Las lectoras de este diario quizás hayan recibido una llamada durante los últimos meses con la que se les ha pedido su participación en una encuesta de la Generalitat sobre violencia machista. Si así fuera, habrán tenido que responder a una retahíla de preguntas y relatar las agresiones machistas vividas durante su vida. Se trata de la Enquesta sobre violències sexuals de Catalunya de 2019, que tiene por objetivo conocer a fondo la situación de la violencia machista en el país para luchar en contra de ella desde la Administración pública.

El problema aparece cuando la encuesta pretende reproducir algunas de las situaciones contra las cuales, teóricamente, quiere luchar. Públic ha tenido acceso al cuestionario y ha podido hablar con algunas de las trabajadoras, que afirman que en el estudio falta perspectiva de género, relatan el duro impacto sobre las mujeres encuestadas y denuncian diversas vulneraciones laborales.

Hace unos meses, unas amigas de Marta y Laura, nombres ficticios, les reenviaron un mensaje difundido por el correo del máster de Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania de la Universitat de Barcelona (UB) en el que se les hacía llegar una oferta de trabajo: "GESOP SL busca integrar en su equipo habitual de trabajo a un grupo de mujeres que estén estudiando o hayan estudiado temas relacionados con las diferencias de género, violencia sexual o machista, para participar realizando encuestas por teléfono desde nuestras oficinas".

El trabajo, ofrecido por el Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP), al que el Departamento del Interior adjudicó la encuesta, consistía en hacer entrevistas telefónicas a 10.000 mujeres residentes en Catalunya preguntando sobre experiencias de violencia sexual: si les han insultado por su físico, si han recibido vídeos de contenido sexual sin su consentimiento, o situaciones de violencia física como tocamientos sexuales o las han violado. El cuestionario recoge hasta 21 supuestos de agresiones de diverso tipo, siempre perpetradas por hombres hacia mujeres.

Marta y Laura, ambas con formación académica especializada en género y con vínculos con el movimiento feminista, aceptaron el trabajo. Eran conscientes de que se trataba de un proceso duro, tanto para ellas como para las encuestadas, por eso les sorprendió que en la hoja de instrucciones repartido por las coordinadoras de GESOP se especificara que, si las encuestadas "empiezan a explicarnos su experiencia personal, más allá del cuestionario" tenían que decir que "no eran especialistas en el tema" y que "no podían hacer nada". Poco a poco empezaron a sospechar que las personas que había detrás del proyecto no habían tenido en cuenta el bienestar de ninguna de las mujeres implicadas.

Las mujeres entrevistadas solo son fuentes de información

Las sospechas de Marta y Laura se confirmaron al ver las preguntas. Y, sobre todo, poniéndolas en práctica. En primer lugar, el cuestionario plantea los 21 supuestos de agresiones y las encuestadas tienen que explicar cuántas veces los han vivido.
Problema número uno: la encuesta solo recoge las experiencias de violencia machista vividas a partir de los 15 años, tal como queda claro en la formulación de la pregunta.

"Una compañera recibió una llamada de una mujer que había sido violada cuando era menor de diez años varias veces y que, incluso, tuvo que abortar. Le tuvo que preguntar por los 21 supuestos de agresiones, la mayoría de los cuales había vivido, pero respondiendo no, porque todos ellos los había sufrido antes de los 15 años". Relata Laura que la entrevistada entró en una crisis de ansiedad por teléfono, y que su compañera, para no mantenerla así durante toda la encuesta, desobedeció las normas de las coordinadoras parando la encuesta y sacándola de la base de datos. "No le harás una encuesta de 30 a 40 minutos a una persona en este estado".

Este diario ha hablado con la metodóloga especializada en violencia machista e investigadora de la Universitat Pompeu Fabra Amalia Gómez, quien recuerda que la Organización Mundial de la Salud (OMS) fija recomendaciones para garantizar la seguridad, el respeto y el bienestar emocional de las mujeres: "Las encuestas de este tipo no se pueden gestionar, coordinar o ejecutar como si fueran encuestas de investigación de mercado o consultas sobre la intención de voto", explica Gómez.

La OMS establece que la encuesta tiene que estar diseñada para "reducir cualquier situación emocional que perjudique a la mujer": "Una encuesta como esta implica revivir emociones como miedo, angustia, humillación. También puede ser que la encuesta sea la primera oportunidad para hablar sobre un tema silenciado por la carga que supone", recuerda Gómez.

Además de las diversas agresiones, el cuestionario también incluye una batería de subpreguntas a responder en cada situación de violencia. Preguntas sobre cuándo pasaron los hechos, quién era el agresor, si hubo testigos o cómo estaba emocionalmente después de la agresión la entrevistada, entre otras. Laura, sin embargo, critica que tenerlas que repetir para cada agresión recogida era un trámite doloroso y sin sentido: "A mí me tocó recoger un caso de una violación grupal contra tres adolescentes, que las drogaron y las violaron durante 24 horas. Les hicieron muchas cosas que aparecían en la encuesta, y por cada una de ellas tuve que preguntar quién lo hizo, dónde, si había alguien... Yo ya conocía todos los detalles la primera vez que me lo explicó, no hacía falta. Claro, cuando te violan, no te violan y punto. Me sentía como un policía que estaba haciendo repetir y recordar todo continuamente".

