MADRID.- Prakash es bueno recordando fechas. “28 de noviembre de 2014”. Fue el día en el que ingresó en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche, en Madrid. Sin embargo, al entrar en detalles, los recuerdos se emborronan. Es uno de los efectos de vivir en cautividad. La mente también crea sus propios muros.

“Fue muy duro, muy duro”, repite este ciudadano nepalí que vive desde 2012 en España. Ahora Prakash trabaja para una joyería en plena milla de oro de Madrid pero hace sólo dos años estuvo recluido bastante lejos de allí, en el número 52 de la Avenida de los Poblados: el CIE de Aluche. Uno de los siete centros que existen en nuestro país para privar de libertad a extranjeros sin papeles mientras esperan ser deportados. Aquí pueden permanecer encerrados hasta 60 días. Prakash estuvo 58.

“Perdí mi trabajo, perdí mi dinero, perdí mi momento. 60 días allí son como 60 años”. Prakash consiguió demostrar su arraigo y recuperó finalmente su libertad pero nadie le devolvió su tiempo. “Salí el 23 de enero de 2015, estaba tan afectado que me desmayé en la misma puerta del CIE. Después tuve que empezar de nuevo. Tardé cerca de diez meses en volver a encontrar un empleo”.

Casi siete mil personas pasaron por alguno de los CIE el año pasado. El de Aluche fue el segundo con mayor ocupación tras Algeciras, con un total de 1.469 internos, la mayoría de origen subsahariano. De todos ellos sólo fue deportado el 40%. El otro 60 fue puesto nuevamente en libertad ante la imposibilidad de expulsarles. Fueron encerrados para nada.

Varados en Madrid

¿Qué pasa cuando se agotan los 60 días plazo y no pueden ser expulsados? En el caso de los recién llegados - aquellos que ingresaron al CIE poco después de entrar a España de manera irregular- son acogidos por varias ong como CEAR o Cruz Roja con las que el Gobierno tiene firmado un convenio de colaboración. Ellas les proporcionan alojamiento durante un plazo de entre tres y seis meses y les ayudan en el proceso de integración, por ejemplo, mediante clases de español.


Más difícil es para los que ya tenían arraigo en nuestro país y ellos son la mayoría. Según el informe de 2015 de la ONG Pueblos Unidos, dos de cada tres internos tiene 4 o más años de residencia previa en España. En este caso, ellos también recuperan su libertad, pero salir a la calle es el principio de otra serie de problemas. “Algunos tenían trabajos, aunque fuese en la economía informal, y claro después de ausentarse dos meses lo pierden. Durante el encierro dejan de poder llevar dinero a casa, dejan de poder enviar dinero a su país de origen. Su proyecto de vida, en muchos casos, se rompe”, explica Clara García, coordinadora del grupo CIE de SOS Racismo.

Comparte su opinión Carmen Echevarría, responsable del grupo de visitas al CIE de la asociación Karibu. “El tiempo que están encerrados no es gratis, pierden muchas cosas. Y luego, al ver que no les pueden expulsar, simplemente los dejan en la puerta con cinco euros en el bolsillo”, lamenta.

Los peor parados son aquellos que ni siquiera vivían en Madrid, aquellos que fueron detenidos en otras comunidades autónomas o que fueron trasladados directamente de las islas. Ellos quedan varados en la capital, lejos de casa y la administración se desentiende por completo. “Este verano trajeron a un chico nigeriano que vivía en Lanzarote con su mujer y sus hijos. Estuvo detenido en Aluche casi 50 días y luego, al ver que no podían expulsarle, le abrieron la puerta del CIE y lo dejaron aquí. El pobre no tenía dinero y tuvo que buscarse la vida para poder volver”, recuerda Santiago Yerga, coordinador de Pueblos Unidos.

Son las organizaciones sociales las únicas que voluntariamente se ocupan de ayudarles. “Nosotros le compramos el billete para que vuelvan a su ciudad”, cuentan desde Karibu, “pero venimos denunciando desde hace mucho tiempo que es el Estado quien debería hacerse cargo. Hasta en las cárceles se ofrece ayuda a los presos para que regresen a sus casas”.

