Alrededor de 200 personas serán desalojadas este lunes de los dos bloques de viviendas que llevan 'okupando' más de ochos años en la localidad madrileña de Majadahonda. Se trata de 27 familias con unos 30 menores y varios enfermos graves que, según afirman, no tienen ninguna alternativa habitacional ni medios económicos para alquilar una vivienda a precio de mercado.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de la localidad ordenó el desalojo de estas personas hace pocas semanas tras una denuncia de los dueños, herederos de un constructor fallecido que no cumplió con la normativa urbanística. Según explica el Ayuntamiento de la localidad, los bloques, conocidos como "las casas rojas", situados en la calle Neptuno 6 y 8, se empezaron a construir en plena burbuja del ladrillo, pero nunca se le concedió licencia de habitabilidad a las viviendas por sobrepasar el número máximo de alturas que dicta el Plan General de Ordenación Urbana del municipio. Nunca pudieron ponerse a la venta y quedaron vacías.

"Llevamos instalados aquí ocho años", asegura Diego Fernández, uno de los primeros okupas. Ha vivido en Majadahonda 17 años y tiene nacionalidad peruana y española. Vive en una de estas viviendas con su mujer, sus dos hijas y una nieta, y relata que, tras varios años en la localidad, se quedó sin posibilidad de hacer frente al pago de una hipoteca o un alquiler. "Me enteré de que estas casas estaban vacías y me instalé aquí con mi familia", afirma por teléfono. Cuando llegó, el bloque estaba ocupado por "gitanos y yonkis", pero poco a poco fue "metiendo en las casas a conocidos y familias que estaban en mi situación, con problemas económicos o desahuciados", explica.

"Las llaves estaban aquí", recuerda. Limpiaron las viviendas, pintaron las pareces, arreglaron puertas y ventanas y así fue creciendo lo que denomina como "una comunidad de vecinos organizada", aunque no tiene electricidad y recogen agua potable de las fuentes municipales. "Hay de todo: españoles, latinos, gente normal que no tiene trabajo o que hace chapuzas", relata, mientras hace hincapié en que, si no se paraliza el desalojo, 30 menores y varios enfermos graves (uno de ellos sufre un tumor cerebral, otro, leucemia) se quedarán en la calle. "Nunca hemos tenido problemas con los vecinos ni con nadie de aquí", remacha, y niega los rumores que aseguran que se está haciendo negocio con la gente que ha ido llegando a los bloques.

Situación de "emergencia social" 

Afirma que ha tenido tres intentos de desalojo por parte del Ayuntamiento, aunque en esta ocasión, la denuncia viene por parte de los propietarios, con los que han intentado contactar sin éxito para "llegar a un acuerdo y negociar un alquiler social". "No tenemos otro sitio al que ir. Si nos sacan nos iremos a la calle. Es una situación de emergencia social y ni el Ayuntamiento ni Servicios sociales dan una solución", explica.

Desde el consistorio aseguran la orden la ha dictado un juez a instancias del propietario y que su prioridad es "atender lo mejor posible a los menores", pero descarta que se vayan a dar viviendas sociales a estas familias porque no son las únicas de la localidad que las han solicitado.

Los okupas cuentan con apoyo de colectivos por el derechoa  al vivienda de Madrid y de varios grupos de la oposición, como Izquierda Unida, Somos Majadahonda o parte del PSOE, que piden al alcalde, Narciso de Foxá (PP), que medie para que el juzgado retrase el desalojo hasta que se pueda dar una solución a esta situación de "emergencia social".

"Son la mayoría familias con un perfil de alto riesgo de caer en exclusión social. La gran mayoría tendría problemas para conseguir un alquiler en mercado privado y se trata de una situación precipitada por ocho años de dejadez total del Ayuntamiento en sus competencias", explica el concejal de Somos Majadahonda, Patricio Mackey, que denuncia el "déficit en políticas de vivienda pública" en la localidad. "No hay vivienda de emergencia social en Majadahonda para situaciones como ésta". Según explica, las únicas soluciones que ha dado el Ayuntamiento a estas familias pasan por alojar durante 15 días en un hostal a "siete familias con niños y un expediente abierto en Servicios Sociales". "Lo que nos preocupa es llegar a la situación de desalojo del lunes sin medios para afrontarla. Por eso pedimos una moratoria de unos meses para buscar una solución que no sea improvisación", añade el concejal.

Al mismo tiempo, tanto Somos Majadahonda como los propios afectados recuerdan que el Ayuntamiento impuso una sanción de más de 600.000 euros al constructor de los bloques por incumplir la normativa en 2010, pero que no se ha reclamado. "La última información que nos dio el respecto el área de Tesorería municipal es que la sanción podría haber prescrito", asegura este concejal.