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De Cabo controla desde prisión 21 empresas del grupo Díaz Ferrán

Una red de testaferros sigue controlando esas sociedades, dedicadas al turismo, los puertos deportivos y los gimnasios, y que dan pingües beneficios. Los principales acreedores de Marsans implican a Gerardo Díaz junior en las maniobras para

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Angel de Cabo sigue dirigiendo desde la cárcel  su organización criminal,  y controla actualmente 21 sociedades a través de testaferros para ocultar el patrimonio del expresidente de la patronal Gerardo Díaz Ferrán. La finalidad: seguir exprimiendo en beneficio propio el patrimonio del exjefe de la CEOE, e impedir que pague los cientos millones de euros que debe a sus múltiples acreedores.

Así lo han investigado y descubierto los abogados de Meliá, Viajes Iberojet y AC Hoteles, autores de la denuncia inicial contra De Cabo y Díaz Ferrán que les ha llevado a la cárcel por delitos de alzamiento de bienes y blanqueo de capitales.

En una ampliación de denuncia, presentada el pasado 25 de enero al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, reclaman al instructor que intervenga esa veintena de empresas mediante una administración judicial para impedir que DQe Cabo y Díaz Ferrán prosigan con su actividad delictiva de alzamiento de bienes, así como el embargo de cuatro locales comerciales, dos garajes y un edifício de servicios en la localidad madrileña de Fuenlabrada.

En el escrito de 15 páginas entregado al juez , implican además en la trama a Gerardo Díaz Santamaría, hijo del exjefe de la patronal, a quien acusan de participar en la ocultación de sus propios bienes y los de su padre, en colaboración con Angel de Cabo, dando detalles de varias operaciones presuntamemte delictivas.

De momento, el juez ha dado traslado de esta ampliación de denuncia al fiscal, a quien pide un informe al respecto antes de decidir sobre la imputación de Gerardo Díaz junior y la intervención de empresas y embargo de locales, que solicitan los denunciantes.

El abogado Daniel Jiménez, del despacho Ashurst, es firmante de esta denuncia (apoyada en 17 documentos anexos, muchos de ellos con información registral de las empresas), que se ha conocido al levantarse el secreto de sumario.

Los denunciantes señalan que Gerardo Díaz Santamaría, hijo de Díaz Ferrán --en la cárcel desde el pasado 5 de diciembre-- 'ha participado de manera activa en la perpetración de los hechos delictivos' consistentes en 'alzarse con sus propios bienes y con los del señor Díaz Ferrán, o bien distraer otros que detenta ilegalmente la propia organización criminal del detenido Angel de Cabo, en perjuicio de los acreedores afectados'.

El escrito sostiene que De Cabo continúa desplegando su actividad delictiva mediante testaferros y compañías todavía existentes y operativas, como las filiales de Trapsa --vaciada patrimonialmente por la trama en 2010 y 2011. 

Actualmente existen Trapsatur, Trapsayates o la Concesiones Prosport (anteriormente denominada Fitness Naranjo). Sobre esta última, las acusaciones destacan que está controlada actualmente por Jorge García Téllez, que fue testaferro de confianza de De Cabo, y pertenece a Autopullman Jucan, otra de las sociedades del complicado emporio de De Cabo. Dichos datos están avalados por la información registral que incorporan a su denuncia.

Prosport controla la totalidad de las concesiones de explotación de instalaciones deportivas que detentaba Trapsa. En concreto, once centros deportivos, como piscinas, pistas de padle, gimnasios  o centros multiusos, en las provincias de Salamanca, Huelva, Cádiz, Toledo o Madrid.

Cada uno de esos centros deportivos está gestionado por una sociedad limitada unipersonal creada ad hoc para ello, pero que 'cuelga' de Concesiones Prosport, propietaria de esas sociedades. Además, a través de su antigua denominación, Fitness Naranjo, tienen cuatro locales comerciales, dos garajes y un edificio de servicios en Fuenlabrada, que los acreedoers de Díaz Ferrán exigen que sean embargadas.

