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Cerca de 5.000 candidatos han denunciado las polémicas oposiciones a profesor de Secundaria en Madrid

CCOO exige la dimisión del consejero de Educación, a quien responsabiliza de no garantizar la seguridad jurídica de los opositores.

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Un examen de oposiciones de maestros. EFE

La Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid calcula que entre 4.500 y 5.000 candidatos a las recientes oposiciones a profesores de Secundaria, Formación Profesional y otros grados medios han presentado una reclamación ante el tribunal que les examinó al no estar de acuerdo con los métodos seguidos para determinar su nota.

Estas pruebas, a las que se han presentado un total de 20.500 aspirantes que se disputaban 2.200 plazas, han sido objeto de una gran polémica durante los últimos días, al conocerse el bajo número de aprobados en el primer examen, que en muchos casos, y en distintas especialidades, apenas ha rozado el 15 por ciento.

Isabel Galvín, secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid, ha pedido la dimisión del consejero de Educación, Rafael Van Grieken, a quien responsabiliza de haber convocado las oposiciones “tarde y mal”, y de no haber garantizado la seguridad jurídica de los aspirantes al concurso-oposición.

La sindicalista Isabel Galvín. / CCOO

Situación "inédita e insólita"

“Desde el momento en que estalló el ‘caso Cifuentes’ la Consejería ha permanecido en stand by, y se ha inhibido de regular todo lo que tiene que ver con los criterios de evaluación, cosa que sí se ha hecho en otras comunidades autónomas. La situación de Madrid es inédita e insólita: los criterios de evaluación se publicaron en varias fases y tres días antes de la celebración de las pruebas, lo que no se adapta a la normativa vigente”, ha asegurado Galvín.


Por su parte, un portavoz de la Consejería de Educación, en declaraciones a este periódico, quiso dejar claro que los que aprueban o suspenden son los tribunales, “y esos tribunales son soberanos e independientes, y son los que publican sus criterios de evaluación y de corrección”.

La institución educativa, siempre según la versión del citado portavoz, califica de “sorprendente” que los sindicatos quieran culparla de la polémica generada con el asunto de las oposiciones. “Nosotros nos hemos limitado a convocar una oferta de empleo público de 2.200 plazas, y si al final de proceso y quedan plazas sin cubrir se guardarán para la convocatoria siguiente”.

“Los criterios de evaluación y de corrección son públicos y ya desde las últimas convocatorias el examen es multicopia, de tal manera que una copia se queda para el opositor y otra para el tribunal. Todo está explicado y todo es transparente”, afirman desde la Consejería.

Se ha generado mucha alarma

Sin embargo, estos argumentos no convencen a la responsable de la Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid, quien insiste en que el proceso de oposiciones está “claramente tocado” y la situación ha generado mucha alarma, como lo prueba el alto número de reclamaciones presentadas.

En opinión de Galvín, la Consejería de Educación es la responsable de regular el sistema de oposiciones y los tribunales examinadores se limitan a aplicar la normativa que la Comunidad establece. “Por eso me parece una irresponsabilidad”, matiza, “enfrentar a los opositores con los tribunales y a los tribunales con los opositores.

“El proceso de Madrid”, subraya la representante sindical, “está fuera de control en este momento. El consejero se está mostrando absolutamente incapaz, tanto en ésta como en otras cuestiones. Él está reprobado por la Asamblea, pero nosotros exigimos ya que dimita o que le cese Garrido, y que dé una oportunidad a que la educación pueda empezar el curso de una manera razonable”.

Recurso de alzada y contencioso

Los aspirantes que están en desacuerdo con las notas del primer examen pueden presentar, en primera instancia, una reclamación ante el propio tribunal examinador. Si las notas definitivas confirman el suspenso, los interesados tienen la posibilidad de presentar un recurso de alzada. Si esta vía tampoco prospera, el último recurso pasa por el contencioso-administrativo, que tarda en resolverse un mínimo de dos años.

CCOO ha anunciado que denunciará ante los tribunales la falta de seguridad jurídica y de transparencia que ha acompañado el proceso de oposiciones, al tiempo que facilitará cobertura jurídica y legal a los aspirantes afectados.

“En este caso”, sostiene Galvín, “estamos ante un fenómeno masivo, transversal, compartido en todas las especialidades. La conclusión es que algo ha fallado en el sistema, que ha colapsado. Ha habido problemas en matemáticas, piano, lengua, física y química, biología, aplicaciones informáticas, etcétera, y eso no tiene una explicación lógica”.