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Los tripulantes del yate del rey estaban cedidos ilegalmente a Patrimonio

El Tribunal Superior de Balears condena al Estado y a la empresa cesionaria a indemnizar con 1,2 millones a los diez trabajadores por despido improcedente

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La entidad pública Patrimonio Nacional se valió durante años de la cesión ilegal de diez trabajadores para formar la tripulación y ocuparse del mantemiento del yate 'Fortuna', que disfrutó el rey Juan Carlos hasta el pasado mes de mayo. Así lo establece el Tribunal Superior de Justicia de Balears en una sentencia que condena a la empresa cesionaria, Unión Naval Valencia S.A., y a Patrimonio --es decir, al Estado-- a indemnizar de forma solidaria con 1,23 millones de euros a los diez trabajadores afectados, por haber sido objeto de un despido improcedente. 

En los hechos probados, la sentencia señala que, el 11 de junio de 2013, un mes después de que el rey acordara renunciar al uso del yate, Patrimonio Nacional, al que había sido donado el barco, comunicó a Unión Naval  que daba por finalizado el contrato de mantenimiento del 'Fortuna', que tenían suscrito desde el 21 de junio de 2011.

El 28 de junio de 2013, la empresa inició un ERE que concluyó sin acuerdo y por el que extinguió la relación laboral de los diez trabajadores. La justificación es que tras la finalización del cntrato de mantenimiento con Patrimonio no los podía recolocar ya que carecía de otra actividad.

Los trabajadores afectados por el expediente habían venido prestando sus servicios en el yate Fortuna, como tripulación, para las anteriores empresas adjudicatarias del servicio de mantenimiento suscrito con Patrimonio Nacional, de quien dependían funcionalmente y que aprobaba el presupuesto anual de funcionamiento del barco, incluida la masa salarial.

Así, según declara probado la sentencia, los diez trabajadores afectados por el ERE prestaban sus servicios, 'sin solución de continuidad', para Patrimonio Nacional, en labores de mantenimiento y reparación del 'Fortuna', en dos de los casos con antigüedad de 1981, es decir, de más de 32 años, y el que menos desde el año 2003.

La Sala Social del TSJ de Balears considera probado que hubo una 'cesión ilegal de trabajadores' prevista en el artículo 43.3 del Estatuto de los Trabajadoers, por parte de la empresa adjudicataria de la contrata de mantenimiento del yate a la entidad pública Patrimonio Nacional, como titular del centro de trabajo.

¿Por qué? Porque 'la contratación de los trabajadores afectados por el expediente de regulación de empleo por parte de la empresa Unión Naval Valencia S.A. , como de las anteriores empresas adjudicatarias que le precedieron, era meramente formal, poniendo a dichos trabajadores, como tripulantes del yate, a disposición de Patrimonio Nacional, quien aprobaba el presupuesto anual de funcionamiento del barco, incluida la masa salarial de los mismos, bajo cuyo círculo organizativo prestaban sus servicios, prestando sus servicios por cuenta y dependencia de dicho orgamismo público'.

Por ello, estima la demanda de los trabajadores y considera su despido improcedente, condenando a Unión Naval Valencia y Patrimonio Nacional al pago solidario de las indemnizaciones, que oscilan entre 54.964 euros y 185.802, y que arrojan una cifra total de 1.235.441 euros. La condena solidiaria supone que si la empresa adjudicataria no puede hacer frente al pago de la mitad del dinero, tendrá que hacerlo Patrimonio por la totalidad. No obstante, ambas partes tienen aún opción de plantear recurso de casación ante el Tribunal Supremo, ya que la sentencia no es firme.

El rey renunció al uso del fortuna el pasado mes de mayo y pidió a Patrimonio que iniciase las gestiones para la desafectación del bien, que había sido donado al monarca por un grupo de empresarios de Baleares. El yate actual databa del año 2000, aunque sustituyó a otra embarcación del mismo nombre.