El expediente sigue abierto

Recuperar la vida normal tras salir del CIE no es tan fácil como pasar página. Sobre todo porque, aunque ya estés fuera, aunque haya quedado demostrado que no se te puede deportar, el expediente de expulsión sigue abierto. “El paso por el CIE no afecta en nada al proceso. Aunque no te hayan podido echar del país, el expediente de expulsión puede seguir abierto por tres, cinco y hasta diez años”, apunta Carmen Echevarría. Y esto tiene sus consecuencias.

La primera de ellas es que estas personas pueden volver a ser detenidas en la calle en cualquier momento. Es verdad que no pueden enviarles al CIE de nuevo por el mismo proceso - el nuevo reglamento de los Centros de Internamiento lo prohibió en 2014 -, pero sí pueden detenerles las veces que quieran. La segunda consecuencia, y esta es la verdaderamente grave, es que mientras el expediente siga abierto no pueden regularizar su situación. Como explica Echevarría, “no se les puede expulsar, pero tampoco regularizar”. Son los “inexpulsables”. Tras salir del CIE, quedan en un limbo jurídico permanente. Con derecho a quedarse, sin derecho a vivir.

“Queremos que se encuentre una solución para las personas inexpulsables que siguen viviendo en España. Se les tiene que dar una oportunidad de regularización”, insiste la responsable de Karibu.

La huella psicológica

Prakash hace un esfuerzo por recordar. “Fueron días muy difíciles. Tienes que vivir con mucha gente a la fuerza y no todo el mundo se entiende. Cuando pienso en ello me entristece mucho”. Su reacción es natural, como explican las ong, para la mayoría pasar por el CIE es un mal sueño y, al despertar, lo único que quieren es olvidarlo todo.

“Hemos visto a mucha gente que después de salir no quiere volver a hablar de ello, que tiene miedo de salir a la calle. Otros sin embargo se movilizan, sienten que lo que han vivido ha sido tan injusto que tiene ganas de organizarse y colaborar para intentar dar a conocer qué ocurre dentro”, cuenta Clara García de SOS Racismo.

Lo cierto es que la soledad, la sensación de indefensión e incertidumbre que provoca el encierro, las condiciones precarias y en muchos casos de hacinamiento que se viven en el interior, la reclusión en un espacio donde apenas hay nada que hacer más que darle vueltas a la cabeza tiene sus efectos psicológicos.

Según el estudio realizado en 2009 por el psiquiatra Pau Pérez-Sales, un 87% de los internos presentaban síntomas de depresión, el 64% padecía insomnio y el 69% estrés. Estas consecuencias perduran incluso una vez fuera. “El CIE te acaba doblegando la voluntad. Se percibe hasta en el aspecto físico de las personas”, explican desde Pueblos Unidos.

Familias, víctimas invisibles

“Ahora que han pasado los años hay menos rabia, pero el dolor sigue estando muy presente”. Habla Laura. Ella es española pero conoce bien las consecuencias de pasar por un CIE. Su pareja, de origen dominicano, estuvo 40 días encerrado en Aluche. “Fue peor que un centro penitenciario”, denuncia.

Su voz, la de los familiares, es la que menos se oye, a pesar de que ellos también aguantan buena parte del golpe. “Estaba atacada de los nervios, incluso me dio una crisis de ansiedad. Al final acabas hecho una mierda física y psicológicamente, no hay descanso”, explica. “Fueron cuarenta días de locura, Todos los días iba a verlo o estaba haciendo trámites o hablando con los abogados. Sufres mucho porque sabes las condiciones en las que está ahí dentro, porque cada día lo ves más delgado”.

Efectivos de la Policía Nacional permanecen a las puertas del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche, en Madrid, donde anoche unos cuarenta inmigrantes protagonizaron una protesta. EFE/Paco Campos

Según el informe de 2015 de Pueblos Unidos, uno de cada cinco internos del CIE tiene vínculos familiares de primer grado, y/o a su cargo, en muchos casos se trata de hijos nacidos en España. “Cuando vas a las visitas ves a padres de familia, a mujeres con hijos y es tremendo. Son dramas personales brutales”. Laura también se queja del trato que a veces sufren muchos de los familiares. “Tratan a las visitas como si todos fuéramos delincuentes. Cuando le llevaba cosas a mi pareja, como jabón o un libro, lo registraban todo, lo desguazaban como si fuera a llevar un arma”.

