Publicado: 21.03.2016 22:23 |Actualizado: 21.03.2016 23:10

Villarejo aborta la maniobra de Interior para sancionarle por el caso de Ignacio González

El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, abrió una información reservada contra el comisario tras su declaración judicial por el ático del ex presidente de la Comunidad de Madrid. Pero los servicios jurídicos han decido que no es conveniente al estar “judicializado”

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El comisario de Policía, José Manuel Villarejo Pérez, trata de ocultar su rostro a la salida de los juzgados de Estepona (Málaga), donde declaró por el ático del expresidente madrileño, Ignacio González. EFE

El comisario de Policía, José Manuel Villarejo Pérez.- EFE

El 2 de febrero el comisario José Manuel Villarejo manifestó ante el juzgado de Estepona (Málaga) que instruye el caso del ático del ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, que el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, le había coaccionado en 2011 para dejar de investigar al líder del Partido Popular madrileño.

Supuestamente, Villarejo conocía en ese momento que la propiedad había sido pagada con el dinero de un presunto soborno cobrado por recalificar unos terrenos en Arganda del Rey a favor de la constructora Martinsa Fadesa. El dinero habría llegado al González a través de una sociedad radicada en un paraíso fiscal y gestionada por un testaferro profesional que también trabajaba con el empresario Enrique Cerezo. Pero Cosidó le presionó para dejar de investigar y él no denunció ante ningún juzgado, siguió siendo personal de confianza del número dos de la Policía, el comisario Eugenio Pino.



La de este febrero era una acusación muy grave e Ignacio Cosidó se decidió a tomar cartas en el asunto contra el “agente encubierto”, según fuentes policiales, solicitando a los servicios jurídicos de la Policía que estudiaran la posibilidad de abrirle una información reservada –una investigación preliminar- y también reactivó el expediente que ya estaba abierto por insultar a dos comisarios que habían investigado al comisario Villarejo y que ahora se encuentra a espera de sanción.

Aunque el comisario lleva dejando caer este asunto del ático desde hace un año en diferentes escritos, en esta ocasión el dedo acusador apuntaba directamente y en sede judicial al máximo dirigente policial, que lleva todo ese tiempo sin pronunciarse sobre la crisis en la cúpula de la Policía. Sin embargo los servicios jurídicos han determinado que no es conveniente que se investigue al comisario por este asunto, explican fuentes cercanas a la cúpula policial, porque “esta judicializado y es el juzgado quien tiene que decidir si se investiga y después si es o no cierto que existieron esas presiones para que no se investigara”.

El caso “esta judicializado y es el juzgado quien tiene que decidir si se investiga"

También hace un año, cuando se hizo público el patrimonio multimillonario del comisario, Interior abrió una investigación sobre la compatibilidad de sus actividades públicas y privadas que salió favorable a Villarejo. Incluso el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, de quien el agente encubierto podría tener cuantiosa información sobre su etapa como líder del PP catalán, realizó diferentes manifestaciones alabando “los grandes servicios para España” llevados a cabo por el policía.

Diferentes fuentes policiales consultadas destacan a Público que “es sorprendente que ahora se tome a esta decisión cuando al comisario Jaime Barrado se le suspendió de empleo y sueldo por un asunto que estaba judicializado, precisamente relacionado con el comisario Villarejo y algunos de sus abogados, y que finalmente ha sido desestimado por la Justicia”. Es más, fue el Tribunal Superior de Justicia de Madrid quien obligó a la Policía a reincorporar al comisario Barrado, que fue destituido por investigar a Villarejo en el caso de la doctora Pinto y también en la operación Varma contra la mafia hindú.

Nuevas amenazas

La decisión de la Policía ha sido tomada después de que el comisario Villarejo remitiera al juzgado de Estepona un escrito en el que reiteraba que había tenido amenazas de “un miembro de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad” tras su declaración en el caso del ático de González.

El escrito se remitió el 3 de marzo, un mes después, y en él asegura que el día 1 recibió una llamada sobre las 11.30 horas, desde un número de teléfono de Madrid. La persona no se identificó, pero era “una voz masculina, algo grave, de un sujeto que podría tener de cuarenta a cincuenta años, quien en tono imperativo, aunque de usted y con un lenguaje propio de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, me ha transmitido una serie de mensajes que valoro como graves amenazas”. Público ha intentado contactar con ese teléfono pero siempre salta un fax.

El desconocido le instaba a que retirara “inmediatamente” su declaración sobre el ático relacionado con Ignacio González y que “el director señor Cosidó le coaccionó para que no investigara”. Además le ordenaba deshacerse de cualquier nota o documentos de la investigación.

Villarejo explica en ese mismo escrito al juez su respuesta al emisario: “Es usted compañero? Le advierto que no dude que voy a averiguar quién es usted y le puedo asegurar que nadie luego le va a proteger, ni usted va a poder alegar que lo hizo por obediencia debida”. La conversación apenas duró “un minuto y algo” y, según fuentes policiales, “pudo ser grabada por el comisario Villarejo que sabría perfectamente cómo identificar al interlocutor”.

Público desveló esta carta de Villarejo remitida al juzgado el pasado viernes y, según aseguraron fuentes policiales, “el director general desconocía que el comisario había remitido dicho escrito”. Tan sólo unos días después la información reservada a Villarejo ha desaparecido de la Policía.