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Gallardón, forzado a devolver las tasas a las víctimas de machismo

El ministro anuncia a la Defensora del Pueblo la rectificación parcial del 'tasazo', acorralado por el rechazo ciudadano y de todos los operadores jurídicos. El Gobierno ha tenido que recular sólo dos meses después d

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El ministro de Justicia anunció este miércoles a la defensora del Pueblo que va a devolver las tasas judiciales cobradas a las víctimas de violencia machista desde el pasado 17 de diciembre, día en que entró en vigor la Ley, y hasta  la reforma del 'tasazo'. También se reintegrará el dinero al resto de colectivos, como víctimas del terrorismo o de trata de seres humanos, a los que beneficiará la futura ley de asistencia jurídica gratuita, segun informó en nota de prensa la Oficina del Defensor del Pueblo.

En la comunicación del ministro a la defensora, Ruiz-Gallardón concreta su rectificación del 'tasazo', que implicará una rebaja del 80% en la parte variable del impuesto. Alberto Ruiz-Gallardón ha detallado la marcha atrás parcial en el denominado 'copago judicial' sólo dos meses después de su entrada en vigor, y el mismo día de la huelga de jueces y fiscales que protestaban, entre otras cosas, por esta norma que rechazan todos los operadores jurídicos.

La comunicación de Gallardón ha convencido a Soledad Becerril, que considera que supone una modificación sustancial de la Ley que responde a sus recomendaciones, por lo que ha decidido no interponer el recurso de inconstitucionalidad que le habían solicitado la Plataforma Justicia para Todos, que congrega a abogados, consumidores, sindicatos, y asociaciones de jueces, fiscales y secretarios judiciales.

Gallardón ha concretado a la Defensora que rebajará un 80% las tasas variables a las personas físicas en primera instancia en los órdenes civil y contencioso-administrativo, de modo que en vez de cobrar un 0,5% del valor económico del pleito, con 10.000 euros de cuantía máxima, se tendrá que pagar un 0,1%, con 2.000 euros de límite máximo.

La misma reducción en la parte variable del impuesto se aplicará a partir de segunda instancia, lo que incluye además a la jurisdicción laboral, es decir, donde dirimen sus pleitos, entre otros, los trabajadores que sean despedidos.

Además, y como ya adelantó el ministro la semana pasada, cuando se mostró de acuerdo con algunas sugerencias de Becerril, la reforma permitirá adelantar la ampliación de las personas con derecho de asistencia jurídica gratuita, que convertirá en beneficiarios de exención de tasas a las víctimas de violencia machista, del terrorismo, de trata de seres humanos, de accidentes de tráfico, o discapacitados.

Como complemento, se devolverán las tasas pagadas por estos nuevos beneficiarios desde el 17 de diciembre. El PSOE había insistido desde la entrada en vigor del impuesto que no se cobrase a las víctimas de violencia machista por las demandas de divorcio o separación que presentan contra sus agresores, lo que ahora atiende el ministro.

Según una nota de prensa de la Oficina del Defensor del Pueblo, la reforma 'exprés' de la Ley de Tasas eliminará totalmente la posibilidad de que el ejecutado hipotecario, o su avalista, en caso de que se trate de vivienda habitual, pague las tasas abonadas por el banco ejecutante en virtud de una condena en costas. También dejarán de cobrarse las tasas en la ejecución de laudos arbitrales de consumo.

Otro cambio, forzado por las críticas realizadas principalmente por los abogados, es que en los procesos contenciosos por multas de tráfico y otras sanciones administrativas, se establece como límite de la tasa el 50% de la cuantía de la multa, aparte de la reducción del 80% en la parte variable de la misma.

El Gobierno se compromete también a estudiar una reducción de las tasas que paguen las empresas según su capacidad económica en la futura Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.

De la comunicación del ministro se deduce que la parte fija de las tasas se mantendrá exactamente como está, y que seguirá cobrándose a las personas físicas, es decir, a los ciudadanos, y no sólo a empresas como antes de la Ley.

Es decir, en lo contencioso-administrativo y en lo civil, habrá que pagar entre 150 y 1.200 euros según la clase de recurso y si es en primera instancia o ante el Tribunal Supremo. Y en lo social o laboral, estará exenta de pago la primera instancia, pero habrá que abonar 500 euros en suplicación  y 750 euros en casación (los trabajadores se beneficiará en ambos casos de una rebaja del 60%).

Las tasas propuestas por el Gobierno fueron rechazadas, principalmente por su elevada cuantía, desde antes del pasado verano por el Consejo General del Poder Judicial, el de la Abogacía, las asociaciones de jueces y fiscales, consumidores, sindicatos, o secretarios judiciales, de forma unánime, por considerar que encajaban dudosamente con el derecho a la tutela judicial efectiva, al suponer un obstáculo para pleitear. Del mismo modo, se opusieron a su entrada en vigor todos los grupos parlamentarios salvo el PP en su tramitación en el Congreso.

Sin embargo, el ministro no ha hecho mención a ese clamor de todos los operadores jurídicos y partidos, y la semana pasada dijo que iba a rectificar sólo por las recomendaciones que le había hecho la Defensora del Pueblo. De momento, ya hay recursos contra la Ley de tasas planteados por la Abogacía en la Audiencia Nacional, y ante el Tribunal Constitucional, por el PSOE.

Tras conocer la comunicación de Gallardón a Becerril, el Consejo General de la Abogacía hizo público un comunicado en el que reclama al ministro que derogue la Ley de Tasas y negocie de nuevo el asunto con los operadores jurídicos, al considerar 'insuficientes' las rectificaciones anunciadas.