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El Congreso da el primer paso para implantar la renta mínima 

La proposición de ley busca establecer una prestación de ingresos mínimos de 426 euros. La mayoría de los grupos parlamentarios, salvo el PP y Ciudadanos, apoyará esta iniciativa en el Congreso.

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Los secretarios generales de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Pepe Álvarez en la presentación de la ILP / CONGRESO

Este jueves la mayoría de los grupos parlamentarios, salvo el PP y Ciudadanos, apoyará en el Congreso la proposición de ley para el establecimiento de una prestación de ingresos mínimos de 426 euros para las familias sin recursos, procedente de una iniciativa legislativa popular (ILP) de los sindicatos CC.OO. y UGT.

Previsiblemente el Pleno de la Cámara Baja votará a favor de la toma en consideración de esta iniciativa, que tuvo en su momento 70.000 firmas recogidas por los sindicatos. Con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, excepto el del actual Gobierno y Ciudadanos, se procederá a iniciar el tramite para abrir un periodo de enmiendas. El Pleno ya aprobó en diciembre una moción del PSOE que reclamaba un ingreso mínimo vital para los desempleados sin prestaciones.

Unidos Podemos, PSOE, PNV, Bildu y PDECat, adelantaron su respaldo a la tramitación de la propuesta, especialmente los socialistas, que defenderán la iniciativa durante el debate de la toma en consideración.

Los secretarios generales de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Pepe Álvarez, asistirán al debate de la iniciativa tras haberla defendido hace dos semanas en la Comisión de Empleo del Congreso y garantizar que la aprobación de la renta mínima es "asumible".

La  iniciativa pretende fijar una prestación de ingresos mínimos de 426 euros 

Esta proposición de ley pretende fijar una prestación de ingresos mínimos de 426 euros para más de 2,4 millones de personas sin recursos, que se prolongaría mientras el beneficiario carezca de empleo y de recursos económicos y supondría un gasto total de más de 11.000 millones de euros.

Los beneficiarios de esta renta deben tener entre 18 y 65 años, encontrarse en situación de no ocupado, no percibir prestaciones por desempleo, que la renta per cápita sea inferior a 5.837 euros anuales y carecer de ingresos individuales y de los miembros de la unidad familiar establecidos en el 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

La cuantía de la prestación estaría en el 80 % del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) y que se complementaría con una dotación anual en los Presupuestos Generales del Estado en función de las cargas familiares.

Para poder sufragar el importe total de la prestación se necesitarían casi 12.000 millones de euros, lo que supone el 1,1% del PIB, mientras que el coste derivado de los complementos por familiares a cargo se situaría entre el 0,2% y el 0,4% del PIB.

El Partido Popular y Ciudadanos rechazarán la toma en consideración de esta ley 

El Partido Popular rechazará la toma en consideración de la ley al ser económica y políticamente "inasumible", a lo que además alega que , una renta así podría "desincentivar" la búsqueda de empleo

En la misma línea que el Gobierno, el grupo parlamentario de Ciudadanos tampoco apoyará la creación de esta prestación de ingresos mínimos porque creen que provoca  un  elevado coste que  considera que no se puede financiar en estos momentos, y pidió "no hacer políticas públicas basadas en ocurrencias".

El Grupo Socialista ha apoyado  la creación de una renta mínima para personas sin ingresos propuesta por los sindicatos. Este planteamiento ya lo incluyeron en el programa electoral socialista y el PSOE, que defenderá la iniciativa en el pleno, tiene la intención de que se incremente la prestación por hijo a cargo durante la tramitación de la ley.

Unidos Podemos, PSOE, PNV, Bildu y PDECat, respaldan la tramitación de la propuesta 

Por su parte, desde Unidos Podemos ya anunciaron que respaldarían la iniciativa, pero presentarán enmiendas. Consideran que  la renta debería alcanzar los 600 euros mensuales, y conforme al Plan de Rentas que presentó en 2015, debería haber una "complementaria" para los trabajadores que tengan sueldos inferiores a los 900 euros, lo que en conjunto afectaría a 7,8 millones de personas y costaría alrededor de 15.000 millones de euros, el equivalente al 1,5% del PIB.

Por su parte, el PDECat ha mostrado también su apoyo a la iniciativa aunque también anunció que presentaría enmiendas parciales relacionadas con la cuantía de la prestación.