El 9 de octubre pasado, la Relatora Especial sobre Violencia contra la Mujer y el Grupo de Trabajo sobre la Discriminación contra las Mujeres y Niñas, ambos de Naciones Unidas, enviaron una comunicación conjunta al Gobierno español. En ella pedían información urgente sobre la sentencia dictada en un juzgado de Lleida, que ordenaba la separación forzosa de una niña de siete años de su madre ("arrancamiento" lo denomina), para ser entregada a su padre "que está denunciado por abusos sexuales a la niña".

Solicitaban de nuestro país información detallada sobre el caso y sobre las medidas adoptadas por España "para proteger la vida y la integridad física y mental de madre e hija", así como cualquier "investigación, exámenes u otro tipo de pesquisas sobre los actos de violencia y abuso sexual" en este caso.

La petición de información por parte de la relatora de la ONU llegó a España dos días antes de que la niña fuera efectivamente separada de su madre de forma traumática, mediante una orden judicial emitida por la jueza Cristina Marrero Pérez, del Juzgado de primera Instancia e Instrucción no 1 de Vielha (Lleida). La jueza ordenó a los Mossos d'Escuadra coger a la menor y meterla sin ningún conocido en un viaje en coche de más de tres horas hasta la localidad del Valle de Arán donde vive su padre, que no se desplazó a Barcelona a recoger a la menor.

La respuesta de España a la relatora (a la que ha tenido acceso este diario), está fechada el 11 de febrero, es decir, cuatro meses después de la separación de madre e hija y de que la ONU se interesara por el caso. 

Pero no sólo llama la atención el tiempo de respuesta, sino también el contenido de la nota emitida por el Ministerio de Asuntos exteriores. A lo largo de los más de cinco folios enviados a la Relatora, nuestro país se limita  a hacer un recorrido por las diversas leyes aprobadas por España en relación a la violencia de género y a la protección de la infancia, comenzando por la ley de violencia de género de 1/2004 hasta el Pacto de Estado aprobado en el Congreso en septiembre de 2017. Incluso lista la cantidad de fondos que el Gobierno central destina a las diferentes comunidades autónomas por este concepto. Pero ninguna mención ni dato sobre el caso de María Noel y su hija.

El caso al que hace referencia la nota de la Relatora de la ONU es el de María Noel, una mujer uruguaya que en octubre pasado pasó varios días dentro del Consulado de aquel país en Barcelona, donde la jueza había ordenado realizar la entrega de la menor al padre y que la legación diplomática se negó a acatar. 

A pesar de que la madre contaba con diversos informes emitidos en Uruguay por instituciones públicas y privadas que daban por cierto el relato de la menor en relación a los posibles abusos sexuales por parte de su padre, el juzgado de Lleida no los tuvo en cuenta y sólo consideró uno de los equipos forenses que no determinan el abuso, pero culpan a la madre de que la niña no quiera ver al padre.

Indignación desde Uruguay

"La respuesta de España muestra una preocupante desidia. Es evidente que las autoridades españolas no se tomaron la molestia de investigar absolutamente nada del caso por el que se interesa la Relatora", afirma Soledad González, representante la organización Intersocial Feminista de Uruguay, una entidad que agrupa a 30 organizaciones y que son las que han denunciado el caso ante la relatoría de la ONU el pasado octubre.

Según estas organizaciones, España no se ha tomado el interés de "responder en tiempo y forma y de buena fe". "No da ninguna respuesta sobre la situación de María Noel y su hija y de cómo se están protegiendo sus derechos básicos, cómo fueron tratadas judicialmente, si están siendo revitalizadas y cómo se trató el tema de la denuncia de abusos sexuales hacia la niña", abunda González.

"España contesta en sólo dos renglones algo relativo al caso, para afirmar que se garantizó el derecho de tutela judicial efectiva y a un juez independiente sometido al imperio de la ley. Y nada más".

Para Lydia Vicente, directora de Rights Intenational en España, una organización de defensa de los derechos y libertades civiles, "esta respuesta debería, cuanto menos, sacar los colores al Estado". Esta jurista, especializada en derecho internacional y humanitario, explica que es habitual que España responda con generalidades, pero que no debería.

"Si la Relatora le hace preguntas muy concretas y responde con generalidades, significa que España no está poniendo interés o que le importa bien poco. Y nos parece lamentable, cuando nuestro país forma parte de manera voluntaria de un sistema universal de Naciones Unidas en el que ha firmado convenios de derechos humanos y acatar las reglas de esos mecanismos. Y lo debería de hacer con seriedad y con buena fe", explica Vicente.

Advierte que las recomendaciones o peticiones de una relatora no tienen la fuerza de un tribunal de derechos humanos o de un comité de Naciones Unidas que imponga medidas cautelares, pero que "si formas parte del sistema es porque estás dispuesto a acatar estos mecanismos".

Esta experta explica que no existe un plazo razonable de respuesta y que éstos dependen de la inmediatez o la urgencia de las solicitudes. "Es muy lamentable que tarde cuatro meses en responder algo que afecta a la seguridad de un menor y de una madre, en que lo plazos deberían ser más rápidos. No es lo mismo que cuando los relatores o comités de la ONU hacen recomendaciones a los Estados sobre legislaciones, que tienen plazos más dilatados"

Vicente explica que España debería, cuanto menos haber realizado una investigación sobre los hechos requeridos", cosa que en la respuesta queda claro que no realizó.

Visitas de dos horas semanales

Desde que en octubre se produjo la separación de madre e hija, María Noel sólo puede ver a la niña dos horas por semanas en un punto de encuentro familiar vigilado. 

Desde su equipo jurídico señalan también las lentitud extrema del proceso judicial, puesto que el recurso de apelación a la sentencia que decretó el cambio de custodia de la menor hacia el padre y las medidas contra la madre llevan más de cuatro meses en el juzgado de Viehla (Lleida) sin que la jueza la haya subido a la instancia superior.