Publicado: 07.01.2017 17:50 |Actualizado: 07.01.2017 19:11

Advierten de que el descenso de abortos entre menores podría esconder prácticas clandestinas

Después de que el Gobierno de Rajoy prohibiera a las menores de 17 años interrumpir embarazos no deseados sin consentimiento paterno, la Asociación de Clínicas Acreditadas para la IVE, (ACAI) teme que "un número importante" de chicas puedan estar recurriendo a métodos abortivos fuera del ámbito sanitario. 

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Manifestación en Madrid por el aborto legal. EFE/Emilio Naranjo

Manifestación en Madrid por el aborto legal. EFE/Emilio Naranjo

MADRID.— Desde 2010, el aborto es legal en España hasta las 14 semanas. Las leyes de despenalización han tenido siempre el sello socialista aunque cualquier modificación siempre ha levantado polvareda en una sociedad dividida ante una cuestión sensible, sobre todo en aquellos ámbitos donde la moral judeocristiana se inventa un concepto de la vida desde un punto de vista heteropatriarcal y sexista. Gallardón intentó contentar al ala dura de su partido, cuando guardaba la cartera de Sanidad, pero al final echó atrás la que iba a ser la modificación de la Ley de Salud Sexual e Interrupción Voluntaria del Embarazo que retrotraía el cuerpo de la mujer treinta años atrás. Ahora, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, las interrupciones voluntarias del embarazo entre menores —uno de los puntos más conflictos de la ley que aprobó Zapatero en 2010— suponen el porcentaje más bajo del total.

Son cuatro años de caída los que acumula el número de abortos desde que entró en vigor la ley de plazos de 2010. En 2015 se contaron 94.188 en total; de ellas, 10.012 fueron menores de 19 años y dentro de esa horquilla hubo 371 que tenían menos de 15 años. Es decir, un 0,1 por cierto. De cada mil mujeres, las menores de 19 años han ido reduciendo su índice de abortos entre 2010 y 2014 al pasar de 13,68 a 9,92. La franja de edad en la que se han producido la mayoría de las interrupciones es en mujeres de entre 30-34 (20.473) y en las de 25 a 29 años  (20.156). 

Entre 300 y 400 menores habrían pasado a una situación de inseguridad jurídica y física por no poder contrar con la autorización de sus tutores legales

Desde la Asociación de Clínicas Acreditadas para la IVE, (ACAI) miran con preocupación los datos por si pudieran esconder un aumento de prácticas clandestinas entre las menores de 19 años. Ese descenso, de 9,92 a 9,38, podría no ser una bajada real sino una forma de cubrir "un número importante de menores que podrían estar recurriendo a la clandestinidad para interrumpir su gestación".

Además, tachan de "contrasentido" cualquier retroceso legislativo que pudiera producirse "si las posiciones conservadoras del Tribunal Constitucional se impusieran en la sentencia sobre la actual Ley, pendiente de resolución". Entre 300 y 400 menores, según cálculos de ACAI, habrían pasado a una situación de inseguridad jurídica y física por no poder contar con la autorización de sus tutores legales. 

Antes de 2010, la ley de supuestos restringía el aborto a casos de violación, malformación del feto o riesgo para la madre. A partir de esa fecha, el número de interrupciones voluntarias ha ido cayendo desde las 113.000 hasta las 94.188 de 2015.  

Estos son los primeros datos desde la última modificación de la legislación realizada por el PP en septiembre de 2015 para incluir como obligatorio el consentimiento paterno a las menores de 16 y 17 años. Las jóvenes de menos de 15 años necesitan siempre permiso de los padres.

De cada mil mujeres, las menores de 19 años han ido reduciendo su índice de abortos entre 2010 y 2014

Esa proposición de ley del Partido Popular no fue más que una nota al pie de la reforma de Gallardón, que pretendía ser más restrictiva que la vigente en 1985 al eliminar las malformaciones como supuesto específico para abortar y exigir dos informes en vez de uno para demostrar el daño en la salud psíquica y mental de la madre. Estacas en el camino ante una decisión que debe tomar la mujer y a la que se la presuponía, según esta ley fallida, incapaz de tomar una decisión sobre lo que quería hacer con su cuerpo. La respuesta social —y lo que algunos prefirieron llamar falta de consenso— impidió la aprobación de la norma y terminó con la dimisión del que fuera alcalde de Madrid.