Una decena de asociaciones han pedido hoy la paralización de la reforma de ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo antes de su aprobación definitiva. Consideran que la reforma aprobada hoy por el Congreso para su remisión al Senado puede conculcar la autonomía legal de las mujeres e "ignora" que casi el 90 por ciento de las menores de edad que han interrumpido su embarazo lo han hecho informando a sus progenitores y estando acompañadas por ellos.

Además, dicen, pone en riesgo a un colectivo social "pequeño pero muy vulnerable", que son las jóvenes con riesgo de sufrir malos tratos o caer en la exclusión social. "Un porcentaje pequeño de mujeres pero al que se puede abocar a abortos clandestinos, desamparo e inseguridad legal", aseguran desde las asociaciones que acusan al Ejecutivo de "confundir a la opinión pública ocultando la realidad objetiva" y de no tener en cuenta las recomendaciones de los organismos internacionales.

La petición de paralización de la reforma está encabezada por la Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE) y la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas). Y recuerdan, en una nota de prensa, que Sespas está integrada por las sociedades de salud pública de Cataluña y Baleares (Sspcib), Madrid (Amasap), Andalucía (Hipatia/SASPAS) y Canarias.

Además, forman parte de la misma la Sociedad Española de Sanidad Ambiental (SESA), la Sociedad Española de Epidemiología Psiquiátrica (SEEP), la Asociación Economía de la Salud (AES), la Red Española de Atención Primaria (REAP) y la Sociedad Española de Epidemiología (SEE). Las citadas sociedades médicas y de salud exigen que se implemente la estrategia de salud sexual y reproductiva vigente, con énfasis en la formación en educación sexual del profesorado, mejor acceso a los dispositivos de salud sexual y reproductiva y planificación familiar y una mayor financiación de los anticonceptivos más seguros y fiables.