Nueva vuelta de tuerca en el caso Cursach. El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha abierto juicio oral contra el juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán, principales responsables de la instrucción del caso, a quienes la Fiscalía Anticorrupción acusa de detención ilegal, revelación de secretos, prevaricación y obstrucción a la justicia.

Fuentes judiciales informan de que el Tribunal Superior ha dictado este jueves el auto de apertura de juicio contra Subirán, Penalva y cuatro policías a los que la Fiscalía imputa delitos similares durante la investigación en torno a la presunta trama corrupta sobre las actividades del empresario del ocio nocturno Bartolomé Cursach.

Tanto el juez como el fiscal, que actualmente se encuentran jubilados tras ser apartados del caso Cursach por las denuncias de filtraciones y otras irregularidades, afrontan ahora peticiones de penas de prisión que suman casi 240 años. El total de peticiones de condenas para ellos y los otros cuatro procesados suman los 576 años de reclusión.

Declara nula la incautación de teléfonos a los periodistas

El TSJIB, a su vez, ha declarado nulos los rastreos de llamadas y la incautación de teléfonos a periodistas de Mallorca que cubrían el caso Cursach, adoptadas por el juez Miquel Florit en 2018.

En concreto, el TSJIB ha estimado íntegramente cuatro recursos presentados por Europa Press contra las medidas de investigación acordadas hace cuatro años, después de que el Tribunal Constitucional, en marzo de 2022, diera la razón a los periodistas y declarase su derecho a impugnar las medidas.

En detalle, son tres autos por los que el juez ordenó obtener los listados de llamadas de la periodista Blanca Pou y del teléfono de la delegación de Europa Press en Baleares, al igual que para el periodista Kiko Mestre y la redacción del Diario de Mallorca, en una investigación por filtraciones del caso Cursach. El juez también mandó recabar los geoposicionamientos de los móviles.

El cuarto auto ahora anulado es el dictado en diciembre de 2018, por el que la Policía Nacional entró en las redacciones de ambos medios y se incautó de los móviles y ordenadores de los periodistas.

Los redactores consideraban que se había vulnerado su derecho al secreto profesional pero, al no tener la condición de investigados, no pudieron impugnar las resoluciones y elevaron el asunto al Constitucional.