Publicado: 09.12.2015 11:07 |Actualizado: 09.12.2015 11:07

Defensora de derechos sexuales, un oficio de riesgo en América Latina

Estigmatización, criminalización y amenazas son algunos de los riesgos que asumen estas mujeres, las cuales denuncian que, en muchos casos, son los grupos fundamentalistas quienes crean campañas de difamación, situación ante la cual ni las autoridades ni el poder judicial actúan.

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Manifestación protagonizada por defensoras de derechos sexuales de la mujer

Manifestación protagonizada por defensoras de derechos sexuales de la mujer

MÉXICO.- Estigmatización, criminalización y amenazas son algunos de los riesgos para las defensoras de derechos sexuales y reproductivos de Latinoamérica, la región del mundo con más países que prohíben totalmente el aborto, según un informe publicado hoy por Amnistía Internacional (AI).

"La región de América Latina y el Caribe se enfrenta a un contexto muy adverso en la defensa de los derechos humanos en general y particularmente los derechos sexuales y reproductivos", afirmó hoy la directora de AI para América, Erika Guevara.



Guevara recordó que la región cuenta "con los índices más altos de mortalidad materna", "con un índice elevadísimo de embarazo en niñas y adolescentes" y "con el aborto clandestino como la tercer causa de muerte materna".

Actualmente los países del mundo que mantienen una prohibición legal absoluta del aborto son El Salvador, Chile, Nicaragua, Honduras, Haití, República Dominicana y Surinam en América Latina, y solo Malta y El Vaticano en el resto del planeta.

En ese contexto, las activistas latinoamericanas "reciben la consecuencias de hacer su labor, consecuencias graves para su integridad física, ataques, estigmatización, criminalización", denunció.

Guevara consideró la cuestión "realmente alarmante", también porque "el mayor índice de homicidios de defensores de derechos humanos se perpetúan este región del mundo, que de por sí es la más violenta" del globo.

Reconoció que "ha habido ciertos avances significativos sobre el tema del acceso a servicios legales y seguros del aborto", como en Uruguay y Ciudad de México, donde "se ha despenalizado totalmente el aborto a las doce semanas del embarazo en todas circunstancia", o en de Colombia, que permite el aborto "en ciertas circunstancias".

Sin embargo, "vemos un gran retroceso en el ejercicio de los derechos particularmente de comunidades", que son marginadas por "su situación de pobreza" o por ser "pueblos indígenas" o "afrodescendientes", lamentó.

En la presentación del informe, titulado "¡Defensoras bajo ataque! Promoviendo los derechos sexuales y reproductivos en las Américas" y que ha contado con la colaboración de varias ONG, participaron representantes de esas organizaciones en El Salvador y México.

El estudio, basado más en datos cualitativos que cuantitativos porque no existen estadísticas oficiales sobre la situación de las defensoras de esos derechos, presenta por ejemplo el caso de la salvadoreña Sara García, representante de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto.

"Estamos luchando para que exista una legislación que permita que las mujeres puedan interrumpir su embarazo cuando su vida, su salud está en riesgo" en "el país que más criminaliza a las mujeres", denunció hoy García.

En la nación centroamericana, 17 mujeres están actualmente en prisión acusadas de haberse inducido abortos.

"Se les ha procesado primero por aborto y luego por homicidio agravado", lo cual es una "injusticia" porque "viven en situación de pobreza, no han tenido acceso a un sistema de salud que les garantice la vida y el servicio que necesitan", se queja.

Según García, "grupos fundamentalistas han creado unas campañas de difamación contra las defensoras" en las que se las llega a calificar de "apologistas del delito", "homicidas" e incluso "terroristas", lo cual "va generando estigmas".

Las campañas se realizan "a través de las redes sociales", de "los diarios de mayor circulación" o de "la recogida de firmas, promoviendo odio", relató.

García añadió que estas acciones, que acaban provocando la "muerte civil" de algunas organizaciones, "van en contra de la democracia y de la pluralidad de pensamiento".

En el acto, la mexicana Sandra Peniche, de la organización Servicios Humanitarios de Salud sexual y Reproductiva (Yucatán, sudeste), consideró que existe "una simulación" de las autoridades para hacer ver que atiende estas cuestiones, pero "en realidad obstaculizan y amenazan" a los activistas.

Por su parte, la investigadora de AI Ariadna Tovar se refirió a casos en los que el propio sistema judicial de los países actúa contra las defensoras de esos derechos, como en Perú y en Paraguay.

En mayo pasado, la directora ejecutiva de la asociación peruana Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex) fue citada a declarar por la fiscalía de su país a raíz de una denuncia en la que se le acusaba de "apología del aborto" por la publicación de un libro que no escribió.

También este año integrantes de la sección paraguaya del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) fueron objeto de hostigamiento e intimidación por el apoyo que brindaron a una niña de 10 años, de nombre Mainumby, que resultó embarazada por los abusos de su padrastro.