'¿Qué actuaciones piensa llevar a cabo el ministro del Interior [Jorge Fernández Díaz] para resarcir a la persona sobre la que se ha ejercido un caso de mobbing?' Esta es una de las preguntas que el grupo parlamentario de UPyD ha registrado de nuevo en el Congreso de los diputados para instar al Gobierno de Mariano Rajoy a explicar su responsabilidad en el caso de Jaime Nicolás Muñiz, el alto funcionario del Ministerio del Interior que fue acosado laboralmente por sus superiores durante más de año y medio.

Así lo determinó recientemente la Audiencia Nacional que, aunque desestimó el recurso del empleado público, sí reconoció que había padecido 'una violencia psicológica, de forma sistemática y recurrente y durante tiempo prolongado' al verse obligado a asistir a su puesto de trabajo sin que nadie le encargara ninguna labor durante los 18 meses que transcurrieron entre su vuelta al citado Ministerio tras haber ocupado un cargo público y el momento en el que denunció su situación en el juzgado.

En una primera ocasión, el citado tribunal también desestimó la denuncia de Nicolás Muñiz, a pesar de que reconocía que 'no se justifican situaciones como la analizada [...] con inevitables consecuencias en el derecho al cargo y a la dignidad profesional' e incluso lamentaba el derroche que suponía para las arcas del Estado el mantener a un funcionario de nivel 30 -el máximo- sin funciones, 'más aún en la situación de crisis actual'.

En aquel momento, la diputada y líder de la formación magenta, Rosa Díez, ya preguntó al Gobierno, también a través de la Cámara baja, por esta situación. La portavoz de UPyD exigía al Ejecutivo explicaciones sobre cómo pensaba 'depurar responsabilidades' por la creación de un puesto de trabajo —vocal asesor de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado (GIESE)— sin haberlo dotado de contenido.

El equipo de Rajoy entendió que, al haber sido desestimada la demanda, poco más había que aclarar por su parte. 'La creación de un puesto de igual nivel y similar retribución en favor de aquellos funcionarios que, procediendo de la situación administrativa de servicios especiales, soliciten el reingreso al servicio activo, viene impuesta por el ordenamiento jurídico vigente', se limitó a argumentar.

Ahora que la Audiencia ha dictaminado una contundente conclusión sobre el bossing (acoso laboral ejercido de jefes a empleados) padecido por Jaime Nicolás, UPyD vuelve a exigir explicaciones al Ejecutivo y, especialmente, a Fernández Díaz. '¿Continúa el Gobierno negando la existencia de mobbing en el departamento de Interior?' y '¿Piensa el ministro asumir su responsabilidad en este asunto?' son las otras preguntas que complementan el escrito registrado en el Congreso. Ahora queda por ver si el Gobierno responde con claridad, esta vez, a lo que se le pregunta.