Publicado: 11.11.2016 10:07 |Actualizado: 11.11.2016 11:52

El Tribunal Supremo declara "nulo" e "inaplicable" el canon digital del PP

La sentencia tumba el Real Decreto 1657/2012 en su conjunto, que reguló el pago, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, de la compensación a los autores por las copias de sus obras que hacen los particulares.

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José Ignacio Wert y José María Lasalle, impulsores del canon digital. /EFE

José Ignacio Wert y José María Lasalle, impulsores del canon digital. /EFE

MADRID.- La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha acordado declarar "nulo" e "inaplicable" en su conjunto el Real Decreto 1657/2012, que reguló el pago, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, de la compensación a los autores por las copias de sus obras que hacen los particulares.

El polémico canon fue implantado por el primer Gobierno de Mariano Rajoy en cuanto tuvo ocasión, con el impulso del entonces ministro de Cultura, José Ignacio Wert, y el secretario de Estado, José María Lasalle.

Según la sentencia, el Supremo ha acordado la estimación parcial del recurso que interpusieron en febrero de 2013 tres entidades de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual (Egeda, Dama y Vegap), que impugnaron varios apartados del Real Decreto que regula el denominado canon digital.



Estas sociedades consideraban que la norma era contraria a la legislación europea, por costear la compensación con el presupuesto estatal, en lugar de exigir que sea el usuario de la copia privada quien la pague.

El Supremo anula la normativa en su conjunto y no entra en otras reclamaciones subsidiarias que se dirigían contra la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual y el Real Decreto de 2011 que suprimió el canon digital del Ejecutivo del PSOE. El fallo ordena la "inaplicación" del Real Decreto de 2012.

El canon digital colisionaba con la directiva comunitaria

El TS ya había considerado que de acuerdo a la legislación española no cabían reproches al sistema ideado por el Gobierno de Mariano Rajoy. Solo se suscitaban dudas "en torno a un problema de derecho de la Unión Europea", como expone la sentencia conocida hoy.

Por esa razón, el Supremo elevó una cuestión prejudicial al Tribunal De Justicia de la Unión Europea de Luxemburgo con dos preguntas.

La primera consultaba si es conforme a la legislación europea que la compensación se pague a partir de una estimación del prejuicio causado y con cargo a los presupuestos pero "sin que resulte por ello posible asegurar que el coste de dicha compensación sea soportado por los usuarios de copias privadas".

La segunda consultaba si la normativa europea asume que, una vez aceptado lo anterior, la cantidad que se haya estimado conveniente pagar "deba fijarse dentro de los límites presupuestarios establecidos para cada ejercicio".

Luxemburgo respondió negativamente a la primera de las preguntas formuladas por la sala y, en cuanto a la segunda, consideró que no procede darle respuesta, al haber rechazado de plano todo el sistema.

Cuando el TJUE dictaminó que el decreto de 2012 "no asegura que el coste de la compensación equitativa solo sea sufragado por los usuarios de copias privadas", el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte respondió que esperaría a que el Supremo se pronunciase.

Lo cierto es que una vez era conocido el dictamen negativo de Luxemburgo, el sentido del fallo del Supremo estaba ya claro