MADRID.- La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales ha cifrado este miércoles en 5.000 millones de euros los recortes de los servicios sociales acumulados en los tres últimos años, de los cuales 2.000 millones corresponden a la Administración General del Estado.

El presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, indica en un comunicado que esta es la realidad a la que se enfrenta el Ministerio de Sanidad en la última reunión del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia de la actual legislatura, que se celebra este miércoles.

Entre "recortes" que se han producido en esta legislatura por parte del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la asociación destaca la reducción del 67% del crédito para el Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales.

Asimismo, lamenta la supresión del nivel acordado de financiación de la ley de dependencia y la reducción en un 13% del nivel mínimo, lo que ha supuesto "un grave perjuicio" para las comunidades autónomas, que gestionan el sistema.

Esta entidad también recuerda la eliminación de la partida para teleasistencia domiciliaria o la reforma local que genera "un escenario de inseguridad" para los servicios sociales de las entidades locales, al declarar impropios muchos de ellos.

Según la asociación, el sistema de atención a la dependencia ha finalizado su implantación en 2015 con la incorporación de los dependientes moderados, sin capacidad para atender a 421.335 personas, el 36% de las que tienen reconocido el derecho.

Este colectivo precisa que, a fecha de hoy, hay más de 100.000 personas en lista de espera que al comienzo de la legislatura y más de 115.000 dependientes fallecieron sin haber recibido la prestación o servicio que tenían reconocidos. Asegura además que, en la última reunión del Consejo Territorial de esta legislatura, el ministerio no podrá aprobar el informe sobre el cumplimiento de las previsiones económicas de la ley de dependencia, ni la propuesta para la atención sociosanitaria, ni la evaluación anual de 2014 del sistema de atención a la dependencia, ya todo ello ha sido retirado del orden del día por la oposición de las comunidades autónomas y del consejo consultivo.