MADRID.- El Gobierno de Castilla-La Mancha (PP) ha aprobado recientemente la Ley 7/2014 de Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero los padres y madres de niños con Trastorno de Espectro Autista (TEA) de la región tienen dudas de que la norma garantice realmente los derechos de sus hijos.

La fuente de su preocupación está en el punto 4 del artículo 38 de la ley, que fija el procedimiento para gestionar la Atención Temprana, es decir, los tratamientos de especialistas (fisioterapeutas, logopedas y estimuladores) complementaria a la formación escolar para el desarrollo de niños con dificultades como el autismo, la hiperactividad, o problemas conductuales o de habla.

"El proceso de detección de los niños objeto de atención temprana corresponde prioritariamente a los sistemas sanitario, social y educativo. La intervención en el ámbito social se realizará desde la detección hasta la escolarización del menor, momento a partir del cual el proceso de intervención continuará en el ámbito educativo", reza la norma.

Eso significa que si el niño es escolarizado, la Atención Temprana en centros dependientes de Servicios Sociales se suspende, aunque el centro escolar se hace responsable de seguir atendiendo las necesidades especiales del alumno con apoyos complementarios. La escolarización es opcional desde los tres años y obligatoria a partir de los seis, de manera que cuando el niño tenga tres años, las familias deberán elegir entre escolarizar a sus hijos o mantenerlos en la Atención Temprana. 

Los padres y madres comparten con la Administración la idea de que el centro escolar es el ámbito ideal para la atención temprana, pero temen encontrarse ante "una declaración de principios que no se vea acompañada de medidas reales", afirman en una petición en change.org que ya ha conseguido más de 219.000 firmas. "Los perjudicados van a ser niños de tres a seis años que no van a tener más oportunidad que la que pueda proporcionarles el poder adquisitivo de sus familias", sentencia el colectivo, porque quienes quieran que sus hijos reciban ambos servicios, es decir, la Atención Temprana en centros específicos y en la escuela, tendrán que pagar por la primera.

El objetivo de la ley es "la coherencia y la optimización" de los recursos, un reto que Castilla-La Mancha pretende lograr, según la norma, "procurando una complementariedad de las intervenciones con el niño, su familia y su entorno sin que pueda producirse en ningún caso una duplicidad de servicios". José Miguel Sánchez, padre de una niña con autismo y presidente de la Asociación Sureste del Trastorno Espectro Autista (Surestea), cuenta a Público que "no hay ningún documento que certifique esa supuesta duplicidad de tratamiento en el caso de la Atención Temprana". Hace años, él y otras familias denunciaron la misma tendencia en la Comunidad de Madrid.  

La Federación de Autismo de Castilla-La Mancha advierte de que los centros escolares "no están preparados" para ofrecer Atención Temprana 

En este caso, la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha insiste en que la nueva ley no modifica los parámetros de la Atención Temprana y apunta que será "un informe técnico realizado por profesionales" lo que determinará si el niño debe recibir ese tratamiento en el ámbito social o en el educativo. "La ley, que fue aprobada por unanimidad y con el consenso de todas las entidades del ámbito de la discapacidad, es transversal, lo que quiere decir que esa atención temprana, sea en el centro específico o en el colegio, se va a dar", explica a Público una portavoz de la consejería. 

Las dudas de los padres, sin embargo, se basan en la falta de recursos de los centros educativos. "La mayoría de colegios no disponen ni de los profesionales indicados ni de las instalaciones para ofrecer algunos servicios, como por ejemplo, la fisioterapia", afirman en un comunicado, en el que señalan también que "la realidad experimentada por muchas familias con el sistema educativo es de mala comunicación y escasa o nula coordinación con los demás sistemas implicados".

Aunque el consejero de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha, Ignacio Echániz, trató de calmar los ánimos el pasado lunes afirmando que "ningún niño de cero a seis años se va a quedar sin la intervención de Atención Temprana que necesite" y que "desde principios de 2011 el número de menores de 0 a seis años que reciben Atención Temprana se ha incrementado en un 30%", la Federación de Autismo de Castilla-La Mancha salió al paso un día después pidiendo a la presidenta de la región, María Dolores de Cospedal, que "dote a los centros educativos de los recursos suficientes para que la Atención Temprana en los centros sea efectiva", informa Europa Press, porque ahora los colegios "no están preparados".