Las acusaciones particulares del caso Bankia han solicitado este lunes indemnizaciones de hasta 4.112 millones de euros para hacer frente al perjuicio que les causó suscribir la salida a bolsa de Bankia en 2011, cuya documentación no reflejaba la realidad de la entidad, según el informe de los peritos judiciales.

El juez Fernando Andreu ha citado este lunes a las partes personadas en el caso Bankia en una vista para decidir si fija fianzas solidarias en concepto de responsabilidad civil para los 33 exconsejeros de Bankia y de su matriz del Banco Financiero y de Ahorro (BFA), como reclaman los 1.500 perjudicados y personados en la causa.

El fiscal Anticorrupción en el caso, Alejandro Luzón, ha salido al quite y ha rechazado que se fije indemnización alguna con este argumento: “La indemnización está más garantizada si no hay fianza que si se presta”, ha proclamado al argumentar que la fianza podría provocar un descenso de la cotización de Bankia, lo que perjudicaría a los accionistas querellantes, según fuentes jurídicas.

El fiscal ha reconocido que en la salida a bolsa existen “ciertos indicios de criminalidad, pero también incertidumbres”, en relación al famoso informe de los peritos judiciales, dos inspectores del Banco de España que concluyeron que la documentación de Bankia estaba maquillada al no reflejar la realidad de la entidad cuando salió a bolsa.

“La contabilidad no es una ciencia”, ha llegado a afirmar Luzón mientras se sumaba al abogado del propio Fondo de Reestructuración Bancaria (Frob) que rechazaba que se deposite fianza alguna, al igual que sostienen las defensas de Rodrigo Rato y sus consejeros en la salida a bolsa de Bankia. A su juicio, cuando concluya la instrucción será el momento de abordar la responsabilidad civil.

El Frob “es víctima porque es quien representa a la ciudadanía” en el caso Bankia, ha llegado a argumentar el abogado del Fondo. Mientras, rechazaban fianza alguna porque se lanzarían un “mensaje de duda” sobre las entidades bancarias afectadas, cuando están respaldadas.

Cinco de las doce acusaciones particulares se han adherido a la petición del abogado de UPyD, Andrés Herzog -acusación popular-, de reclamar una indemnización total de 4.112 millones para hacer frente a las responsabilidades civiles. En caso de que se rechace, cada uno de los abogados presentes en la vista ha fijado el daño causado a sus clientes y que en total suman 34 millones de euros.

Sobre la sala planeaba un contrainforme 'fantasma' al que aludían el Frob, la Fiscalía, y las defensas sin citar al autor y que rebate el de los peritos

La defensa de Rato y de de sus consejeros se han dedicado a desacreditar el informe de los peritos judiciales, dos inspectores del Banco de España que por encargo del juez Andreu han estudiado la fusión y la salida a bolsa de Bankia durante año y medio de trabajo.

Sobre la sala planeaba en todo momento un contrainforme, que todavía no figura en la causa pero al que aludían el Frob, la Fiscalía, y hasta las defensas sin citar al autor.

Este contrainforme fantasma es un documento oficioso del Banco de España –y no solicitado por el juzgado- que rebate el trabajo de los dos peritos. Fue encargado a instancia del director general de supervisión del Banco de España, Mariano Herrera, quien a su vez es miembro de la Comisión Rectora del Frob. El documento sostiene que los peritos incurrieron en un “sesgo retrospectivo” al emitir su informe.

“Sesgo retrospectivo”, denunciaba el abogado del Frob; “hay informes alternativos”, proclamaba el fiscal Luzón, mientras intentaba distinguir entre la responsabilidad civil que se ha exigido por algo de menor daño económico –el uso fraudulento de las tarjetas black, que se investiga en una pieza separada- de la responsabilidad de las personas jurídicas, como es el caso de Bankia.

Esteban Astarloa, abogado del BFA, ha expuesto que los dos peritos “estaban aislados en una burbuja” porque no tuvieron en cuenta las cifras macroeconómicas, ni la evolución de otras entidades ni a sus compañeros de la inspección del BE. El informe adolece de un “sesgo retrospectivo”, “incorrecciones” e “inconsistencias”, remachaba.

En cambio, para el abogado de Rodrigo Rato, Horacio Oliva, los dos inspectores del Banco de España peritos “han estado mediatizados por la opinión pública”.

El abogado de Bankia, Luis Jordana, ha presentado este lunes un informe encargado al catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad Autónoma de Madrid Leandro Cañibano. En dicho informe de parte se cuestiona que los dos inspectores del Banco de España sean peritos judiciales. Es más, según Jordana, no eran expertos en salidas a bolsa. “Ni siquiera puede considerarse que sea un informe pericial”, ha apuntillado según fuentes jurídicas.

El más expeditivo ha sido el abogado de Francisco Verdú, número dos de Bankia ya que era el consejero delegado y quien firmó las cuentas de 2011: No hay “nada que asegurar”, porque no ha habido perjuicio; ni siquiera considera que hay que entrar a analizar medidas cautelares. Es más, la petición de fianza es “extravagante” y “crearía perplejidad en el mercado”.

Por su parte, Carmen Herranz, la abogada de la acusación popular de 15MpaRato, ha pedido al juez que la fianza se fije sobre Rato y los consejeros, pero no sobre Bankia o el BFA. Entienden que son los exdirectivos  los responsables de la salida a bolsa de Bankia y que deben pagar por ello, porque, de otra forma, el fiasco sería cubierto por los recursos públicos a través del BFA y Bankia. Para ello, han habilitado una página web con el fin de que los perjudicados con la salida a bolsa envíen un escrito al fiscal para que reclame por ellos una indemnización.

El juez central de instrucción aún no ha dictado el auto sobre esta vista ni ha decidido si fija o no fianzas a los 33 exdirectivos y las entidades Bankia y BFA para hacer frente al perjuicio que pudieron haber causado a los 1.500 afectados personados.