Hoy Laura y su pareja vuelven a estar juntos y tienen un hijo en común. Otras familias no siempre aguantan. Para algunos la distancia es insalvable, bien porque están demasiado lejos, en otras comunidades autónomas; bien porque no pueden acercarse al CIE, ya que tampoco tienen papeles.

“No entenderé qué necesidad hay de hacer tanto daño”, insiste Laura, “el CIE es un lugar que no tendría que existir, no es un centro de internamiento de extranjeros, es una cuadra para sin papeles”.

Hay alternativas

Según las últimas declaraciones del director general de la Policía, Ignacio Cosidó, “los ingresos en CIE han disminuido casi en un 40%, pasando de 11.325 en 2012 a 6.930 en 2015, al aplicar criterios más restrictivos”. Aun así, para las ong el uso de esta medida sigue siendo abusivo.

La ley especifica que el encierro de personas en situación irregular -recordemos que no se trata de un delito sino de una falta administrativa-, debería ser una medida excepcional solo aplicable en caso de riesgo de fuga. Sin embargo, a día de hoy siguen identificándose dentro a personas con fuerte arraigo y, lo que es peor, a casos extremadamente vulnerables como menores – en 2015 localizaron a 19 en los diferentes centros de internamiento, cinco en Madrid -, solicitantes de asilo o víctimas de trata.

La Abogacía Española ha propuesto en varias ocasiones la sustitución del CIE por medidas alternativas menos limitadoras de la libertad, que permita tener localizadas a las personas en situación irregular sin necesidad de encerrarles. “Algunas medidas están contempladas en nuestra propia ley como la fijación de un domicilio estable, la comparecencia periódica ante las autoridades o la retirada de la documentación”, relata el coordinador de Pueblos Unidos. Otras medidas que también se aplican en Europa son los pisos tutelados –opción que ya ha comenzado a plantearse el Ayuntamiento de Madrid-, el aval personal de un tercero o la fianza económica.

De momento, el Gobierno ha mostrado poco interés en estas otras opciones. Es más, en julio de este año obligó a reabrir el CIE de Barcelona, en contra de la posición del Ayuntamiento, y actualmente hay proyectos para construir tres nuevas instalaciones de este tipo en Algeciras, Málaga y el Aeropuerto Madrid-Barajas. En opinión del jefe de la Policía, “los CIE son un imperativo del Derecho de la Unión Europea y del ordenamiento jurídico español que lo desarrolla”.

Mientras tanto, en Aluche poco han cambiado las cosas tras lo ocurrido el pasado 18 de octubre, cuando un grupo de 39 internos se amotinaron en la azotea en un movimiento desesperado para denunciar su situación. Desde entonces, la única respuesta ha sido reforzar aún más la seguridad. En los últimos dos meses han levantado una nueva valla metálica en el perímetro y se ha aumentado la presencia policial con la incorporación de varios grupos de apoyo de la UIP (Unidades de Intervención Policial), conocidos popularmente como antidisturbios.

“La situación de los internos, lejos de mejorar, ha ido a peor”, el refuerzo policial solo crea más clima de violencia”, critica Santiago Yerga. “No hay mejoras en el servicio médico, siguen totalmente desamparados por las noches. Apenas les dan ropa cuando llegan, un chándal y unos calzoncillos para 60 días. Por otro lado, seguimos detectando que hay peticiones de asilo que siguen sin tramitarse”, coincide su compañera en Karibu, Carmen Echevarría.

Para las ong es como señalar la luna y mirar el dedo. En lugar de atender a las demandas de los que viven allí encerrados, levantan más muros para que sus quejas se ahoguen dentro.

Este reportaje ha sido realizado dentro del programa "Periodistas de Frontera", impulsado por el Instituto Panos para el África Occidental (IPAO)Introduzca el texto aquí