Las áreas protegidas se han convertido en un arma de doble filo. Cumplen su función, la de restringir las construcciones en entornos naturales y preservar la biodiversidad, pero también se han convertido en un elemento de atracción importante para el urbanismo. Si bien, las construcciones en estos entornos son anecdóticas por las restricciones de las leyes españolas, los anillos que rodean estas zonas sufren cada vez una mayor presión residencial.

Tanto es asi que en los últimos 30 años se ha duplicado el suelo urbano asentado –nuevas construcciones– en las fronteras que separan los espacios protegidos de los espacios urbanizables, según una publicación realizada por investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid, la Université Grenoble Alpes y la Universidad de Jaén. Si en 1990 había 644 km² construidos en estos anillos, en 2018 la expansión urbanística frente a las reservas naturales españolas llegaba a los 1.082 km², tal y como reflejan los resultados publicados en la revista Global Environmental Change. 

"Las áreas protegidas son una herramienta importante para proteger la biodiversidad", dice a Público Alberto González-García, coautor de la investigación. En España, algo más del 36% del territorio está salvaguardado por las normativas ambientales, sin embargo, estos mecanismos tienen ciertas limitaciones en su efectividad. "Una vez que se declara un área como protegida, el entorno se revaloriza", apunta. Los márgenes de lo verde se pervierten atrayendo hacia sí nuevos núcleos poblacionales.

El estudio realizado sobre la geografía española distingue tres áreas protegidas en función de su incidencia en los procesos de urbanización: parques de montaña, parques urbanos próximos y parques de la Comunidad de Madrid. Este último no se puede equiparar a ningún otro entorno de España, al poseer rasgos propios de la cercanía a una megaciudad que tienen zonas como la Sierra de Guadarrama. 

En líneas generales, el incremento de la presión urbanística alrededor de las áreas protegidas se explica por "la proximidad a las ciudades y carreteras", dice González-García. Es decir, las conexiones facilitan el desarrollo urbano, pero también hay un elemento social importante que tiene que ver con el nivel adquisitivo de estos núcleos poblacionales que crecen parejos a las zonas verdes de España.

"Se vinculan mucho con la clase media-alta. Vemos que los municipios y las zonas urbanizadas próximas a las áreas protegidas tienden a un incremento del Producto Interior Bruto (PIB)", expone el investigador. "Es algo que hemos visto en Madrid, en zonas como Manzanares el Real o Soto, donde este patrón urbanístico se vincula a un desarrollo económico elevado y a un perfil de habitante específico que tiene en estas zonas su vivienda habitual o su segunda residencia para el fin de semana".

El desarrollo urbano tiene consecuencias que van más allá de la presión sobre los ecosistemas protegidos. Hay cambios económicos derivados a la expansión y se observa como en algunas zonas se terciariza la economía y se desplazan las actividades tradicionales, como la agricultura o la ganadería. "Hay un efecto llamada sobre todo en las áreas naturales más urbanas, ya que se presentan dentro de un estilo de vida más deseable", comenta González-García.