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Aceite de palma El consumo de aceite de palma crece un 7% en la UE, la mayoría para alimentar coches

Según los últimos datos de Oilworld los vehículos diésel consumen ya más de la mitad (51%) de todo el aceite de palma que se usa en Europa, a pesar de los daños medioambientales del cultivo de agrocombustibles.

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Trabajadores en una planta de aceite de palma en Malingping, Indonesia. REUTERS

El aceite de palma es mundialmente conocido por su uso masivo en la industria alimentaria, pero lo cierto es que la mayoría del que se importa en la Unión Europea no se utiliza para alimentar a personas, sino a coches. Según los últimos datos de Oilworld, —la consultora de referencia en los mercados de aceite—, recopilados por la organización Transport & Environment, los vehículos diésel consumen ya más de la mitad (51%) de todo el aceite de palma que se usa en Europa.

De hecho, su uso como combustible es lo que ha hecho que la compra de aceite de palma por parte de los países europeos no haya hecho más que aumentar en los últimos años. Si en 2008 se consumieron 825.000 toneladas de aceite de palma en la UE, en 2017 esa cifra alcanzó los 3,9 millones de toneladas. Sólo en el último año se ha incrementado su consumo un 7%, y el 87% de toda esa mayor producción fue a parar a la generación de biodiesel. En definitiva, el aceite de palma que se usa para fabricar galletas, chocolates, alimentos en general y productos de higiene o de belleza representa hoy por hoy el 39%; frente al 51% que se usa para la fabricación de biodiesel. El resto es usado en la generación de electricidad.

El consumo de biocombustibles a base de este aceite, y de otros procedentes de alimentos como la colza o la soja, se disparó en Europa cuando las autoridades los impulsaron como carburantes menos contaminantes que la gasolina o el gasoil tradicional. La Directiva de Energías Renovables de 2009 obligó a los estados miembros a cumplir con una cuota de al menos un 10% de energías renovables en el sector del transporte, lo que convirtió a los biocombustibles en una herramienta contra el cambio climático y en una potente industria en países como España, Italia y Países Bajos.

Pero menos de una década después, esta política medioambiental se ha revelado como un completo fracaso. Primero, porque el uso de cultivos para fabricar combustible estaba teniendo impactos importantes en el precio de los alimentos. Y segundo porque, lejos de ayudar a reducir las emisiones contaminantes, los biocombustibles a base de palma, soja o colza están resultando más nefastos para el cambio climático que los combustibles fósiles a los que pretendían sustituir.

Un estudio encargado por la Comisión Europea y publicado en abril de 2016 reflejó las altas emisiones que de forma indirecta producen algunos biocarburantes por los cambios en el uso del suelo. Como la palma se cultiva en zona de turberas y selvas, donde el suelo almacena grandes cantidades de CO2, al deforestarlos y secarlos ese CO2 termina emitiéndose a la atmósfera. Transport and Enviroment calculó que, en concreto, los agrocombustibles de palma, soja y colza terminan produciendo un 80% más de emisiones de CO2 que los combustibles tradicionales.

Por ello, la Unión Europea está tratando ahora de dar marcha atrás. El Parlamento Europeo aprobó en enero una propuesta para que el diésel hecho a base de este aceite deje de considerarse como bio o renovable, desincentivando su uso e importación. Pero para hacerse efectiva, la iniciativa necesita el visto bueno de la Comisión Europea y de los gobiernos, que ahora negocian para sacarlo adelante.

España, uno de los principales productores de biodiesel a base de aceite de palma, se ha posicionado hasta ahora abiertamente en contra de la propuesta del Europarlamento.

“Quemar aceite de palma en coches y camiones para cumplir con objetivos de energía renovable, y en definitiva climáticos, es un sinsentido. Tenemos evidencias suficientes para afirmar que hay que parar esto, y hay que pararlo ya. Confiamos en que el nuevo gobierno de Pedro Sánchez cambie la que hasta ahora ha sido la posición española en el Consejo", dice Nuria Blázquez, de Ecologistas en Acción.