Los derechos de más de cuatro millones de ciudadanos están cerca de empezar a igualarse a los del resto de la población española. Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales (LGTBI) asisten esta tarde al debate de una ley pionera en el mundo para erradicar la discriminación que sufre el colectivo y lograr que la igualdad legal que han conquistado tras años de lucha se convierta en una igualdad real, como recoge el artículo 14 de la Constitución.

La primera Ley de Igualdad LGTBI, registrada por el grupo confederal de Unidos Podemos, pretende "superar la histórica invisibilidad y falta de reconocimiento de los derechos de este colectivo" irrumpiendo en distintos ámbitos de la sociedad para cortar de raíz todas las desigualdades que sufren. El texto, impulsado por la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) espera recibir el apoyo de la mayoría del Congreso porque antes de la manifestación del World Pride en Madrid, todos los partidos —incluido el PP—firmaron un compromiso para apoyar la tramitación de esta norma. 

De hecho, la ley se nutre del contenido de las seis normativas integrales autonómicas LGTBI que han sido aprobadas hasta ahora en Catalunya, Extremadura, Balears, Murcia, Madrid y Navarra (Andalucía pondrá en marcha la suya en noviembre) y, como esgrime la FELGTB, se limita a interpretar la Constitución. En concreto, su artículo 9.2, que reza que "corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social".

Los transexuales no son enfermos

El principal obstáculo que remueve la norma es la llamada patologización. Hasta ahora, las personas transexuales tienen que hacerle creer a un psicólogo que sufren disforia de género (es decir, que, en cierto modo, son enfermos mentales) para acceder a los tratamientos de reasignación de sexo. La futura ley prohíbe estos exámenes médicos porque "coartan la libertad de autodeterminación de género" y defiende que "la vivencia transexual o transgénero no es una enfermedad, un trastorno o una anomalía, sino que forma parte de la diversidad humana". Este cambio, en la línea de la política emprendida en Catalunya, donde la reasignación de sexo ha dejado de depender de las unidades de identidad de género para articularse a través de la atención primaria y comunitaria, se suma a otra medida sanitaria clave para la dignidad del colectivo LGTBI: la prohibición de "las terapias que pretendan revertir la orientación sexual o la identidad de género".

También en el ámbito sanitario, la norma garantiza el acceso a las técnicas de reproducción asistida en los hospitales públicos de cualquier persona con capacidad de gestar, independientemente de su orientación sexual. El texto plantea además la creación de una Comisión Interministerial de Políticas LGTBI, adscrita al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, para coordinar  las administraciones públicas y unificar la atención en todas las comunidades autónomas. 

El presidente de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), Jesús Generelo, señala que, con estas medidas se logra la "visibilización de la diversidad sexual" y se obliga a las instituciones a "intervenir activamente ante la discriminación". Una de las maneras de conseguirlo es fomentando la prevención de estas actitudes y, por ende, evitar que el número de delitos de odio y acoso escolar al colectivo deje de crecer (este año han disminuido en todos los grupos menos en el LGTBI, cuyo aumento ha alcanzado el 36%, según la FELGTB).

La diversidad sexual, presente en la escuela

¿Cómo frenar esta escalada? Poniendo el foco en la educación. La Ley de Igualdad LGTBI plantea que se estudie el movimiento LGTBI en la asignatura de Historia en educación secundaria y que en todas las asignaturas y cursos se incluyan "ejercicios y ejemplos que contemplen la diversidad sexual y de género, así como la diversidad familiar". Además, obliga  a que la atención a la diversidad sexual, de género y familiar se incorpore a la educación primaria y que en las bibliotecas de los colegios haya libros de temática LGTBI. En el ámbito universitario, la ley propone la incorporación de asignaturas y cursos específicos sobre la realidad LGTBI a los planes de estudios oficiales.

Todas estas medidas se afianzarán, según la norma, con la "formación específica obligatoria" en materia de orientación sexual e identidad de género a los profesionales de la salud y la educación, así como a todos los cuerpos de seguridad del Estado, jueces, fiscales y funcionarios de la Administración de Justicia. 

Cambios en el texto de la ley

La futura ley, que se registró en el Congreso el pasado mayo, ha sufrido varios cambios hasta hoy. El más polémico es la retirada del artículo 4, que contempla la eliminación y destrucción de publicaciones sin orden judicial y que fue criticado por la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) y por el abogado David Bravo, exdiputado de Podemos.

Otros de los cambios que se han introducido en el texto, en este caso de la mano de asociaciones LGTBI, son la incorporación de los hijos de familias LGTBI dentro del colectivo, la protección de las víctimas de la violencia intragénero (que ahora se encuentran en un vacío legal, según afirma Generelo) y la mayor capacidad de decisión de las personas trans para elegir las vías por las cuales van a emprender su tratamiento.

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