recortes que hastió a los cada vez más amplios sectores desfavorecidos de la sociedad.

Varios aspectos de esa gestión van a ser supervisados por el Tribunal de Cuentas tras el trabajo preliminar de la Cámara de Cuentas autonómica, que ya le ha remitido un informe sobre las “debilidades de control” en la gestión del circuito motociclista La Ciudad del Motor de Alcañiz, que en 2013 y 2014 acumuló pérdidas por 15,4 millones tras recibir diez en subvenciones.

El mismo órgano de control le remitirá próximamente otro en el que plantea la posibilidad de que varios exaltos cargos tengan que devolver de su bolsillo a las arcas autonómicas los 268 millones cuyo gasto ordenaron pese a carecer de consignación presupuestaria y que quedaron pendientes de pago al cierre del ejercicio de 2014.

268 millones en gastos sin crédito

La Cámara de Cuentas decide trasladar este último documento al Tribunal de Cuentas para que, entre otros aspectos, valore si los hechos que relata en uno de sus capítulos “pudiera constituir infracción de la que se pueda derivar responsabilidad contable”; es decir, la obligación de que los responsables de esos gastos indemnicen con su valor a la comunidad autónoma por “comprometer gastos, reconocer obligaciones y ordenar pagos sin crédito suficiente para realizarlos”.

La Ley de Transparencia, recuerda el informe, “califica como infracción muy grave, a los efectos de exigencia de responsabilidades, la conducta, si es culpable, de comprometer gastos, reconocer obligaciones y ordenar pagos sin crédito suficiente para realizarlos”.

El informe, que señala cómo el presupuesto de la comunidad para 2014 incluyó infradotaciones de cerca de 200 millones en algunos departamentos y organismos mientras los ingresos se quedaban 178 por debajo de lo previsto, recuerda cómo son “nulos de pleno derecho” los “compromisos de gastos por cuantía superior al importe de los créditos autorizados en la Ley de Presupuestos”.

Y estos ascendían al cierre del año a 268 millones: 237 en el Salud, 13 la administración de la comunidad, 10 en el Instituto Aragonés del Agua -7,9 de ellos para el polémico Plan de Depuración, cinco en el Consorcio Sanitario de Alta Resolución y tres en el Banco de Sangre

No se sabe quién firma las facturas

El informe de la Cámara de Cuentas aragonesa sobre la Ciudad del Motor, una empresa pública que en sus catorce años de existencia ha consumido recursos públicos a una media de 2.000 euros por hora, destacan “el elevado importe de las pérdidas de la sociedad”, que en esos dos ejercicios “duplican la cifra de negocio”.

En esos dos años, los responsables de Motorland repartieron 6.931 entradas valoradas en 377.614 euros como invitaciones sin que existiera “un procedimiento que recoja los criterios para realizar entregas gratuitas de invitaciones, ni el cupo máximo a conceder”.
Aunque la falta de controles, de hecho, pareció en esos años más una seña de identidad que una excepción. “Con carácter general no se identifica el puesto ni la persona que firma las facturas recibidas”, concluye la Cámara de Cuentas, que señala como habitual la ausencia de alguna “memoria justificativa que acredite que el gasto se ha realizado conforme a las condiciones del contrato o de la orden de pedido”.

José Luis Saz y Francisco Bono fueron el segundo tándem de consejeros económicos de Rudi.

Así, el órgano de fiscalización detectó, “una debilidad muy significativa del control interno de la sociedad en la verificación de los servicios o suministros recibidos que justifican los gastos”, a lo que se suma que 18 empresas facturaron en dos años 1,23 millones “sin que conste procedimiento ni expediente de contratación alguno”.

Y, al mismo tiempo que consideraba no acreditados los motivos por los que los miembros del consejo de administración recibieron 8.888 euros en dietas de asistencia, llamaba la atención sobre el hecho de que el gerente cobrara en esos dos ejercicios 36.366 euros más de lo estipulado y, también, sobre que veinte empleados se repartieran 439.654 euros en complementos que “no estaban previstos en los convenios colectivos de aplicación aunque sí estaban previstos en la mayoría de los casos en sus contratos de trabajo”.

Condena millonaria y desfase maquillado

Los informes de la Cámara de Cuentas se sitúan en la misma línea que algunas resoluciones que la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo han emitido en los últimos meses.

El primero de esos órganos constató cómo el ejecutivo autonómico de Rudi, que en cuatro años tuvo tres consejeros y tres directores de Presupuestos (la última de ellas acabó gobernando con el PSOE), aplicó criterios erróneos y realizó anotaciones indebidas para tratar de maquillar un desfase de 244 millones en el déficit que provocaron las políticas de supuesta austeridad.

El Supremo, por su parte, ratificaba la condena a pagar 37 millones de euros en costas que previamente había impuesto el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) al Gobierno aragonés por reclamar, sin ningún fundamento legal, que el central le indemnizara con 369 millones por la merma de ingresos que le habían supuesto las rebajas fiscales de José Luis Rodríguez Zapatero.

La sentencia consideraba “evidente” que la reclamación “carece de fundamento legal”, al tiempo que le afeaba al ejecutivo de Rudi que ni siquiera hubiera intentado buscar un acuerdo político con el Gobierno central.