El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) condenó este lunes a 45 años de cárcel al cazador que asesinó a dos agentes rurales en Aspa. A la pena de prisión se añadió una indemnización económica de 990.000 euros. De esta cifra, hasta 300.151 euros deberían ser pagados por la aseguradora Mussap, sin embargo, ésta rechaza asumir el pago.

En la vista, la abogada de la aseguradora ha defendido su recurso de apelación a la sentencia, en que se la obligaba a responder directamente por la indemnización hasta el límite de 300.151 euros, alegando que la póliza no cubría el arma sino la acción de cazar, y que el crimen se produjo fuera de la actividad de caza por lo que no les corresponde pagar.

Según su postura, la póliza cubría solamente lo derivado de la propia actividad de cazar, y el asesinato de los dos agentes rurales no está englobado en la caza sino que se produjo al interrumpir esta acción.

En cambio, la Fiscalía; la acusación particular de las familias, que representa el letrado Pau Simarro; la acusación popular de dos asociaciones de Agentes Rurales, que lleva el abogado Albert Requena, y la defensa del condenado se han alineado en contra de esta pretensión.

En resumen, consideran que el doble crimen se cometió en un contexto de caza y que fue "evidentemente e indiscutiblemente en una acción de caza", ha afirmado Pau Simarro, que también ha defendido el derecho de los perjudicados a ser resarcidos. 

Requena ha añadido que cuando ocurrió el doble crimen, en enero de 2017, "se entiende que está cazando, ¿qué hace si no?": ha cazado animales justo antes, lleva cartuchos, está en un coto de caza y va vestido de cazador, ha detallado el abogado.

La Audiencia de Lleida condenó a I.R. a 45 años de cárcel por dos delitos de asesinato y por un delito de tenencia ilícita de armas, además de un multa de 1.080 euros por un delito contra la flora y fauna. El jurado popular determinó en el juicio que el acusado I.R. disparó cuatro tiros a los dos agentes sin que ellos pudieran defenderse, pero descartó que disparara para ocultar que tenía caducado su permiso de armas.

"No queda probado que disparara para que no lo descubrieran, solo el acusado puede saber por qué disparó", afirmó el portavoz del jurado en la última sesión del juicio en la Audiencia de Lleida.

En concepto de responsabilidad civil, el cazador fue condenado a indemnizar a las familias con 990.439 euros, de los que la aseguradora Mussap debía responder hasta el límite del capital asegurado en la póliza de seguros, 300.151 euros, lo que ahora ha sido objeto de apelación.

El resto de la cantidad fijada –690.287 euros– será reclamada por los perjudicados a la Generalitat a través del procedimiento de reclamación patrimonial por falta de medidas de seguridad a los agentes rurales, que ya fue iniciado al producirse los hechos y que ahora será reprendido cuándo se disponga de sentencia firme también en cuanto a la responsabilidad civil, ha explicado Pau Simarro.