La vicepresidenta del Gobierno catalán, Joana Ortega, ha abierto hoy la puerta a aplazar la consulta soberanista del 9 de noviembre en el caso de que el Estado la vete, y ha precisado que se buscará una nueva fecha para que los catalanes se pronuncien sobre su futuro, aunque no ha concretado la fórmula.

En declaraciones a RAC1, Ortega ha insistido en que la consulta debe ajustarse a la legalidad para que el proceso sea 'impecable', por lo que ha dejado la puerta abierta a aplazarla si el Estado recurre ante el Tribunal Constitucional el decreto de convocatoria de la consulta.'Yo trabajo por este 9 de noviembre, y si no, habrá otro 9 de noviembre (...). No le puedo decir si será en febrero, pero un recurso no mata nada -el proceso soberanista-, lo aplaza, no mata el ansia de los catalanes de votar. (...) Se aplaza el proceso, pero el anhelo sigue vivo', ha explicado la número 2 del Govern.No obstante, Ortega no ha concretado cuál sería la fórmula para que los catalanes puedan pronunciarse sobre su futuro político, o bien fijando una nueva fecha para la celebración de la consulta soberanista o bien en forma de elecciones plebiscitarias.

La vicepresidenta ha criticado de nuevo que el Estado esté 'judicializando' un proceso 'político' como el de Catalunya, y ha reiterado que desde el Ejecutivo catalán las cosas se están haciendo con 'transparencia', 'rigor', 'pulcritud' y buscando el diálogo con Madrid para poder acordar la celebración de la consulta.'El Gobierno hace del frentismo su forma de actuar, tienes una pared que te rebota y te impide cualquier tipo de negociación', ha lamentado la vicepresidenta.

Por otro lado, la vicepresidenta catalana defiende que el expresidente Jordi Pujol, dé explicaciones en el Parlament tras confesar que ha tenido dinero en el extranjero sin regularizar, aunque se ha mostrado reticente a una comisión de investigación que ve como un 'arma política'.

'Yo creo que en este mundo es importante dar la cara, y también es importante que la justicia actúe' y que 'no se politicen los procesos judiciales', ha dicho Ortega en la misma entrevista al responder sobre si Pujol deber comparecer en el Parlament como ha pedido la oposición.

No obstante, Ortega ha expresado sus reticencias a una comisión de investigación en la cámara catalana al entender que estas sirven para 'encarnizarse' en las personas, buscan 'erosionar a los adversarios' y se utilizan como 'arma política'.Asimismo, la número dos del Govern ha reconocido que la confesión de Pujol ha generado una 'tristeza absoluta' y una situación de 'duelo colectivo'

El portavoz adjunto de ERC en el Congreso, Joan Tardà, expresó su malestar por las palabras de la vicepresidenta Ortega respecto a un posible aplazamiento del referéndum en el caso de que sea ilegalizado por el Tribunal Constitucional.

'Oigo a la consellera Ortega (...) y pienso que este Govern ha decidido suicidarse', ha escrito Tardà en un apunte de su cuenta en Twitter. En otro mensaje, el diputado independentista agregó que es una 'irresponsabilidad a tener en cuenta algún día' que Ortega haga estas declaraciones con el objetivo de 'desmovilizar'.

En este sentido, y en un tercer comentario en su cuenta de Twitter, Tardà ha agregado: 'que quede claro: todo, todo, dependerá de la movilización popular, tanto la del 11-S (Diada) como la del 9N'.

Por su parte, el portavoz de ERC en el Congreso, Alfred Bosch, ha replicado a la vicepresidenta del Govern de Catalunya, Joana Ortega, que la voluntad del pueblo catalán expresada democráticamente 'pesa mucho más' que las decisiones del Tribunal Constitucional (TC), y ha alertado de un posible 'divorcio' con la sociedad.

La portavoz del PSC, Esther Niubó, considera que las declaraciones de la vicepresidenta Ortega responden a 'una posición sensata' que coincide con lo que los socialistas catalanes mantienen 'desde el primer día': 'la consulta sólo se podrá celebrar si es legal y fruto del acuerdo entre gobiernos'.

A juicio de Niubó, si el Govern sigue 'el camino del PSC, recuperará el sentido común; seguir a ERC le conduce al precipicio'.

Las declaraciones de Ortega revelan, en opinión de Niubó, que el Govern está tomando consciencia de que la consulta, planteada en los términos actuales, no se puede celebrar.