El duque de Palma, Iñaki Urdangarin, advierte de que podría acudir al Tribunal Constitucional por haberse vulnerado su derecho de defensa, en el escrito en el que recurre la fianza de 8,1 millones impuesta por el juez que investiga el desvío de fondos del Instituto Nóos.

En el recurso, la defensa de Urdangarin pide al juez instructor que retire la fianza de 8,1 millones que se le ha impuesto a él y a su exsocio Diego Torres, aunque la impugnación no paraliza el plazo para hacer efectiva la suma exigida, que precisamente termina este miércoles.

El abogado del duque de Palma argumenta en su escrito que durante la instrucción del caso se ha vulnerado el derecho de defensa de su cliente, hasta el punto de que 'no sabe de qué hechos o delitos debe defenderse de manera concreta y precisa'. 'Esa vulneración del derecho de defensa recogido en el artículo 24.2 de nuestra Constitución se denuncia aquí y ahora, a los efectos de que pueda continuar siendo invocado, en el momento procesal oportuno, ante la sala de la Audiencia Provincial de Baleares y, en su caso, ante el Tribunal Constitucional', advierte el recurso.

Para la defensa de Urdangarin, la instrucción de la causa se está 'rellenando con nuevos delitos a medida que el tiempo va pasando, orillándose los principios de acusación y contradicción básicos en el procedimiento penal, vulnerándose los consiguientes derechos de defensa y de tutela judicial efectiva, protegidos por la Constitución Española'.

Pero además, Urdangarin considera que en el caso de que finalmente devenga firme esa fianza, se vería abocado a un 'injusto empobrecimiento' y se produciría un 'enriquecimiento injusto' para los beneficiarios de la anterior cantidad. Porque según la defensa del duque, éste se vería 'abocado a garantizar a favor de terceros importes que previamente se han abonado tanto a la Hacienda pública como a proveedores y trabajadores relacionados bien con los Congresos de Baleares, bien con los de Valencia'.

'Se insiste en la convicción y postura procesal de que a mi mandante no se le debe aplicar fianza alguna de responsabilidad civil provisional derivada de la imputación de determinados delitos', asevera el letrado Mario Pascual Vives, quien recuerda que del Instituto Nóos 'sólo percibió la sociedad Aizoon -de la que Urdangarin es copropietario al 50 por ciento junto a la Infanta Cristina-, durante los años 2004 y 2005, el importe bruto total de 706.932 euros'.

A juicio del letrado, la cantidad decretada 'resulta desproporcionalmente excesiva' y, en caso de resultar la definitiva, 'supondría que ninguna de las facturas emitidas por los responsables de las diferentes sociedades y asociación afectadas y aportadas por la defensa de don Diego Torres, y pagadas a terceros, no se computasen, descontándose de la anterior cantidad'.