EL sumario sobre el intento de secuestro del expresidente del Valencia CF Vicente Soriano, ideado presuntamente por su antecesor, Juan Soler, parece de película.  Los cómplices hasta habían alquilado un zulo para retenerlo mientras desvalijaban su caja fuerte secreta. El objetivo: cobrar una deuda de 90 millones de euros que Soriano debe a Soler con motivo de la adquisición de acciones del Valencia C.F. Hay cinco imputados.

Un bajo comercial accesible desde la calle Valencia, de Alfafar, fue el lugar escogido para mantener secuestrado a Vicente Soriano durante al menos 48 horas, mientras procedían a desvalijar la caja fuerte de su despacho, según el relato de un testigo protegido que consta en el sumario. El plan continuaba con el traslado del expresidente del Valencia, sedado y dentro de una roulotte, a 'un lugar indeterminado de Francia donde poder vaciar sus cuentas en paraísos fiscales utilizando para ello ‘artificios informáticos''. Así consta en el siniestro testimonio del testigo protegido del caso.

El bajo comercial apenas cuenta con 150 metros cuadrados. Tiene capacidad para dos coches, con un pequeño aseo y con dos estancias llenas de trastos. Este era el supuesto zulo ubicado en la localidad valenciana de Alfafar, dónde según el testigo protegido Rachid A. y su banda tenían previsto encerrar a Soriano, siguiendo supuestamente instrucciones del empresario arruinado y predecesor en el cargo valencianista Juan Bautista Soler, quien habría decidido tirar por el camino de en medio.

Según los informes policiales, el pasado 30 de marzo, una persona anónima se puso en contacto con el propietario del local, manifestando su interés por alquilarlo. El propietario del local, Antonio R.V., ha declarado al Grupo de Atracos de Valencia, encargado de la investigación del caso, que ese domingo 'sobre las 16:00 horas recibió una llamada telefónica del número 602XXXXXX, que se interesó  por el bajo, refiriendo que había visto el cartel, concertando una cita sobre las 16:30 horas del mismo día, en el local con la finalidad de mostrarlo'.

Según Antonio R.V.  la persona interesada se presentó a la hora convenida y 'se mostraba muy satisfecho con la distribución, interesándose por el cuarto de baño y las dos habitaciones de las que dispone, así como por la capacidad para varios coches'. Aceptó las condiciones  económicas para el arrendamiento.

En su declaración ante la policía, realizada el pasado 15 de abril, el propietario del local describió a la Policía  a esta persona como un varón, al parecer de nacionalidad española,  de unos cuarenta años de edad, '170 centímetros de altura, complexión fuerte, que vestía una americana de color oscuro y un pantalón de tergal oscuro',  y que tras manifestar su interés le aseguró que le llamaría el lunes siguiente sin falta. Esa persona no volvió llamar para cerrar el trato 'ni dio señales de vida', según cuenta.

Fue el propio testigo protegido, Rachid A., quien varios días después informó directamente a la policía del lugar donde supuestamente iba a estar secuestrado el empresario. Esta circunstancia llama la atención porque la persona que se reunió con el propietario del local era precisamente su amigo y chofer Miguel Muñoz y con quien visitó el local esa misma noche del día 30 de marzo, como se sabría días después y según consta en la causa, y cuyo perfil coincide con la descripción que hace el propietario.

Antonio R.V. el dueño del local facilitó a la Policía el teléfono de contacto del arrendatario frustrado para seguirle la pista. Por el número de teléfono fue identificado como titular un señor llamado Samir T., que carece de reseñas en los archivos policiales y que al parecer su identidad  fue utilizada por un tercero para acceder a un teléfono móvil de prepago de modo anónimo, adquiriéndolo en un locutorio. En este sentido la policía da por imposible localizar al verdadero usuario, máxime cuando este teléfono ya estaba inactivo.

Sorprendentemente, un mes después, el 30 de abril, se presentó voluntariamente ante la Policía Miguel Muñoz Fernandez -el chófer y amigo de Rachid-, quien dice ser el usuario de ese teléfono.

Este mismo personaje había sido visto por la Policía, reunido junto al testigo protegido y junto a dos colombianos el jueves 27 de marzo en el restaurante Aragón 20 de Valencia, frente al Estadio de Mestalla. Al parecer, la misión de los dos colombianos en la trama era ejecutar el secuestro de Vicente Soriano.

Soler y Soriano, en una imagen de archivo. EFE

En su declaración ante la policía el 30 de abril de este año, Miguel Muñoz  afirma que es amigo de Rachid desde los 16 años y que es el propio testigo protegido quien unos días antes de Fallas [las Fallas comienzan el 14 de marzo] le encarga 'llevar a unas personas que venían de Madrid y no conocían Valencia para hacer de chófer y que por esta prestación estas personas le pagarían 50 euros'.

Muñoz relata que esas personas eran tres varones de origen colombiano, 'que eran de complexión fuerte, de diferentes estaturas, recordando que uno era muy alto y fuerte'. El chófer confiesa que le extrañó mucho la actitud de los tres colombianos mientras los trasladaba en coche a Valencia: 'hablaban siempre en voz baja y parecía que tenían algo entre las manos porque después de la semana de fallas se lo comentó a Rachid y este le dijo que estuviese y tranquilo que estaba colaborando con la Policía'.

