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Policía El Estado, condenado a pagar 800 euros a una joven a la que un policía le abrió la cabeza de un porrazo en 2012

La mujer fue agredida el 29 de septiembre de 2012 tras una protesta contra los Presupuestos Generales del Estado. La Policía, que iba sin identificar, entró a un bar, la sacó a empujones y le propinó varios golpes en la cabeza. 

Agentes de UIP agreden a un joven al que acaban de sacar de un bar tras la protesta del 29 de septiembre de 2012 'Rodea el Congreso'.- VÍDEO DE YOUTUBE DE ARTURO DM

ALEJANDRO TORRÚS

800 euros. Esto es lo que tendrá que pagar el Estado a una manifestante a la que un agente antidisturbios propinó un porrazo sin justificación alguna tras una manifestación el pasado 29 de septiembre de 2012, hace ya más de cinco años. Los golpes de los antidisturbios, que iban sin identificar, provocaron a la joven una brecha de seis centímetros en la cabeza, entre otras heridas. Ahora, tras cinco años de batalla legal, la manifestante ha conseguido que se reconozca que la Administración es responsable de la actuación del agente. Cabe recordar que la Justicia ya condenó al Estado a pagar 750 euros a otra joven que fue agredida en idéntico lugar y circunstancias.

El juez, contra el criterio del Abogado del Estado que pedía archivar la denuncia, fija una indemnización de 80 euros por cada uno de los 10 días en los que la joven agredida estuvo impedida por las agresiones. No obstante, y a pesar de la larga batalla legal de cinco años, el juez deniega a la denunciante el pago de "los honorarios" de los abogados. Así lo ha decidido el juzgado central contencioso-administrativo nº 8 de la Audiencia Nacional. 

El relato de los hechos es el siguiente. La denunciante acudió a la protesta del 29 de septiembre de 2012 en la plaza de Neptuno de Madrid contra los Presupuestos Generales del Estado recién anunciados por el Gobierno. Una vez concluida la misma, la denunciante caminaba regreso a casa junto a dos amigas cuando vieron que se estaban produciendo enfrentamientos entre antidisturbios y manifestantes, por lo que entraron al bar La Brocense. A los pocos minutos, varios agentes de la 1ª Unidad de Intervención Policial de la Policía Nacional, los conocidos como antidisturbios, entraron en el bar sacando a empujones a varias personas que fueron golpeadas indiscriminadamente por los agentes.

En el vídeo que acompaña esta información se puede apreciar a la perfección los acontecimientos y cómo a partir del minuto 2:40 salen del bar varias mujeres que son golpeadas de manera brutal y reiterada en la cabeza por los agentes de la Policía. Ninguna de las personas que son golpeadas en este vídeo son detenidas por la Policía, por lo que parece que las intenciones de los agentes antidisturbios eran ejercer una suerte de castigo y escarnio totalmente gratuito a los manifestantes por el simple hecho de estar en aquel bar. 

Es la segunda agresión

Otra de las personas que fueron agredidas por los antidisturbios durante aquel día en idénticas circunstancias ya consiguió que la Justicia reconociera la responsabilidad del Estado y que sentenciara una exigua indemnización de 750 euros. Desde Legal Sol, encargados del caso, denuncia la "irrisoria" cuantía de las indemnizaciones y la "la vergonzante postura de la Abogacía del Estado, quien hasta el último momento ha rechazado reconocer el mal funcionamiento de la actuación policial"

"Desde la Comisión Legal queremos poner el acento en la falta de investigación efectiva de este tipo de abusos y en la impunidad consentida que supone el incumplimiento de la obligación de los funcionarios de ir debidamente identificados", señalan en un comunicado. 

Agresión impune

A pesar de las sentencias de la Justicia, ningún agente de Policía ha sido sancionado por estas agresiones a ciudadanos ya que aquella noche, como ha ocurrido en multitud de ocasiones en este tipo de intervenciones de la policía, los agentes iban con el número de placa tapado incumpliendo la normativa vigente.

Este fue el motivo por el cual no avanzó el procedimiento penal iniciado por las dos jóvenes agredidas. La Audiencia Provincial de Madrid archivó las denuncias en un auto en el que se afirmaba que “si las propias agredidas no son capaces de facilitar el número identificación del agente o agentes, ni ningún otro elemento susceptible de identificarle o identificarles, nada cabe esperar de las diligencias pedidas”

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