Publicado: 31.07.2016 11:16 |Actualizado: 31.07.2016 23:08

El Constitucional decide este lunes sobre la votación del Parlament

El Gobierno pidió abrir vía penal contra la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell,  y prohibir al Parlament que avance hacia el proceso soberanista.

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Fachada del Tribunal Constitucional. EUROPA PRESS

Fachada del Tribunal Constitucional. EUROPA PRESS

MADRID.- El Pleno del Constitucional se reunirá este lunes para decidir qué medidas adopta ante el nuevo desafío del Parlamento catalán y para estudiar la solicitud del Gobierno central de abrir la vía penal contra la presidenta de esa Cámara, Carme Forcadell, por desobedecer los mandatos del alto tribunal.

El presidente del Constitucional, Francisco José Pérez de los Cobos, ha convocado un pleno extraordinario a las 12.30 horas del lunes para analizar el incidente de ejecución presentado el viernes por la Abogacía del Estado.



Una iniciativa en la que el Gobierno en funciones pide al tribunal de garantías que declare nula y sin efecto jurídico alguno la resolución aprobada por el Parlament el pasado miércoles gracias a los votos de Junts pel Sí y la CUP y que supone la apertura de una vía unilateral hacia la independencia.

De hecho, el Ejecutivo interpreta ese texto aprobado como un desacato al TC, pero también como un "verdadero plan para conseguir la secesión de España".

Pero el Gobierno no sólo pide la nulidad de la resolución, dado que el Constitucional ya anuló en una sentencia del 2 de diciembre de 2015 la declaración aprobada el 9 de noviembre que supuso el comienzo del denominado proceso de "desconexión" de Catalunya con el resto de España.

Vía penal contra Forcadell

Ante la desobediencia a esa sentencia y al auto del Constitucional del 19 de julio en el que expresamente se pedía a la Mesa del Parlament que impidiera cualquier avance en ese camino, ahora, el Ejecutivo quiere que el tribunal aplique medidas coercitivas.

La más contundente, la apertura de la vía penal contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, por ordenar el debate que a la postre dio lugar a la votación de las conclusiones por la independencia haciendo caso omiso a la advertencia de que debía impedirlo. La petición del Gobierno es que el Constitucional "proceda deducir el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal" que pudiera corresponder a Forcadell.

El Ejecutivo pide al TC que prohíba a los miembros de la Mesa del Parlament, así como al propio Puigdemont, tramitar cualquier iniciativa para desarrollar el procès

Pero también plantea otras medidas, como los requerimientos personales a la presidenta del Parlament y al resto de miembros de la Mesa, además de al secretario general de la Cámara, para prohibirles convocar cualquier debate y votación que "directa o indirectamente" pretenda dar cumplimiento a esa resolución.

O los requerimientos personales al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y al resto de miembros del Gobierno catalán para prohibirles tramitar cualquier propuesta o iniciativa dirigida a desarrollar esa resolución. En ambos casos, pide que se les advierta de la responsabilidad penal que conllevaría ignorar los mandatos del Constitucional.

Se trata de medidas que el Constitucional puede tomar en aplicación del artículo 92 de la ley orgánica que regula su funcionamiento gracias a la reforma aprobada el pasado año por iniciativa del PP. Ese artículo da al Constitucional nuevas herramientas para velar por el cumplimiento de sus decisiones, entre ellas medidas coercitivas como las multas, la suspensión temporal de funciones o incluso la apertura de la vía penal. Son medidas que no tienen como objetivo sancionar un incumplimiento, sino lograr que se cumpla un pronunciamiento del tribunal, de modo que caben en supuestos en los que los cargos públicos obligados a una determinada actuación se nieguen a hacerla.

El Gobierno quiere que, dada la "extremada relevancia constitucional del caso", el Tribunal "se pronuncie lo antes posible" sobre el incidente. Además, ha invocado el artículo 161.2 de la Constitución que determina que la impugnación por el Gobierno de una disposición de un órgano de una comunidad autónoma conlleve su inmediata suspensión durante cinco meses.