Publicado: 19.09.2016 16:48 |Actualizado: 19.09.2016 16:49

Velasco delimita la pieza de la trama Púnica en León al expresidente de la Diputación y cinco investigados más

El juez se centra en las 'deudas de favor' creadas entre políticos leoneses y el ´conseguidor´de la red. Alejandro de Pedro mejoraba la imagen de ellos en Internet y en las redes sociales y, más adelante, conseguía contratos públicos supuestamente irregulares. 

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El presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez, en el momento de su detención por la Guardia Civil. EFE

El presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez, cuando fue detenido en la Operación Púnica. EFE

MADRID.- El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha conformado la pieza sobre la trama Púnica en León con 6 investigados (imputados), entre ellos el expresidente de la Diputación de León Marcos Martínez y el alcalde de Puebla de Lillo (León), Pedro Vicente Sánchez, por la contratación de servicios para beneficio personal con dinero público.

Además de a Martínez y a Sánchez, el juez de la Audiencia Nacional ha acordado este lunes en un auto incluir en la denominada pieza 2 los negocios de la trama con administraciones públicas en León. En dicha pieza incluye como investigados ​al interventor de la Diputación de León Jesús Manuel Sánchez, al exalcalde de Cartagena (Murcia) José Antonio Alonso Conesa y al considerado conseguidor de Púnica Alejandro de Pedro, contra cuyas empresas EICO y Madiva también procede Velasco por un delito de cohecho.

Se trata del paso previo al procesamiento (transformación de las diligencias en procedimiento abreviado), tal y como ya hizo Velasco con la pieza 1 relativa al "chivatazo" por el que se alertó de las investigaciones sobre esta trama de corrupción al exconsejero madrileño Francisco Granados, considerado cerebro de la Púnica y único de los imputados que permanece en prisión desde su detención hace casi dos años.

Deudas de favor y relaciones de confianza

De todo lo investigado sobre León, el juez central de instrucción número 6 ha deducido que Alonso Conesa y De Pedro, a través de EICO y Madiva, "realizaban trabajos de reputación en internet para autoridades y cargos electos que generaban una deuda a su favor que más tarde se sufragaba por esos cargos por procedimientos irregulares".

Según el juez, "esta manera de proceder les permitía no solo obtener un lucro económico directo, sino también acceder a una relación de confianza con las autoridades públicas que les daba acceso a una red de contactos que les facilitaría acceder a contratos públicos para sí o para terceros".

Con el objeto de consolidar su cargo, Marcos Martínez, que accedió a la Presidencia de la Diputación de León tras el asesinato de Isabel Carrasco, acudió a los servicios de De Pedro y a la asesoría de Conesa, relata el auto.

A esto añade el juez la existencia de "un interés mutuo" en diversos contratos públicos vinculados a la estación de esquí de San Isidro consistentes en la mejora y explotación de las pistas de esquí y para la gestión de las cafeterías El Rebeco y Pico Agujas.

Por un lado, Martínez podría presentar este proyecto de inversión como un logro de cara a las elecciones, y, por el otro, De Pedro y Conesa obtenían la retribución que ello suponía para sus empresas.

En esta operación de promoción de la estación de esquí participaron además el alcalde de Puebla de Lillo Pedro Vicente Sánchez y el interventor de la Diputación Jesús Manuel López.

La relación data de la época de Carrasco, la presidenta asesinada

Velasco indica que el procedimiento adecuado para adjudicar todos estos servicios hubiera sido la convocatoria de un procedimiento de contratación pública o hacer uso del gabinete de prensa del que dispone la Diputación, "más aún cuando la relación de servicios no ha sido episódica sino que se remonta al periodo" en el que la presidía Carrasco, destaca el auto.

Por todo ello, el juez mantiene como investigado a Marcos Martínez, que estuvo dos meses en prisión tras ser detenido en la operación Púnica, por los delitos de fraude, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, revelación de información reservada y malversación de caudales públicos.

Por su parte, a De Pedro y a Alonso Conesa se les considera responsables de fraude, cohecho, aprovechamiento de información reservada y malversación de caudales públicos.