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Jueces y fiscales convocan huelga a Gallardón el 20 de febrero

Las asociaciones mayoritarias y conservadoras de ambos colectivos, la APM y la AF, se descuelgan y no apoyan la jornada de paro, pese a sus críticas reiteradas a los proyectos de Gallardón

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Todas las asociaciones de jueces y fiscales, salvo las conservadoras Asociación Profesional de la Magistratura y la Asociación de Fiscales, han convocado una jornada de huelga para el próximo día 20 en protesta por las reformas promovidas por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

La protesta se alza contra medidas como las nuevas tasas judiciales o la reforma del Consejo General del Poder Judicial, así como los cambios en el Registro Civil.

Apoyan la huelga la Unión Progresista de Fiscales y las asociaciones de jueces Francisco de Vitoria, Jueces por la Democracia y Foro Judicial Independiente. La APM y la AF, ambas mayoritarias en sus respectivas carreras, no han apoyado finalmente la jornada de paro pese a sus reiteradas críticas a las reformas de Gallardón.

Los portavoces de estas asociaciones han señalado este martes en rueda de prensa que cuentan para la convocatoria con el apoyo mayoritario de jueces y fiscales (porque sus asociaciones juntas suman una mayoría de los asociados y porque las juntas de jueces y fiscales han apoyado sus reivindicaciones).

Asimismo, han recordado el apoyo a la convocatoria manifestado por el Consejo General de la Abogacía y por las asociaciones de jueces y fiscales y otros funcionarios, es decir, por el sector judicial en su conjunto de modo mayoritario. La huelga se convoca contra las medidas de reforma del CGPJ, las nuevas tasas judiciales, la reforma 'privatizadora' del registro civil, entre otras medidas, junto a la privación de medios y personal suficientes para la Justicia. Todo ello supone privar a este poder de su capacidad para luchar contra la corrupción, denuncian los convocantes.

Los portavoces judiciales han considerado hoy que la reforma del CGPJ implicará que el Gobierno se arrogue para sí el gobierno de los jueces, lo que supone una crisis institucional que cuestiona la separación de poderes y la independencia judicial, en palabras de Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia.

Respecto a las tasas judiciales, que imponen pagos por acceder a la jurisdicción civil a los ciudadanos, y no solo a las organizaciones o empresas (como sucedía hasta la reforma), jueces y fiscales han señalado que el número de litigios parece haber descendido desde su aprobación en un 25%.

Esto supone que ese número de ciudadanos no ha podido acceder a la tutela judicial, lo que es un precio demasiado alto para evitar el colapso de los tribunales, han expresado, antes de pedir que una solución alternativa, como serían más medios personales y materiales.

Esto se concreta, entre otros puntos, en que no se supriman los jueces y fiscales sustitutos.