MADRID. - La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha remitido al magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que instruye el caso de la trama Púnica, nuevos datos que señalan al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez y a la senadora Pilar Barriero, según cuenta el periódico de La Verdad de Murcia.

La UCO, que impulsa la investigación contra el jefe del Ejecutivo murciano, ha entregado al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional tres documentos que han sido encontrados en las oficinas de Eico On Line y Madiva, empresas que pertenecen a Alejandro de Pedro, uno de los líderes de la trama Púnica.

Según la denuncia de la Guardia Civil tanto el presidente de la comunidad como la senadora y anterior alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, habrían contratado presuntamente los servicios de las empresas de Alejandro para mejorar su reputación personal en Internet y que iban a ser pagados con fondos públicos.

La UCO señala como indicios las constantes llamadas y reuniones que mantuvieron tanto Pilar como Sánchez con el empresario, además de los documentos de las empresas, presentados como "informes preventa" y que certifican esta operación para el lavado de imagen.

Para la Guardia Civil estos nuevos documentos "confirman con datos objetivos la aceptación de los servicios ofertados por Alejandro de Pedro a Pilar Barreiro y Pedro Antonio Sánchez, así como los primeros pasos para materializarlos, como son pasar la hoja de requisitos y la oferta en los términos acordados en la reunión", recoge La Verdad.

En este sentido, la UCO señala a nuevos empleados de las empresas de De Pedro que también estarían vinculados a la trama. Aparte de Francisco Javier Bueno, se señala a Sara Gargallo y María José Gutiérrez.

La implicación del presidente de la Región de Murica en la operación Púnica se remonta a mayo cuando la Guardia Civil pidió que se investigara a Sánchez por presuntos delitos de malversación de caudales públicos y fraude a la administración.

Para los agentes esos contratos se llevaron a cabo en 2014 y fueron abonados con dinero público, cuando el pago debió asumirlo el Partido Popular. Se trata de una situación similar a la del exconsejero de Presidencia madrileño, Salvador Victoria, a quien los contratos con De Pedro le costaron la carrera política.

El caso 'Auditorio'

No es la única trama de corrupción en la que se ha visto envuelto Pedro Antonio Sánchez. La jueza del Juzgado de Instrucción número 1 de Lorca, Consuelo Andreo, remitió a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) una exposición razonada del caso 'Auditorio', al considerar que existe responsabilidad penal del presidente de la Región en las obras de construcción y entrega de esta infraestructura de Puerto Lumbreras cuando era alcalde del municipio.

Los presuntos delitos que se le atribuyen en este caso, y que aparecen reflejados en el auto presentado, son los de prevaricación continuada, malversación, fraude y falsedad en documento oficial o público.