¿Y sí, pese a la hiperactividad normativa de comunidades autónomas y ayuntamientos, las limitaciones a las casas de apuestas estuvieran llegando con tanto retraso como para, en realidad, convertirse en la práctica en un blindaje regulatorio para las que ya están operando?

Es una de las sombras que planean sobre el futuro inminente de esta actividad que, junto con el juego online, está disparando la ludopatía y los problemas económicos de miles de familias en los barrios populares de todo el país y que, desde hace unos meses y gracias a la movilización de entidades vecinales y organizaciones sociales, se está situando como uno de los principales temas del debate público y mediático.

“Los empresarios del juego están interesados en que las administraciones establezcan limitaciones y regulen el sector, ya que se trata de una actividad que, de tan extendida, está cerca de las posibilidades máximas de negocio que le ofrece el mercado”, explica Javier Hernández, lugarteniente del Justicia de Aragón (equivalente del Defensor del Pueblo autonómico), institución que está trabajando en un informe sobre las casas de apuestas en la comunidad.

Mientras gobiernos como el vasco avalan esa tesis al haber cortado la concesión de licencias al considerar saturado su territorio, los datos de 2017 y 2018 que recoge la última memoria anual de Azarplus, una de las patronales del juego, muestran un sector de descomunales dimensiones en España. A los 3.150 salones de juego se les suman 310 salas de bingo, 53 de casino con 462 mesas de juego y siete hipódromos con posibilidad de apostar en las carreras y se les añaden más de 130.000 bares con máquinas tragaperras, cifra que Hacienda rebaja a 117.788 para añadirle otros 9.755 con máquinas de otros juegos.

Esas cifras indican que las probabilidades de hallar una puerta tras la que se permite apostar resultan, despachos de loterías y quinielas y quioscos de la Once al margen, y sin incluir las casas que se dedican en exclusiva a las apuestas deportivas, seis veces mayores que las de cruzar una tras la que vendan aspirinas, ya que el número de farmacias es de solo 22.071, según los datos del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos.

Sólo Andalucía se queda al margen

La actividad regulatoria de las comunidades autónomas está siendo intensa, al menos en cuanto a suspensiones de la tramitación de nuevas licencias mientras se anuncia la preparación de nuevas normativas más exigentes. Y generalizada: ocurre en todo el país salvo en Andalucía, donde cinco meses después de que la abstención de Cs facilitara que el Parlamento reclamara a la Junta un aumento de la presión fiscal para esas actividades a propuesta de Adelante Andalucía, los naranjas se alineaban con el PP y Vox para rechazar una iniciativa socialista que planteaba vetar por ley la ubicación de casas de apuestas a menos de 500 metros de un colegio.

No obstante, esas nuevas reglas, explican fuentes jurídicas, abren nuevos interrogantes debido a que las leyes no tienen carácter retroactivo en España: ¿obligarían al cierre de los locales que pasaran a incumplir las normas? ¿se verían obligadas las comunidades a indemnizar por el lucro cesante a las empresas que tuvieran que clausurar sus salones?

La Comunidad de Madrid, que impide ubicarlas a menos de cien metros de un centro de enseñanza y que sanciona con multas de hasta 9.000 euros y cinco meses de suspensión del permiso la presencia de menores en las casas, ha suspendido durante seis meses la concesión de licencias mientras tramita una reforma que eleve las exigencias.

El mismo plazo de suspensión está ahora mismo vigente en Navarra, que desde 1990 prohíbe ubicar dos locales a menos de 400 metros uno de otro. También en la Comunitat Valenciana, en este caso a la espera de tramitar una nueva ley a propuesta de Compromís y después de que el Supremo haya anulado la distancia mínima de 800 metros que establecía el reglamento de 2015 por aplicar una restricción que la ley no contemplaba. Y en La Rioja, que prorrogará el plazo si antes de que concluya no sale adelante la ley que debe limitar a un máximo de 34 el número de salones de juego en la comunidad y a ocho el de casas de apuestas.