Por otro lado, Laura y Marta también tuvieron que preguntar si habían cambiado la manera de vestir después de haber sufrido la agresión, o si parecía que "el agresor estaba bajo la influencia de drogas y/o alcohol", así como si ella también había consumido alguna sustancia. "Si tú no tienes ni idea de género o feminismo, y te preguntan si has cambiado la manera de vestir, entiendes que hay algún motivo para cambiar la manera de vestir. Es perverso", considera Laura. "Según la OMS, todas las preguntas tienen que estar formuladas de forma que la mujer sienta que le están apoyando y que no se sienta juzgada de ninguna forma. La elaboración de la encuesta exige muchos esfuerzos para que las mujeres, que ya han sufrido mucho, no se sientan culpabilizadas o estigmatizadas", recalca Gómez.

Públic no ha podido contrastar estas críticas con el Departamento del Interior, responsable de la encuesta, puesto que no ha atendido la petición de información de este diario.

Un ranking de productividad

Con todo, las dos trabajadoras explican varios casos en los que las encuestadas sufren una crisis por teléfono. Ellas, sin embargo, no solo no podían destinar más tiempo a atenderlas, sino que eran castigadas por "baja productividad" si lo hacían. Esto es lo que le ocurrió a Marta, que encadenó varias llamadas de más de 40 minutos: "Si te estoy pidiendo toda esta información para obtener datos, lo mínimo que puedo hacer es escucharte. Sobre todo, con mujeres mayores, que se notaba que no habían hablado de esto nunca con nadie". El registro de las llamadas de Marta, sin embargo, empezó a bajar a la clasificación que registraban las coordinadoras, hasta que le advirtieron que estaba por debajo de la productividad estimada.

Finalmente, a Marta le rescindieron el contrato unos días antes de lo que tenía firmado por este motivo: "Explicaron que, como que se acababa el estudio y yo estaba en el grupo de baja productividad, sería la primera persona a la que dieran de baja. Lo hicieron ante todo el mundo, con la voluntad de que todas supieran que, si no cumplían con el baremo de productividad, les podría pasar lo mismo que a mí".

"Una encuesta como esta nunca se puede hacer bajo criterios de productividad", explica Amàlia Gómez: "La OMS establece que la encuestadora tiene que estar formada para derivar a la persona entrevistada a los servicios que sean precisos, así como hacer constar explícitamente un posicionamiento de apoyo. La mujer no puede ser considerada como una mera fuente de información, es una intervención que tiene que perseguir un objetivo de restauración".

Este diario ha podido hablar con la responsable de la gestión de recursos humanos de GESOP, Anna Andreu, quien defiende los criterios empresariales aplicados: "Esto es una empresa, y utilizamos las condiciones normales se aplican en otros estudios que hemos hecho".

Comentarios machistas y falta de atención psicológica

El ránking de productividad, sin embargo, no es el único elemento que estas trabajadoras destacan en cuanto a las condiciones de trabajo. El sueldo que ofrecía GESOP para hacer la encuesta de la Generalitat es de 6,5 euros la hora: "Me resulta bastante paradójico que una encuesta para prevenir la violencia machista contrate a mujeres, les exija estudios especializados en género y después nos someta a esta precariedad. Es decir, nos abocan a la feminización de la pobreza", denuncia Laura. "Nosotros pusimos el anuncio que nos parecía y explicamos las condiciones. Como empresa, hacemos lo que podamos", se defiende Andreu.

El impacto que la encuesta generaba en las entrevistadas también lo podía generar en las mismas entrevistadoras, después de horas escuchando casos de abusos: "Teníamos 10 minutos de descanso de pantalla cada dos horas. Pero para cogérmelos, tenía que activar un cronómetro en mi ordenador. Después, avisar a las coordinadoras, donde a veces se hacía cola. No me daba tiempo ni a pedirme un café. Si estás haciendo una encuesta sobre redes sociales, pues vale, te paras diez minutos y vale. Pero no me parece que sea lo mismo que estar siete horas al día escuchando casos de violencia sexual", relata Laura. Por el contrario, Anna Andreu niega que esto fuera así: "Los diez minutos de descanso vienen fijados por protocolo, es una pauta. Pero si alguien necesitaba dar una vuelta o tomar un café, podía. Hemos tenido la máxima consideración".

Marta explica a este diario que después de una llamada muy dura se desmontó: "Me eché a llorar. En aquel momento no había ninguna psicóloga, así que me atendieron las coordinadoras con comentarios nefastos. Me decían que no todos los hombres son iguales, me generaba mucha rabia y mucha impotencia". La empresa les había comunicado al iniciar el trabajo que tendrían acceso a una psicóloga, pero las dos afirman que era muy difícil acceder. De hecho, aseguran que no se trataba ni de una psicóloga profesional: "Era de las personas más formadas en género, sí. Tenía el máster de Estudios de Mujeres, Género y Ciudadanía. No era psicóloga".

Todavía más grave era la actitud de las coordinadoras que, según relatan ambas trabajadoras, hacían comentarios absolutamente desafortunados en un intento de rebajar la tensión: "Tuve que recoger el testimonio de varias violaciones grupales. Cuando compartí la dureza de las entrevistas, ellas me dijeron que me lo tenía que tomar como si fuera una telenovela para que no me afectara tanto". Por otro lado, Marta explica que una compañera suya pidió no coger una llamada después de haber atendido un testimonio muy duro: "La respuesta de la coordinadora fue decirle que tan dura no sería porque la había visto riendo con la trabajadora de al lado".

El ejemplo más tronado, sin embargo, lo explica Laura, cuando compartió que tenía que descartar una agresión porque había pasado en Andorra: "Como que la encuesta está acotada en Catalunya, no pude recoger una agresión muy bestia. Lo compartí y para intentar rebajar la tensión, la coordinadora dijo: Tendremos que ir a hacer turismo sexual a Andorra".