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Zarrías, el hombre que controló todo en la Junta andaluza, entierra su leyenda para esquivar el caso ERE

El ex consejero de la Presidencia y mano derecha de Manuel Chaves durante 15 años en la Junta de Andalucía ofrece un perfil bajo y muy técnico ante el tribunal, que lo juzga por prevaricar con ayudas sociolaborales durante una década

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El exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías, durante el juicio de la pieza política de los ERE, en la Audiencia de Sevilla. EFE/Jose Manuel Vidal

Hubo un tiempo en el que Gaspar Zarrías lo controlaba todo en Andalucía, o al menos eso dejó escrito la leyenda periodística. Cualquier decisión del Gobierno autonómico pasaba antes, durante y después de su ejecución por las manos del todopoderoso consejero de la Presidencia, hombre fuerte de la Junta durante 15 años (entró en 1988 y salió en 2009, con un intervalo en medio como senador).

Bajito, calvo, con bigote (ahora ya no lo lleva), Zarrías fue la mano derecha de Manuel Chaves en cinco de sus seis gobiernos, “perejil de todo lo que se cocinaba en la Junta”, decían de él sus compañeros y sus rivales políticos. La mayor parte del tiempo mantuvo las competencias de coordinación de todo el Gobierno andaluz, en la última etapa fue vicepresidente primero, y en los últimos 15 días, fue presidente puente entre Chaves y su sucesor, José Antonio Griñán.

La jueza Mercedes Alaya, primera instructora del caso ERE, se creyó a pies juntillas la mítica omnipresencia de Zarrías en todos los estratos de poder de la Junta, por ello no le entraba en la cabeza que se cometiera un fraude de ayudas sociolaborales entre 2000 y 2010 sin el conocimiento y la intervención directa del ex consejero de la Presidencia, el hombre que lo controlaba todo. Así lo expresó Alaya en varios autos, aunque finalmente el Tribunal Supremo sólo le imputó un delito de prevaricación y la Fiscalía Anticorrupción le pide 10 años de inhabilitación para cargo público, la misma pena que a Chaves, pero muy inferior a la que se enfrenta Griñán y la ex consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, (seis años de cárcel por malversación de fondos); o los ex consejeros de Empleo e Innvocación José Antonio Viera, Antonio Fernández y Francisco Vallejo (ocho años de prisión y 30 de inhabilitación).

Zarrías hizo muchas veces de parapeto de Chaves para protegerle de los envites de la oposición, pero también le robó el protagonismo de algunas políticas y proyectos que se gestaban en su despacho. Quien trabajó con él “aprendió mucho de política y acabó agotado”.

El tribunal de los ERE sabe que conoce de primera mano muchas de las empresas beneficiadas por las ayudas que aparecen en el sumario, como Cárnicas Molina, Santana Motor o Astillero, porque él era el consejero de Industria en 1995, cuando todas están en severa crisis, desmantelándose y despidiendo a cientos de trabajadores. Al año siguiente, Chaves lo devuelve a la cartera de la Presidencia.

El magistrado que preside el tribunal del juicio de los ERE, Juan Antonio Calle, durante la declaración de Gaspar Zarrías. EFE/Jose Manuel Vidal

El PP, que está personado como acusación particular en el caso, también ha intentado agrandar la implicación del ex consejero de la Presidencia en el fraude de los ERE, tildándole de “muñidor” de la trama. Los populares tienen verdaderas razones para castigar a Zarrías, porque durante muchos años este político bajito fue el azote contra la oposición, con especial virulencia hacia Javier Arenas y Antonio Sanz, números uno y dos del PP andaluz. La defensa del ex consejero sostiene que hay “un juicio paralelo con una finalidad claramente política” contra su cliente, pero no ha logrado el sobreseimiento de sus acusaciones por mucho que lo ha intentado.

Gaspar Zarrías (Madrid, 1955) fue un político hiperactivo, incombustible, socialista hasta la médula (ingresó en el PSOE con 17 años), fue el miembro más destacado del círculo de confianza de Chaves, los Pink Floyd, como les bautizó el malogrado Alfonso Perales, para hablar de los hombres que ocupaban la Casa Rosa, antigua sede del Gobierno andaluz.

El ex consejero de la Presidencia respondió a 145 preguntas ante el Supremo, muchas de ellas se han vuelto a escuchar este miércoles cuando el fiscal ha interrogado al ex vicepresidente de la Junta. Su declaración ha sido muy técnica, porque el Ministerio Público ha querido conocer con qué detalle ejercía sus competencias en relación al sistema para la concesión de ayudas sociolaborales.

Los expresidentes Manuel Cháves y José Antonio Griñán, conversando durante el juicio de la pieza política de los ERE en la Audiencia de Sevilla. EFE/ Jose Manuel Vidal

Zarrías ha minimizado su participación casi a cero, ha explicado que él desconocía (y no tenía por qué conocer) muchas de las decisiones que se tomaron sobre los ERE y las ayudas bajo sospecha. También ha aclarado que sus competencias como hombre fuerte del Gobierno no le permitieron ver si el sistema para la concesión de ayudas se estaba usando para desviar dinero para el enriquecimiento de terceras personas (intrusos de los ERE, sindicatos, aseguradoras y despachos de abogados).

Zarrías, el hombre que lo controlaba todo en la Junta de Andalucía, ha enterrado su propia leyenda como línea de defensa más efectiva. “Mi papel era coordinar el Consejo de Gobierno, que era conflictivo y movido, porque todas las consejerías siempre querían más fondos para lo suyo”, ha dicho, pero nunca “se bajaba al detalle de las cuantías económicas que se concedían a una empresa concreta en crisis”, ni se hablaba específicamente de la partida presupuestaria 31L, un fondo de 741,5 millones de euros del que salían las ayudas bajo sospecha (el llamado “fondo de reptiles”).

¿Le extrañó que no pasaran por el Consejo de Gobierno las grandes cantidades de dinero que se asignaban a empresas en crisis? “Pues no”, ha respondido Zarrías al fiscal, para luego explicar que las ayudas que se concedían eran “públicas y notorias”, pasaron por el Parlamento andaluz y por las manos de los grupos políticos, e incluso se anunciaron en el programa electoral del PSOE, ha dicho. El más político de los políticos que se sientan en el banquillo de los acusados en la pieza política de los ERE -22 ex altos cargos del Gobierno andaluz- casi ha pasado desapercibido en su declaración ante la Fiscalía, como si su poder absoluto durante casi dos décadas en la Junta fuera meramente técnico o administrativo. Las leyendas son leyendas y no siempre pueden demostrarse.