Público
Público

Alquiler social Diez familias con 17 menores viven sin agua en pisos abandonados de la Guardia Civil

Seis madres solteras y otras cuatro familias en situación de emergencia habitacional ocuparon el pasado 13 de diciembre un bloque de pisos del Ministerio de Interior en Badajoz. Desde entonces, piden a la Junta de Extremadura un alquiler social para poder tener un techo bajo el que vivir en unas condiciones dignas.

Publicidad
Media: 5
Votos: 3

Movilización contra los recortes en Extremadura. Campamento Dignidad

Diez familias con 17 menores en situación de emergencia habitacional llevan casi dos meses viviendo en un bloque abandonado del Ministerio de Interior. Ante la imposibilidad de poder acceder a una vivienda, el pasado 13 de diciembre ocuparon diez pisos antiguos de la Guardia Civil de Badajoz. Desde entonces, piden una y otra vez a la Junta de Extremadura que les concedan un alquiler social, pero no han tenido ninguna respuesta y en muchas viviendas siguen sin agua ni luz. Este jueves se manifiestan frente al Ayuntamiento de Badajoz para pedir, una vez más, una solución ante este problema.

La historia de cada una de estas familias es diferente pero todas tienen algo en común: trabajos precarios o desempleo durante largo tiempo, falta de ayudas sociales e imposibilidad de conseguir un techo bajo el que poder vivir. Ahora, al haber ocupado los pisos, no pueden empadronarse, por lo que tampoco pueden contratar todos los servicios de agua y de luz, lo que incrementa la urgencia de ser rehabilitadas. De hecho, luz sólo hay en seis pisos y agua en ninguno.

El edificio ocupado se encuentra en la barriada de Suerte de Saavedra y lleva más de diez años abandonado. Residen en diez viviendas, pero aún quedan otras 90 que siguen deshabitadas: “No es normal que tengamos casas vacías y familias durmiendo en la calle”, denuncia Fátima Mendoza, activista del Campamento Dignidad y de la PAH de Badajoz.

Ninguna de las familias tiene recursos para poder hacer frente a un alquiler

Elena Domínguez, Elvira Borrego, Soledad García, Saray Martínez y Miriam González son cinco de las madres solteras que han ocupado los edificios y que tienen entre veinte y treinta años e hijos que no superan los trece. No tenían vivienda, no les daban soluciones y decidieron ocupar estas pisos para evitar que sus hijos durmieran en la calle o se pasasen los días yendo de unas casas a otras sin poder tener una vida normal. Siguen sin tener empleo o recursos económicos para hacer frente a un alquiler. Todas son demandantes de vivienda social desde hace años, pero nunca ha llegado el turno de ninguna.

Bloque abandonado del Ministerio de Interior en Badajoz. PAH de Badajoz

Mendoza también es vecina de estas familias en el barrio de Saavedra y madre de Elvira. Gracias a ella pueden lavar la ropa o asearse en su casa. Su hija, de 23 años y con dos hijos, estuvo viviendo durante ocho años con su suegra, pero tuvo que dejar la casa. Sólo ha conseguido un trabajo en el Ayuntamiento durante seis meses. Pasó a vivir con su madre, pero era una casa demasiado pequeña para las personas que vivían allí, así que optó por la única forma que le quedaba para darle un hogar digno a sus hijos, ocupar.

Otra de las madres, Miriam, ya ha tenido que dejar dos casas. Vivía en uno de los pisos más marginales de Badajoz, Los Colorines. Se fue cuatro días de casa y cuando volvió habían entrado en ella. Le desbarataron el piso, lo denunció pero la Junta tampoco le dio ninguna ayuda y se tuvo que ir. Consiguió otra vivienda, pero al poco tiempo también la echaron. Sin poder permitirse otro alquiler, la ocupación también fue la única alternativa que le quedó.

El silencio del Ayuntamiento

Tanto las familias como los colectivos del Campamento de Dignidad de Extremadura y la PAH de Badajoz han pedido constantemente a la Junta de Extremadura una solución ante lo que están viviendo.

Las familias piden el reconocimiento de las viviendas y un alquiler social

Lo primero que solicitan es puedan acceder a los elementos básicos para la vida: el agua y la luz. También reclaman que se les reconozca el empadronamiento para poder acceder a ayudas sociales y garantizar los suministros. Y, sobre todo, el reconocimiento de la vivienda para ellas: que rehabiliten el edificio y pongan las viviendas a disposición de un alquiler social. Hasta ahora no ha habido respuesta, pero afirman que no van a parar de luchar hasta conseguir alguna solución.

Además, Mendoza señala que la Guardia Civil mantiene una vigilancia sobre el resto de pisos abandonados, y que piden al Ayuntamiento que la mantengan por miedo a que entren en el bloque y en las nuevas viviendas habitadas.

La falta de ayudas en Extremadura

Desde el Campamento Dignidad de Extremadura se ha denunciado de forma constante y mediante todas las formas posibles la falta de ayudas sociales en la región, sobre todo por las dificultades en el acceso a una vivienda. Juan Viera, desde este colectivo, explica que hay muchas viviendas vacías y muchas familias sin casas pero no se trabaja para poder ayudarlas.

“En Extremadura hay desahucios todos los días”

“Las entidades financieras como La Caixa o el BBVA tienen miles de viviendas, 10.000 y 7.000 respectivamente, en Extremadura. Las instituciones públicas tienen bloques de pisos vacíos desde hace más de diez años como el edificio de Saavedra en Badajoz o las 210 viviendas del barrio del Álamo de Mérida. Son viviendas que se podrían destinar a alquiler social pero no se hace, y mientras, hay desahucios todos los días. Este miércoles ha venido otra joven de Villafranca con tres hijos a contar al colectivo que le van a desahuciar”, señala Viera.

Para el colectivo gran parte del problema viene de los presupuestos: la Junta ha destinado para los alquileres de vivienda 1,4 millones de euros, pero la Ley de Emergencia Social de Extremadura dicta que se debe destinar a esta partida 5 millones de euros, según explicael activista. De esta forma, al igual que se reclama que rehabiliten el edificio de Badajoz, también que se lleven a cabo políticas que ayuden a afrontar la precariedad: “políticas que permitan recuperar edificios y pisos para que se puedan ceder a las familias necesitadas con alquileres sociales” y “políticas sociales y de empleo que ataquen la pobreza de muchas familias extremeñas”.