“Hay ideas erróneas sobre los roles del hombre y de la mujer que se transmiten de generación en generación. La reflexión es clave, permite llegar al cambio de actitud por medio del cambio de pensamiento”, explica María José Sierra, presidenta de la asociación Ibón, fundada en 1997 en Sabiñánigo, en el prepirineo oscense, para atender a toxicómanos en el mundo rural y que desde hace tres años desarrolla un programa de intervención con maltratadores en los CIS (Centro de Inserción Social) Las Trece Rosas, de Zaragoza, y Rafael Salinas, de Huesca.

En el segundo atienden a cuatro maltratadores condenados por delitos leves a los que los jueces han impuesto medidas alternativas a la prisión, mientras que en el primero están formando el tercer grupo de 18, además de algunas atenciones individualizadas en áreas rurales. De hecho, optaron por crear los grupos al verse desbordados por la demanda individual: la plantilla se reduce a un psicólogo y un trabajador social apoyados por varios profesionales voluntarios de esas especialidades.

La demanda de estos cursos, en los que utilizan los materiales del Programa Priama de Instituciones Penitenciarias, es elevada en Aragón pese a que, en el conjunto de España, es una de las menos aplicadas por asuntos de violencia machista.

Las estadísticas oficiales de Instituciones Penitenciarias señalan que mientras los maltratadores suponen el 9% de la población reclusa masculina (4.253 de 46.826 a 30 de junio), menos del 1% de los agresores que eluden la prisión (125 de 13.462 entre enero y junio son obligados a seguir cursos de rehabilitación. Tres de cada cuatro maltratadores que eluden la cárcel (10.112 de 13.462) saldan sus cuentas con trabajos en beneficio de la comunidad, mientras que casi uno de cada cuatro (3.225) ve su pena directamente suspendida. Los agresores machistas se benefician del 60% de las suspensiones (3.225 de 5.311 de enero a junio) de condena en España.

“Ayudamos a cumplir las órdenes de alejamiento”

El programa que desarrolla Ibón, una de las ocho entidades que este año han recibido ayudas para financiar acciones contra la violencia machista de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), que destina 100.000 euros a esta finalidad, tiene tres objetivos: erradicar las conductas violentas y reducir el nivel de reincidencia, modificar los factores de riesgo dinámicos de los agresores y mejorar su funcionamiento psicológico.

El programa, “largo, de nueve meses”, incluye sesiones semanales en las que trabajan “sobre todo desde la perspectiva psicológica” con los maltratadores. “Son casos en principio leves, pero condenados a prisión, y son personas que acabarán en ella si no cumplen el programa”, señala Sierra. “Lo primero que hay que desmontar es el error por el que, en lugar de asumir la culpa, la proyectan sobre la mujer. Detrás de eso hay una carga de años en una sociedad muy machista”, anota. “También trabajamos las múltiples justificaciones que utilizan, para hacerles ver que son construcciones mentales —añade—, gestionamos la falta de autoestima, y les ayudamos a cumplir las órdenes de alejamiento con acompañamiento psicológico y orientación”.

En ese itinerario, que incluye reflexiones individuales sobre materiales audiovisuales que luego se ponen en común en cada sesión, resulta clave mejorar el control de los impulsos, cuya ausencia se ve a menudo agravada por el consumo de drogas y alcohol. “Hay una conexión estrecha entre consumo de tóxicos y maltrato, eso es algo que estamos viendo en más de la mitad de los casos”, explica Sierra. “Tienen muy claro que si beben pueden reincidir”, anota.

“Se trata de sacarlos de su engaño y hacerles comprender que las personas son libres, que ninguna es propiedad de nadie”, apunta Sierra, que considera que el centenar de personas atendidas en estos primeros tres años no son suficientes para valorar la efectividad del programa. "No obstante, de momento no hemos tenido reincidentes”, señala.

Carmen Rodríguez, trabajadora social de la Fundación Ana Bella, que trabaja con víctimas de violencia machista en Andalucía, se muestra a favor de este tipo de iniciativas, pero advierte de que sólo funcionan si el maltratador quiere rehabilitarse. "Se trata de que estén arrepentidos y tengan la actitud, de que quieran alejarse de esas conductas disruptivas”, explica.

Disrupciones cognitivas de género

Rodríguez coincide con Sierra en señalar que los maltratadores “interiorizan y naturalizan esas conductas porque nadie les ha enseñado otra cosa". "La gran mayoría de ellos ha tenido problemas de maltrato o de abandono en la infancia”, indica.

El coordinador del Máster de Igualdad de la Universidad de Zaragoza, Santiago Boira, se muestra “moderadamente optimista” ante este tipo de iniciativas. Ahora bien, añade que “lo que no se puede hacer es no hacer nada y pensar que el agresor no existe".

"Esas medidas deben ir dentro de algo más amplio como un plan integral”, recomienda. Se trata, según él, de “abordar las disrupciones cognitivas de género, el sistema de creencias”. Los maltratadores, anota, suelen manejar “pensamientos muy rígidos y patriarcales sobre qué es un hombre y una mujer”.