Publicado: 08.07.2014 12:34 |Actualizado: 08.07.2014 12:34

El Tribunal de Cuentas niega irregularidades y promete más transparencia

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El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, ha negado este martes en la Comisión Mixta de Relaciones con el Tribunal de Cuentas que se haya producido ninguna irregularidad en el organismo, ni en la contratación de obras de conservación ni en la selección de su personal, pero en todo caso se ha comprometido a incrementar la transparencia en estos dos ámbitos, con el objetivo de "recuperar la confianza de la sociedad" mediante la búsqueda de la "excelencia" en su trabajo. Tras negar cualquier irregularidad, el presidente ha avanzado algunas medidas que pondrá en marcha para "dotar de mayor transparencia" al Tribunal, tales como incrementar la información publicada en la página web sobre los contratos de obras de mantenimiento, o dar publicidad a la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) publicando los currículos de los adjudicatarios.

 El Tribunal de Cuentas podría someterse a una auditoría externaAdemás, se estudiará la posibilidad de modificar la RPT para "primar la designación por concurso frente a la libre designación", se congelará la incorporación de nuevo personal laboral, se aprobarán unas bases generales de acceso a los Cuerpos Superiores de Letrados y de Auditores y de Técnico de Auditoría y Control Externo, y se fijarán criterios en la composición de los tribunales de selección para "evitar cualquier apariencia de discrecionalidad", primando la participación de funcionarios de cuerpos ajenos al Tribunal. Y, junto a todo ello, se estudiará la posibilidad de someter toda la actuación del organismo fiscalizador a la revisión de una Entidad Fiscalizadora Superior, externa e independiente ('peer review'), que revisará las operaciones y normas del Tribunal de Cuentas, facilitará el "asesoramiento externo e independiente", y "perfeccionará la calidad y la credibilidad del trabajo" del organismo que preside Álvarez de Miranda.

Ha asegurado que se pretende proyectar una imagen de un Tribunal de Cuentas ineficiente y que en los dos años que lleva como presidente ha destinado "parte muy importante" de sus esfuerzos a reorganizar los servicios, simplificar procedimientos y aumentar la transparencia, beneficiándose particularmente de la administración electrónica, y ha hecho hincapié en sus resultados, que han permitido, "dentro de una política de austeridad", ahorrar un 22% en los gastos ordinarios e incrementar un 50% los informes aprobados, poniéndose al día en la mayoría de procedimientos.

"Se emplearon procesos selectivos públicos y con tribunales calificadores"

En cualquier caso, el presidente del organismo fiscalizador ha negado todas las informaciones sobre presuntas irregularidades publicadas en las últimas semanas. En concreto, ha señalado que no se fraccionaron contratos para pequeñas obras de mantenimiento porque no correspondían a un proyecto general de reforma. Con respecto a las "insinuaciones de enchufismo y nepotismo" en la incorporación de personal al Tribunal, Álvarez de Miranda ha asegurado que todas las contrataciones se realizaron "con arreglo a los procedimientos legalmente establecidos" por la Función Pública, y que para ello se emplearon "procesos selectivos públicos y con tribunales calificadores" constituidos conforme a la normativa vigente. Finalmente, ha asegurado que los trabajadores que desarrollan labores informáticas cumplen los requisitos exigibles para cualquier otra Administración "e incluso superiores" y ha diferenciado a estos funcionarios del personal laboral que "desarrolla tareas auxiliares" y que sí tiene menores requisitos de conocimientos. "Y para ser funcionarios (de este ámbito), las plazas están limitadas a funcionarios pertenecientes a Cuerpos de Tecnologías de la Información y la Comunicación", ha apostillado.

 Por último, ha lamentado que las informaciones publicadas "impidieron que se materializara" un acuerdo con los sindicatos para modificar el convenio colectivo para el personal laboral, acuerdo "beneficioso" para el Tribunal y sus trabajadores ya que habría permitido "converger con el vigente en la Administración General del Estado, reduciendo las categorías profesionales y permitiendo la movilidad horizontal dentro del mismo nivel de cualificación".