Trapsayates, otra de las filiales de de Trapsa, y dedicada a la gestión y explotación de puertos deportivos y puntos de amarre, fue en 2010 administrada por De Cabo a través de Possibilitum. Pues bien, hoy, de acuerdo al registro, está en manos de una sociedad administrada por la mano derecha de De Cabo, Iván Losada --también en la cárcel--), y entre sus apoderados figuran el propio Losada y otro testaferro habitual del 'liquidador', José Miguel García Lombardía.

Además, García Téllez es representante de Marina Mahón, que heredó de Trapsayates la explotación de la concesión de puntos de amarre en el puerto de la capital menorquina, y que está gestionada por otro testaferro, Fernando Martín Palomino, según la denuncia.

Añade la acusación que, a través de Marina Mahón, De Cabo sigue vaciando lo que pueda quedar de Trapsayates, mediante la explotación de nada menos que 37.000 metros cuadrados de superfície que reportan importantes beneficios para la organización criminal, por el alquiler de numerosos puntos de amarre (plazas de estacionamiento de los barcos en el puerto).

La denuncia se detiene también especialmente en Trapsatur, la filial histórica de Trapsa dedicada a las agencias de viajes, y que ahora se denomina Latin Tour Integral, desde la cual siguen procediendo al habitual vaciamiento patrimonial, hasta el punto de que ésta última se encuentra a su vez en proceso de liquidación en favor de Jucan Bus, cuyo socio y administrador único es Autopullman Jucan, también de la organización, y cuyo representante en Jucan Bus es María del Carmen Juan Cantos, otra supuesta testaferro.

Ante ese contínuo proceso de 'despatrimonialización' de sociedades, en beneficio de las arcas de los imputados y en detrimento de los acreedores, es por lo que éstos reclaman la administración judicial de las 21 compañías afectadas, y que se encargue a los administradores concursales que ya se ocupan de la sociedades de Díaz Ferrán y el fallecido Gonzalo Pascual.

En cuanto a Gerardo Díaz Santamaría, piden su imputación en el caso fundamentalmente por dos asuntos. El vaciamiento patrimonial de Trapsa, de la que fue gerente y apoderado desde 2006, donde entiende que actuó como testaferro destacado de De Cabo, para salvaguardar los bienes de su padre de los acreedores. Trapsa es administrada hoy por sociedades del testaferro Felipe López García, relacionado a su vez con Jorge García Téllez.

Díaz Santamaría constituyó además una sociedad, Fitness La Alameda, que suscribió contrato con Trapsa dentro de la estrategia habitual de vaciamiento de activos. Añaden que el hijo del expresidente de la patronal se encargada personalmente de las gestiones ante las administraciones públicas para conseguir autorizaciones para dotar de aparente legalidad a la cadena de concesiones.

Asimismo, la denuncia recuerda que Díaz Santamaría es administrador de Air Comet, por lo que se acordó el embargo de sus bienes en agosto de 2010. Las acusaciones señalan que, apoyándose en De Cabo, urdió una estrategia consistente en hipotecar cuatro viviendas y un barco, valorados en 11,3 millones de euros, evitando así el embargo en perjuicio, nuevamente de los acreedores.

En el caso de Aircomet, los administradores concursales presentaron el pasado 19 de diciembre ante el Juzgado de lo Mercantil una petición para que se condene al pago de 89,9 millones de euros a Díaz Ferrán, su hijo Gerardo y los herederos de Gonzalo Pascual.

En el escrito de denuncia aparece citado varias veces el testaferro Jorge García Téllez, que no está imputado en la causa, y cuyo testimonio ante la Policía y el juez resultó decisivo para estrechar el cerco sobre la organización, de la que sostiene haberse desvinculado.

Según los documentos aportados por las acusaciones, García Téllez es administrador de varias de las sociedades que continúan la actividad delictiva de las antiguas empresas de De Cabo, como Marina Mahón o Munari Negocios, esta última propietaria del yate 'Leuqar III', propiedad de Díaz Ferrán y embargado por el Juzgado.

En el sumario figura un escrito dirigido por García Téllez al Juzgado el pasado 11 de enero, donde informaba que estaba usando un Mercedes R-320 que le entregó De Cabo para su uso personal, y que no fue intervenido en la operación en la que fue detenido éste, el 3 de diciembre. El extestaferro ponía el coche a disposición del Juzgado, e indicaba dónde debía depositarlo.