Publicado: 02.07.2015 08:04 |Actualizado: 02.07.2015 10:41

Urtasun promete quemar hasta el último cartucho para desentrañar el escándalo del 'LuxLeaks'

El eurodiputado de ICV reúne en la Eurocámara a una decena de expertos para debatir sobre el acuerdo que usaron más de 300 multinacionales para pagar menos impuestos en Luxemburgo. Advierten de que el caso del Gran Ducado es sólo "la punta del iceberg" del trato de favor a las corporaciones.

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El eurodiputado de ICV Ernest Urtasun, en una imagen de archivo.

El eurodiputado de ICV Ernest Urtasun, en una imagen de archivo.

BRUSELAS.- Eran corporaciones con beneficios multimillonarios, pero proporcionalmente pagaban menos impuestos que cualquier ciudadano que cobre el salario mínimo. Siete meses después del escándalo del LuxLeaks, frustrada la comisión de investigación que pedían algunos grupos de la Eurocámara, 45 eurodiputados trabajan en el comité especial que desentraña el caso de las más de 300 multinacionales que lograban pagar menos impuestos gracias a su acuerdo con el Gran Ducado.

Hacen lo que pueden por desentrañarlo, pero su acceso a los documentos es limitado, y han pedido prorrogar la vida de este comité especial hasta finales de año -teóricamente no podía durar más de seis meses- para hacer un informe "sobre qué ocurrió con LuxLeaks y las recomendaciones políticas necesarias para evitar algo así", como asegura a Público el eurodiputado de ICV en la Eurocámara, Ernest Urtasun. "Queríamos una comisión de investigación y los otros grupos la vetaron. El comité especial puede exigir menos información, pero si no sacamos adelante el informe volveremos a pedir una comisión de investigación", explica.



El grupo de Los Verdes / ALE al que pertenece el parlamentario de Iniciativa per Catalunya Verts y el de la Izquierda Unitaria Europea (GUE/ NGL), en el que se integra Paloma López, organizaron este miércoles un encuentro sobre la evasión y la elusión fiscal, y sobre el escándalo que salpicó de lleno al país que en su día gobernó el actual presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, hasta que se vio obligado a dimitir salpicado por un caso de espionaje. En Bruselas, a escasos centenares de metros de la sede del Europarlamento, expertos, representantes de ONGs e incluso de las instituciones comunitarias celebraron un par de mesas redondas sobre un caso que, a juicio de Tove Ryding (Euradad) apenas "es la punta del iceberg del problema". "Sabemos lo que sucede en este país, pero eso no quiere decir que esto sea sólo un problema de Luxemburgo", razona.

Acuerdos como el de Pepsi, Ikea y otras tantas empresas con el Gobierno del Gran Ducado permiten a las corporaciones tributar a tipos por debajo incluso del 1%, y Juanjo Cordero (Sustentia) explica que el impacto de estos pactos -tax ruling- "van más allá del impacto estrictamente económico, y también pueden originar casos de competencia desleal".
Sin embargo, y mientras el Parlamento "hace un gran trabajo" para desvelar estos casos -a juicio de Ryding-, la Comisión "trata los síntomas sin curar la enfermedad". La CE reaccionó al escándalo poniendo dos paquetes de iniciativas sobre la mesa, pero en opinión de la representante de Euradad esto no es suficiente: "No parece como si fuera un intento claro para luchar contra el fraude fiscal", apostilla.

"Tampoco introducen protección para las personas que sacan a la luz escándalos, porque el secreto empresarial es algo que hay que preservar", critica Fabio de Masi, del GUE, apoyado por su compañera de Los Verdes Molly Scott: "Creo que hay que señalar con el dedo a los países que incurren en estas prácticas, que es lo que deriva precisamente en la evasión fiscal", apostilla, recordando que el Parlamento no tiene competencias en materia de impuestos, por lo que sólo pueden mantener el nivel de presión social para forzar a Bruselas a aplicar cambios.

Al otro lado del ring, la Comisión saca pecho por los avances logrados y recuerda que muchas de las estructuras utilizadas por las empresas "cumplen con la legislación en vigor, y esto hace que sea difícil" luchar contra ellas, como explica Jan Ceyssens. Bruselas se escuda en la complejidad de la situación -"no es que no hagamos nada, es que hay mucho que hacer"-, pero al mismo tiempo reconoce que hay que endurecer la normativa e introducir "códigos de conducta más estrictos".

Evasión y elusión fiscal

"Cuando hablamos de fiscalidad hablamos de desigualdad", denuncia Paloma López, europarlamentaria de IU. La diputada explica que, a diferencia de la evasión fiscal, que puede ser "penada y castigada", la elusión fiscal "entra dentro de los márgenes legales: también lo llaman ingeniería fiscal. Las empresas aprovechan muy bien ambas, pero sobre todo trabajan la ingeniería fiscal", alerta.

"El que más tiene menos paga y más legalmente lo esconde", denuncia un técnico de Hacienda

"El que más tiene menos paga, y más legalmente lo esconde", apostilla Miguel Ángel Mayo, de Gestha. Junto a su compañero del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda José María Molinedo Mayo apunta que cada año el Estado deja de ingresar en torno a 88.000 millones de euros por fraude fiscal, y el grueso de esta cantidad corresponde precisamente a lo que no pagan las corporaciones. Susana Ruiz (Oxfam) recuerda que el tipo teórico de las grandes empresas está en torno al 30%, aunque los datos oficiales reconocen que el efectivo no supera el 5,3% de media, menor al que soportan la mayoría de trabajadores.

Mientras tanto, la inversión española en paraísos fiscales creció un 205% entre 2013 y 2014. Paradójicamente España ya es el segundo inversor en España -tras pasar el dinero por paraísos fiscales-, 34 de las 35 empresas del Ibex35 tienen empresas en paraísos fiscales, y un 56% de la inversión que llega a nuestro país proviene de uno de ellos, siempre según los datos de Ruiz.

Con estos números sobre la mesa, Rober Gonpane (ATTAC) pide a los partidos que metan estos temas en la agenda política, porque acabar con estas situaciones está en manos de las instituciones españolas y europeas, aunque estas no siempre hagan todo lo posible por lograrlo.