El 23 de marzo Miguel Muñoz sostiene —según la declaración ante la Policía— que 'los colombianos querían alquilar un bajo ya que querían montar un negocio de lavadero de coches. Por lo que llamó para intentar alquilar un local sito en Alfafar'. El chófer asegura a la policía que el teléfono del local se lo facilitaron los propios colombianos, y que él solo aceptó hacer la llamada para la gestión a cambio de 20 euros, 'aunque no recuerda el número al cual llamó'. Asimismo, según Muñoz los colombianos le habrían dado otros 50 euros 'para poder darle una señal al propietario del local' y garantizar el arriendo.

Muñoz Fernandez aseguró a su declaración voluntaria ante los investigadores -realizada el 30 de abril de este año-  que puso en conocimiento de Rachid A. todas estas circunstancias, y éste le contestó que no se preocupara, que 'a la Policía le interesaba que viera el local para ver su ubicación' y tamaño.

El local tiene su acceso junto al número 13 de la calle Valencia de Alfafar, aunque corresponde al edificio situado en la calle Rey Don Jaime número 4, y está registrado como local 'F'.  Muñoz afirmó que se entrevistó con el dueño del local y le entregó la señal de 50 euros'.

Según esta declaración, Muñoz llevó a los colombianos  a una reunión nuevamente a la avenida de Aragón número 20, para reunirse con Rachid A. El chófer escuchó 'cómo los colombianos reclamaban dinero a Rachid y este les decía que hiciesen cuentas con 'Tati'', otro implicado en esta causa.  Una vez terminada la reunión con los tres colombianos y éstos ya se hubieron marchado —y a los que según declaró a la policía nunca más volvió a ver— Muñoz Fernández se fue con Rachid para enseñarle el local que le habían encargado alquilar los colombianos en Alfafar.

Hay cinco imputados en este presunto intento de secuestro del expresidente del Valencia CF, Vicente Soriano, liderados según las pesquisas policiales por el antecesor valencianista y arruinado empresario inmobiliario Juan Bautista Soler, que habría decidido cobrar por las malas los 90 millones de euros en pagarés sin fondos que su examigo le debía y se negaba a liquidar, tras sendas sentencias judiciales del Tribunal Supremo a su favor.

Los otros integrantes imputados de esta supuesta banda organizada por el juzgado de Instrucción 12 de Valencia son el empresario hostelero italiano en horas bajas, Ciro d'Anna; el marroquí con residencia en España y dedicado a actividades de seguridad en locales nocturnos, Abdellatif Ouchene -más conocido como Tati-; Miguel Muñoz Fernández, el hombre para todo y amigo de la infancia del testigo protegido y, por último, el abogado Juan Carlos Navarro.

El testigo protegido, Rachid A., acusa a este letrado de una supuesta apertura de cuentas bancarias en Ucrania para ingresar el dinero que la banda, junto a tres supuestos sicarios colombianos, iba a sacar de las supuestas cuentas secretas que Vicente Soriano tenía o tiene en paraísos fiscales.

Lo cierto es que los colombianos -dos o tres, según quien realice las manifestaciones ante el juez-, llegaron a Valencia el 27 de marzo y Miguel Muñoz se encargó de actuar de chófer full time de los caribeños por encargo, precisamente, de su amigo y testigo protegido Rachid A. A cambio, los colombianos le pagarían 50 euros diarios.

La policía estuvo alertada de la llegada de los colombianos y de sus reuniones, a la que sólo asistía el testigo protegido y en una ocasión el otro marroquí llamado Tati, además del propio 'chófer' Muñoz. Las reuniones siempre se mantenían en la cafetería 'Aragón 20', situada frente al estadio del Valencia Club de Fútbol, el mismo lugar donde también el testigo protegido se reunía inicialmente con los agentes del grupo de Atracos para informarles de este asunto, ahora que, al parecer, había decidido ponerse del lado de la ley, ya que el historial delictivo del confidente es cuanto menos escalofriante.

La policía grabó estos encuentros en vídeo, pero en ningún momento pudo verificar sus identidades y tan siquiera pudo comprobar si realmente eran colombianos, ya que según los informes policiales y a pesar del correspondiente dispositivo los seguimientos hubieron de interrumpirse 'porque les dieron esquinazo o se dispersaban por sorpresa',  con maniobras de distracción. O bien -como declaró el propio testigo ante el juez el 25 de abril, 'los policías no pudieron seguirlos para no levantar sospechas'.

Estos desconocidos colombianos fueron, según el chofer de Rachid, quienes encargaron a Muñoz localizar un bajo comercial en Alfafar 'para montar un lavadero de coches', precisamente en una zona donde se encuentra la mayor superficie comercial del área metropolitana de Valencia.  Los colombianos encargaron a Muñoz que negociara con el dueño del local el alquiler y le dieron 50 euros para que se los entregara a modo de señal. Sin embargo, en la declaración ante el juez instructor, celebrada el miércoles día 28, el propietario del local, un malagueño en situación precaria, aseguró que ofreció alquiler su local por 225 euros al mes -aunque hubiera preferido venderlo- , pero que este señor no le dio ninguna señal, y nunca más supo de él. De hecho en la causa no hay siquiera un recibo de la entrega de la señal. Tras esta extraña operación los colombianos se desvanecieron con la misma rapidez con la que se sustanciaron.