Las demandas presentadas por la Tesorería General de la Seguridad Social en diferentes juzgados contra el modelo laboral de Deliveroo comienzan a resolverse. Una sentencia del juzgado de lo Social número 5 de Valencia determina que 97 riders de la empresa de reparto son empleados y no autónomos, siendo esta la primera gran victoria colectiva de los trabajadores de la plataforma, tal y como han  informado este jueves los colectivos Riders x Drets e Intersindical Valenciana.

El año pasado, Víctor Sánchez se convirtió en el primer trabajador en España en conseguir una sentencia firme contra Deliveroo, después de que el juzgado de lo Social número 6 de València declarara "improcedente" su despido. Deliveroo aceptó entonces el fallo que cuestionó por primera vez la legalidad del modelo de negocio de la plataforma de reparto al sostener que los riders son falsos autónomos.

Ahora, Montserrat Carballo de la Cruz, la magistrada titular del juzgado de lo Social número 5 de València reconoce la relación contractual existente entre Roodfoods Spain S.L.U., sociedad titular de Deliveroo, y los 97 trabajadores de la ciudad del Turia. En este sentido, la sentencia afirma que los trabajadores "prestan sus servicios personales, insertos en la organización empresarial a la que pertenecen los medios de producción conforme a los criterios y repartos que la misma establece y asigna, percibiendo la remuneración, que asimismo establece la empresa", según el texto al que ha tenido acceso Público.

La jueza acredita que "la empresa conocía en todo momento la geolocalización de los riders mediante un sistema de posicionamiento, así como los kilómetros realizados, que inicialmente se tomaban en cuenta en la factura y si se desmoronaban, la empresa les pedía explicaciones o les llamaba". 

"Se pretende que el rider es libre o no de aceptar un pedido sin consecuencias desfavorables, pero ha quedado acreditado que la aplicación valora el servicio de los rider con distintas métricas, lo que obviamente será tomado en consideración por los algoritmos de asignación de pedidos", explica la titular. Asimismo, estima que "si los riders rechazaban los pedidos, en la semana siguiente las horas asignadas o pedidos entrantes descendían".

De esta manera, Deliveroo es quien determina los pedidos y los horarios de los trabajadores, y no los propios empleados, pese a estar reconocidos y tributar como autónomos. "Cualquier ausencia debía ser comunicada, al menos, con 48 horas de antelación y ser aprobada por la empresa", añade.

Varias demandas pendientes de resolución

El fallo, hecho público este jueves, responde a la demanda presentada en abril de 2018 por la Seguridad Social contra Deliveroo a raíz de una notificación de la Inspección de Trabajo. El organismo estatal reclamó más de 160.000 euros por las cuotas de la Seguridad Social dejadas de ingresar por la empresa. Más tarde, la Inspección de Trabajo en Madrid, Barcelona, Alicante y Zaragoza, entre otras ciudades, hizo lo propio en los diferentes juzgados.

El Juzgado de lo Social número 29 de Madrid será el siguiente en pronunciarse sobre si estos trabajadores deben ser asalariados y no empleados autónomos de la multinacional británica, ya que el juicio, que afecta a más de 500 repartidores de la región, quedó visto para sentencia el pasado 31 de mayo. 

El modelo laboral de Glovo, también impugnado 

El modelo laboral de Glovo también ha sido impugnado ante los tribunales. En este caso, varias sentencias han determinado que repartidores de la compañía tenían una "relación laboral" constatada con la empresa, ordenando la readmisión de los mismos. 

Esta plataforma digital también está envuelta en la polémica después de que un trabajador muriera al ser arrollado por un camión de la basura mientras repartía. El joven, de 23 años, "no era colaborador" de Glovo, aunque llevaba su mochila. Su muerte desató las protestas por la precariedad del sector.

Y es que Glovo, Deliveroo y Uber Eats siguen operando sin una regulación que garantice los derechos de sus trabajadores. Asimismo, teniendo en cuenta que el número de empleados del sector ronda los 17.000, UGT calcula que la Seguridad Social deja de ingresar unos 93 millones al año por esta situación, cifras que estima que se multiplicarán por tres en 2020.