La portavoz de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) en el Congreso, Rosa Díez, ha acusado este miércoles a PP, PSOE, CiU, IU-ICV-CHA, PNV y UPN de 'burlarse' del sistema democrático con el reparto de la 'tarta' del Consejo General del Poder Judicial, mediante el acuerdo alcanzado para la renovación de sus miembros.

En rueda de prensa en la Cámara Baja, Díez ha tachado de 'absolutamente vergonzoso' que los firmantes de ese pacto contribuyan una vez más a que España no haya una Justicia independiente. 'Se empieza por la universalizar al máximo los aforamientos y se termina por controlar a los jueces del Tribunal Supremo', ha denunciado.

A su juicio, el hecho de que los partidos hagan 'todo' por nombrar a los jueces no sólo evidencia un país con una Justicia politizada, sino que además demuestra que se 'burlan' de la democracia. '¿Cómo vamos a acabar con la corrupción si los propios partidos nombran a los jueces que pueden acabar juzgándoles?', ha planteado.

Pero, para la líder magenta, lo peor es que las fuerzas políticas que contribuyen a este reparto del 'pastel' 'ya ni disimulen'. 'Tienen interiorizado que el país es de su propiedad, que se reparten la tarta porque es suya y de que controlar el Estado es controlar la Justicia', ha criticado.

Dicho esto, Rosa Díez se ha centrado en cargar contra el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, al que ha reprochado que prometiera una reforma en el sistema de elección de los miembros del CGPJ con el argumento de que el vigente 'perturbaba' el espíritu de la Constitución y, sin embargo, ya haya cambiado de criterio. El cambio que propugnaba el PP en su programa es que los 12 vocales del Consejo de extracción judicial fuesen elegidos por los propios jueces y no por las Cortes, lo que ha sido incumplido por el Ejecutivo.

Lo único que Rosa Díez ha agradecido a Gallardón es que en el debate de la reforma del Consejo del Poder Judicial en el Pleno del Congreso reconociera que el único partido que había presentado una enmienda a la totalidad era UPyD.

Y es que, según ha defendido su portavoz, su partido es el único que está en contra de reparto de la tarta de ésa y otras instituciones democráticas porque considera que las fuerzas políticas 'no tienen derecho' a tener ningún miembro en los mismos y porque cree 'en la separación de poderes'.

El portavoz de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) en el Congreso, José Luis Centella, ha defendido este miércoles el sorprendente giro copernicano que dió su formación en relación a este asunto, ya que pasó de criticar con dureza las negociaciones del PSOE y el PP y el reparto de puestos en el Consejo, a firmar el pacto al obtener uno de los vocales.

Centella ha destacado que, gracias a la entrada de IU en el acuerdo parlamentario sobre los candidatos para el Consejo General del Poder Judicial, (CGPJ) habrá 'voces críticas' dentro del órgano de gobierno de los jueces.

En una rueda de prensa en la Cámara Baja, Centella ha justificado su pacto con PSOE, PP, CiU y PNV alegando que su formación sólo aceptó participar en el acuerdo una vez que pudo proponer a su candidata Concepción Sáez, de 'forma autónoma e independiente' y sin tener que utilizar el cupo del PSOE o de cualquier otro grupo para hacerlo.

Por la mañana, Izquierda Plural descalificó por 'oscurantista' la negociación liderada por PP y PSOE pero a última hora se sumó al acuerdo proponiendo su candidata. Según explicó el coordinador federal de IU, Cayo Lara, en ese intervalo hubo una llamada del ministro Alberto Ruiz Gallardón pidiéndoles que se sumaran con un nombre.

'Una vez que se había roto la dinámica del bipartidismo, lo ilógico hubiera sido que no hubiéramos hecho ninguna propuesta', ha explicado Centella, congratulándose de haber podido contribuir a que en el próximo CGPJ haya 'voces críticas, distintas a la de las mayorías parlamentarias'.

Tras destacar que su formación es partidaria de que los miembros del órgano de gobierno de los jueces, Centella ha recordado que, en cualquier caso Izquierda Plural sigue sin estar de acuerdo con el nuevo modelo de CGPJ, surgido de la reforma promovida por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.