El derecho a la defensa y la presunción de inocencia cotizan a la baja en la tormentosa legislatura que atraviesa el Ayuntamiento de Zaragoza, en el que la gestión de las empresas municipales y los pleitos en torno al cese y relevo del gerente de una de ellas se están convirtiendo en uno de los principales ejes del enfrentamiento entre el equipo de gobierno de ZeC (Zaragoza en Común) y la oposición (PP, PSOE, C’s y Cha).

La última tormenta estalló el viernes, al adelantar Heraldo de Aragón la admisión a trámite en el Juzgado de Instrucción número 3 de una querella del exgerente de Ecociudad, Luis Portero, que acusa de prevaricación al alcalde, Pedro Santisteve, y a los ocho concejales de ZeC por el cambio de representación de los grupos en las sociedades municipales, en las que el equipo de gobierno pasó a tener la mayoría de consejeros gracias a la nueva Ley de Capitalidad autonómica, por su cese y por el nombramiento de Joaquín García en su lugar.

La querella, de más de 200 folios, sostiene que esos cambios se realizaron sin modificar los estatutos de la sociedad pública, por lo que no habrían sido ajustados a la ley.

Una serie de informaciones que daban por hecho que los concejales van a ser citados como investigados pasado el verano, cuando la magistrada se ha limitado a reclamar una serie de expedientes administrativos para estudiar el caso antes de tomar ese tipo de decisiones, junto con el hecho de que dos letrados municipales hayan sido designados para llevar la defensa, provocaron una cascada de peticiones de dimisión.

El auto de la jueza

Así, el portavoz del PP, Jorge Azcón, acusó de “falta de transparencia” a ZeC y se preguntó si Santisteve no piensa dimitir, aunque pasó el balón al PSOE, el cual, según dijo, es “quien tiene que responder” tras haber apoyado junto con Cha la investidura del alcalde y los presupuestos de los dos últimos años.

Lola Ranera (PSOE) se refirió al primer edil como “el alcalde del fango”, mientras Leticia Crespo (Cha) apelaba al código ético de ZeC, que contempla dimisiones para los investigados por delitos de este tipo.

El concejal Alberto Cubero (ZeC), vicepresidente de Ecociudad, rechazó cualquier posibilidad de dimisión. “Se nos ha presentado una denuncia y se nos requiere información”, dijo, mientras sostenía que los cambios en las sociedades fueron ajustados a la legislación. “En el gobierno municipal hay tranquilidad y normalidad”, añadió.

El auto de la jueza, al que ha tenido acceso Público, señala que de los hechos relatados en la querella “presentan características que hacen presumir la posible existencia del delito de prevaricación”, si bien “no estando determinadas la naturaleza y circunstancias de tales hechos ni las personas que en ellos han intervenido”, por lo que ordena practicar las diligencias “esenciales encaminadas a efectuar tal determinación y, en su caso, el procedimiento aplicable”. Es decir, que ni da por hecho la existencia del delito ni, en consecuencia, señala quien pudiera haberlo cometido.

Procesos judiciales previos

El cese de Portero ha dado lugar a dos procedimientos judiciales contra el ayuntamiento y una investigación de Fiscalía.

Por una parte, el Juzgado de Primera Instancia número 19 rechazó la demanda de protección del honor en la que el exgerente reclamaba la rectificación de un comunicado del consistorio en el que el equipo de gobierno mostraba el “rechazo” a su gestión por una supuesta negligencia. La desestimó por pedir la rectificación diez meses después, lo que supone haberla ejercitado “fuera de los plazos legalmente previstos” con independencia de que fuera “potencialmente procedente”.

La demanda en la que reclama la readmisión como gerente, o en su caso una indemnización por despido nulo más 30.000 euros, sigue viva en los juzgados de lo Social tras haber rechazado esa petición los servicios jurídicos municipales.
Y, por último, la Fiscalía archivó por falta de base y ausencia de indicios de criminalidad la denuncia en la que Ecociudad, tras hacerse con su control la oposición, imputaba a Santisteve, Cubero y la concejal de Medio Ambiente, Teresa Artigas, los delitos de prevaricación, falsificación, ‘mobbing’, falsa acusación y ocultación de documentos.

El conflicto en torno a Ecociudad, la empresa pública que gestiona el abastecimiento de agua y las depuradoras de la capital aragonesa, tiene su origen en la denuncia que el alcalde presentó en Fiscalía tras informar un trabajador a los ediles de un posible trato de favor a una empresa.

La unidad antifraude del ministerio público apreció indicios de delito y llevó el asunto a los juzgados, donde fue finalmente archivado tras desdecirse el principal testigo.