Publicado: 01.12.2014 14:13 |Actualizado: 01.12.2014 14:13

Juristas denuncian "reparto de cromos" en las presidencias de las Audiencias Provinciales

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La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial -integrada por jueces, fiscales, abogados y otros profesionales jurídicos- ha creado un observatorio para comprobar las designaciones de la cúpula judicial que realiza el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Y el primer informe, al que ha tenido acceso Público, centrado sólo en los nuevos presidentes de las Audiencias Provinciales (AP) confirma que continúa el "reparto de cromos" de estos cargos discrecionales.

De esta manera, el informe denuncia la designación irregular de los nuevos presidentes de las Audiencias de Albacete y Vizcaya, al tiempo que confirma que todos los cargos han ido a parar a miembros de dos asociaciones, Jueces por la Democracia y la Asociación Profesional de la Magistratura, cuando suponen sól el 30% de los más de 5.000 jueces que hay en España.

La reforma del CGPJ impulsada por el exministro Alberto Ruíz-Gallardón utilizó como bandera para recortar las competencias de este órgano constitucional que ambas asociaciones se repartían los cargos. Tras la reforma, este informe confirma que el nuevo Consejo presidido por Carlos Lesmes (coautor de la reforma) continúa en la misma línea que hasta ahora. La plataforma aprovecha para denunciar "falta de transparencia" por la ausencia de datos como la afiliación aosciativa de los candidatos designados para el puesto.

El informe se lamenta de que los candidatos perjudicados por estas prácticas "renuncien a recurrir los concursos alegando desanimo, falta de motivación y de fe" en que cualquier tipo de reclamación pueda prosperar. Todo ello a pesar de que el informe afirma que dos presidencias de Audiencias Provinciales fueron designadas "sin atender a los criterios establecidos en el reglamento que regula dichas plazas".

Los cargos de designación que elige el CGPJ se rigen por el reglamento 1/ 2010 que regula la provisión de plazas por nombramiento discrecional en los órganos judiciales. En él se fijan una serie de méritos que se ponderan de cara a establecer un criterio lo más objetivo posible a la hora de decidir quién ocupa la plaza. Entre estos méritos se encuentran el tiempo de servicio activo en la carrera judicial, resoluciones judiciales de especial relevancia o la participación en órganos de gobierno del Poder Judicial, entre otros.

En el primer caso denunciado, el de la AP de Albacete, la plataforma asegura que el CGPJ "ha elegido al único candidato que carecía de méritos específicos para la plaza", al contrario que los otros dos concurrentes a la misma. "Se ha elegido al candidato con menos tiempo de servicio activo en la carrera y al candidato que carecía por completo de experiencia en órgano colegiado", se lamentan. En el documento se puede observar cómo los otros dos candidatos tienen 38 y 26 años de experiencia, mientras que el candidato elegido cuenta con 16.

En el caso de la AP de Vizcaya, no hubo candidatos en la primera convocatoria. En la segunda se presentaron dos. El informe señala que la labor docente e investigadora reflejada por la adjudicación no aparece en el curriculum del candidato. El informe concluye a este respecto que el otro candidato tiene "mayor antigüedad en la carrera, experiencia en ambas jurisdicciones tanto en órganos unipersonales como colegiadosy es Presidente de sección".

El informe añade a lo anterior la denuncia del acaparamiento por parte de dos asociaciones, Jueces por la Democracia y la Asociación Profesional de la Magistratura, que "representan el 30% del colectivo judicial". Todos los candidatos elegidos para presidir las AP forman parte de estas dos asociaciones.

Además, la plataforma denuncia que el sistema de transparencia "no garantiza el libre acceso de cualquier aspirante a las convocatorias". "La filiación asociativa de los jueces que componen la cuota judicial del Consejo, les permite asegurar los nombramientos de sus afiliados,sin que ello figure públicamente", aseguran, lo que permitiría a otros miembros de esas asociaciones conocer las convocatorias de forma privilegiada.

El informe íntegro al que ha tenido acceso Público