Publicado: 11.11.2015 18:46 |Actualizado: 11.11.2015 18:46

Los hospitales y clínicas concertados de Catalunya alertan que no podrán pagar las nóminas de noviembre

Estos impagos se suman a los problemas que también sufren las farmacias catalanas por el retraso de la Generalitat en abonar sus facturas

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Una empleada de la sanidad pública catalana, en una protesta convocada en abril por Metges de Catalunya contra los recortes sanitarios - José Colón

Una empleada de la sanidad pública catalana, en una protesta convocada en abril por Metges de Catalunya contra los recortes sanitarios - José Colón

BARCELONA.- Los centros sociosanitarios privados con conciertos con la Generalitat agrupados en la patronal Asociación Catalana de Entidades de Salud (ACES) han advertido de que los impagos les han puesto en una situación "insostenible" que hará que algunos de ellos no puedan pagar las nóminas de noviembre.

Representantes de la patronal ACES mantuvieron ayer una reunión con los representantes de los hospitales, clínicas y servicios sanitarios privados que tienen suscritos contratos con el CatSalut y algunos de ellos, sobre todo los centros sociosanitarios, manifestaron la imposibilidad de hacer frente al pago de las nóminas de este mes de noviembre y tampoco a sus proveedores.

De esta manera, la situación de los centros sociosanitarios se suma a los problemas que también sufren las farmacias catalanas por el retraso de la Generalitat en pagar sus facturas, que ya ascienden a más de 330 millones de euros, sin que haya fecha de pago, porque la administración ha anunciado que no tiene más dinero hasta que no lleguen más recursos del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).



Muchos centros están en situación "límite" tras soportar cuatro meses de impagos, han descrito a Efe fuentes de ACES.

La Federación Nacional de Clínicas Privadas (FNCP), cuyo representante en Catalunya es ACES, ha manifestado su "malestar" por los impagos de la Generalitat ya que considera que "es inaceptable que se utilicen servicios esenciales y constitucionalmente protegidos, como el derecho a la salud, como moneda de cambio en situaciones conflictivas, tanto políticas como económicas".

Según la patronal, la Generalitat ha acumulado una deuda con los centros sanitarios concertados que asciende a más de 465 millones de euros correspondientes al 33 % de la facturación de junio, más el 100 % de la facturación de los meses de julio, agosto, septiembre y octubre.

La patronal ha recordado que con esta situación llevan "cuatro meses prestando servicios sanitarios, pagando a sus trabajadores, la seguridad social, aplazando pagos a proveedores y todo ello, sin cobrar".

Situación crítica

"Es una situación crítica que ha llevado al agotamiento de sus tesorerías y de las líneas de crédito, de las que en su caso pudieran disponer, encontrándose a fecha de hoy sin solución de continuidad", ha agregado la patronal de la sanidad privada, que han recordado que sus proveedores, a los que tampoco pueden pagar por los impagos de la administración, también tienen que pagar sus nóminas.

Según la patronal, la situación afecta a unos 60.000 trabajadores que están en el convenio SISCAT, que se firmó con un incremento de tarifa del 3,6% con efectos a 1 de mayo de 2015 y las entidades que representan están pagando a sus trabajadores con recursos propios.

La presidenta de ACES, que también es presidenta de la FNCP, Cristina Contel, ha recordado que ya había advertido "de la grave y peligrosa deriva de los impagos que se iban acumulando".

"Debemos encontrar entre todos una salida urgente a esta situación insostenible que se ha convertido en una carga de profundidad que atenta directamente a los principios rectores más básicos y esenciales de todo estado de derecho", ha añadido Contel.

La presidenta de la patronal ha defendido que "hay derechos fundamentales, como el de la salud, que están y así deben tratarse, por encima de posicionamientos y contenciosos políticos y económicos, pues los valores que preservan son inherentes a la ciudadanía".

Para Contel, esta situación "requiere decisiones urgentes y valientes, que, para evitar que vuelvan a repetirse, deberían enmarcarse en un Pacto Nacional de Salud que trascienda las voluntades e intereses políticos, dando estabilidad y seguridad jurídica a los agentes de la salud, que circunscriben su razón de ser en un servicio público que constituye un derecho fundamental".