Distancias mínimas de hasta un kilómetro

La suspensión alcanza los ocho meses en Asturias, cuyo Gobierno autonómico tomó esa decisión ante el aluvión de peticiones de licencias, mientras el de Euskadi ha decidido no dar ni una más al considerar que su territorio ha alcanzado el nivel de saturación de este tipo de establecimientos. El de Murcia, que quiere prohibir su presencia a menos de medio kilómetro de un colegio o instituto y a menos de mil metros de otro local similar, suspendió la concesión de permisos en septiembre del año pasado.

Otras comunidades han anunciado que impulsarán nuevas normativas de mayor exigencia pero sin suspender por ahora la tramitación de permisos, caso de Galicia, Canarias (permite salones a 200 metros), Baleares, Cantabria (plantea que no estén a menos de 500 metros de colegios y de otros locales), Catalunya, Castilla-La Mancha, donde el proyecto de Ley del Juego decayó al no ser aprobado la pasada legislatura, y Aragón. Precisamente, la consejera de Presidencia de Aragón, Mayte Pérez, anunció este martes un endurecimiento de los controles de acceso con la obligación de llevar un “libro de visitas” como el de los casinos y bingos, la conversión en indefinida de la inscripción en el registro de autoprohibidos y el establecimiento de distancias mínimas a “instalaciones vulnerables como los centros de enseñanza o los que tengan un potencial de uso por personas jóvenes”.

Por último, la distancia entre salones de apuestas está limitada a 300 metros desde septiembre en Castilla y León, donde tampoco pueden estar a menos de cien metros de una escuela o un instituto, mientras que Extremadura aplica desde febrero una limitación de 300 en ambos casos.

Los ayuntamientos, la unidad de mercado y la defensa de la competencia

También los ayuntamientos han comenzado a intensificar las exigencias a las casas de juego. Así, Barcelona ha suspendido durante un año la tramitación de licencias, Palma ha ampliado a 500 metros la distancia mínima de 250 entre locales que establece la normativa autonómica, Pamplona dejará de dar licencias de obra para este tipo de locales durante un año, mientras tramita unas nuevas reglas, y el equipo de gobierno de PP y Cs en Zaragoza ha anunciado una moratoria de licencias que debería entrar en vigor este mes y que se mantendría hasta que la comunidad apruebe su nueva normativa.

Antes que todos ellos abordó la problemática Huesca, que la dejó resuelta en el PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) de 2003. “La distancia mínima que tiene que existir entre un salón recreativo y un centro educativo, juvenil, deportivo o escolar, sea público o privado, debe ser de un radio de 350 metros”, explicaron fuentes municipales, que anotaron que quedan al margen de ese veto los locales de juegos de habilidad como futbolines, ping-pong, billares y boleras.

Esta regulación ha hecho que intervenga en el debate un nuevo actor como son los órganos de vigilancia de la unidad de mercado: el Tribunal de Defensa de Competencia de Aragón ha pedido al Servicio de Defensa de la Competencia del Gobierno de Aragón que recabe información del Ayuntamiento de Huesca sobre las restricciones a la apertura de casas de apuestas en la ciudad, confirmaron fuentes de la Consejería de Economía, para estudiar si vulneran la normativa.

La zonificación como solución

Hernández, que lleva tiempo estudiando el sector del juego desde Justicia de Aragón, apuesta por “la zonificación” como la principal herramienta de que disponen los ayuntamientos para limitar la proliferación de salones de juego y casas de apuestas.

“Las ordenanzas municipales de uso del suelo permiten limitar las actividades por zonas en la ciudad”, explica. Es la herramienta que consistorios como los de Barcelona, Bilbao y Madrid han utilizado para poner coto a los pisos turísticos, y que cuenta con respaldo en la normativa comunitaria a través de la Directiva de Servicios en el Mercado Interior y en la jurisprudencia que sobre ella ha emitido el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), que hace unos meses avaló la ordenanza del ayuntamiento holandés de Appingedam por la que, para mantener la habitabilidad del centro de la ciudad y la desocupación de locales, el comercio minorista de ropa y calzado solo podía ubicarse en el centro de la ciudad.

“Los ayuntamientos pueden limitar los usos por zonas siempre que haya un motivo de interés general. Ahí es donde fallan las normativas”, explica Hernández, que sostiene que “la existencia de un colegio o un instituto es un motivo suficiente para aplicar esas limitaciones”.